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30/05/14 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Aprueban el “Reglamento de Conciliación del Centro de Conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud” RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 071-2014-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD/CD Lima, 16 de mayo de 2014 VISTOS: El Informe Técnico del Centro de Conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud e Informe Jurídico N° 0025-2014-Superintendencia Nacional de Salud/ OGAJ; y CONSIDERANDO: Que, mediante el artículo 9° de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, se crea la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA) como el organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, encargada de registrar, autorizar, supervisar y regular a las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), así como supervisar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en el ámbito de su competencia; Que, con fecha 6 de diciembre de 2013 se publicó el Decreto Legislativo N° 1158, “Ley que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud”; cuyo artículo 8° establece como una de las funciones de la Superintendencia: “(…) promover los mecanismos de conciliación y arbitraje para la solución de los confl ictos suscitados entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Salud”; Que, el Decreto Legislativo N° 1158 establece en su artículo 30° que la conciliación se desarrollará en el marco de la Ley de Conciliación, Decreto Legislativo N° 1070, y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 014-2008- JUS, modifi cado por Decreto Supremo Nº 006-2010-JUS, así como en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en su calidad de ente rector de la conciliación; Que, respecto al Registro Nacional Único de Centros de Conciliación, el artículo 54° del Reglamento de la Ley Conciliación establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene a su cargo el Registro Nacional Único de Centros de Conciliación; registro donde consta “(…) la información general del Centro de Conciliación relativa a denominación, dirección, teléfono, nombre de los representantes, directivos, conciliadores, abogados, horarios, tarifario, información de contacto, entre otros; asimismo su situación actual, actividades y funciones que realice en benefi cio de las facultades conferidas a propósito de su autorización”; Que, cumpliendo con lo establecido en la norma precedente, con fecha 27 de diciembre de 2013, el Centro de Conciliación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud – SUNASA presentó la solicitud de cambio de denominación ante la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Confl ictos - DCMA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS; Que, con fecha 7 de enero de 2014, mediante Resolución Directoral N° 040-2014-JUS/DGDP-DCMA la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Confl ictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos autoriza el cambio de denominación del CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD – SUNASA, denominándose en adelante CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, con sede en la ciudad de Lima; Que, se encuentra pendiente por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la autorización para el funcionamiento válido del Centro de Conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo al formato tipo aprobado por el MINJUS regulado en el artículo 47° del Reglamento de la Ley de Conciliación; Que, mediante el Informe N° 00018-2014/CCA del 16 de abril de 2014, el Centro de Conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud ha justifi cado la necesidad de dejar sin efecto el actual Reglamento de Conciliación aprobado por Resolución de Superintendencia N°056-2008-SEPS/CD de fecha 17 de Octubre de 2008, que fue publicado en “El Peruano” el 31 de Octubre de 2008, así como aprobar el presente Reglamento de Conciliación, a fi n de adecuar su funcionamiento y ejercer la función conciliadora de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1070 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°014-2008-JUS, modifi cado por Decreto Supremo N°006-2010-JUS, documento con cuya aprobación preliminar podrá recabarse la aprobación del órgano rector; Que, el Informe Técnico que forma parte integrante del citado Informe N°0018-2014/CCA, fundamenta y considera que el proyecto de Reglamento de Conciliación se encuentra dentro de las excepciones a la publicación de los proyectos de normas contenida en el numeral 3.2 del artículo 14° del Decreto Supremo N°001-2009-JUS, Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos, difusión de normas legales de carácter general; Que, el numeral 10 del artículo 19° del Decreto Legislativo N°1158, establece que es función del Consejo Directivo aprobar los reglamentos a propuesta del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia para su funcionamiento, asimismo el literal b) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo N°009-2011-SA, señala que son funciones del CECONAR, proponer los Reglamentos de Funcionamiento del CECONAR para aprobación por el Consejo Directivo de la SUNASA; Que, acorde con lo señalado en el inciso l) del artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Decreto Supremo N° 009- 2011-SA, corresponde al Consejo Directivo aprobar el Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la SUNASA y las nomas que se requieran para la implementación del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje en materia de Salud, con alcance nacional, a propuesta del Centro, en el marco de la normatividad vigente; Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión N°009-2014-CD de fecha 13 de Mayo de 2014; SE RESUELVE: Artículo 1°.- Aprobar el “Reglamento de Conciliación del Centro de Conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud”, con la estructura establecida en el Anexo 1 adjunto a la presente Resolución, para ser elevado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para continuar los trámites de su aprobación. Artículo 2°.- Derogar la Resolución de Superintendencia N°056-2008-SEPS/CD de fecha 17 de Octubre de 2008. Artículo 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano. Artículo 4°.- Ordenar la publicación de la presente Resolución de Superintendencia en el Diario Ofi cial El Peruano, disponiendo que la norma que se apruebe en la misma se publique en el portal electrónico de la Superintendencia Nacional de Salud en la siguiente dirección electrónica: hppt://www.sunasa.gob.pe Regístrese, comuníquese y publíquese. FLOR DE MARÍA PHILIPPS CUBA Superintendente 1088863-1 Continue reading
29/05/14 Aprueban Circular referente a la publicación de la composición específica de la cartera administrada por las Administradoras Privadas de Fondos de PensionesCIRCULAR N° AFP-137- 2014 Lima, 28 de mayo de 2014 CIRCULAR N° AFP-137- 2014 --------------------------------------------- Ref.: Publicación de la composición específi ca de la cartera administrada ---------------------------------------------- Señor Gerente General: Sírvase tomar conocimiento que, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 349° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702, en los incisos a), i) y r) del artículo 57° del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 054-97-EF, en adelante TUO de la Ley, y la Tercera Disposición Final y Transitoria del Reglamento del TUO de la Ley, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-98-EF y sus modifi catorias, la Superintendencia dispone lo siguiente, a cuyo efecto su publicación se sujeta a lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 14º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS: 1. Alcance La presente circular aplica a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, en adelante AFP. 2. Información sobre la composición de la cartera administrada En el marco de lo dispuesto por el literal r) del artículo 57° del TUO de la Ley, la Superintendencia publica en su página web la composición específi ca de la cartera administrada, según tipo de fondo administrado y su rendimiento con una antigüedad de cuatro (4) meses, de acuerdo a guías y formatos remitidos a la AFP mediante ofi cio múltiple. 3. Obligación de difusión por parte de la AFP Una vez que la Superintendencia haya dispuesto la publicación de la información contenida en el numeral 2, la AFP debe publicar, con la periodicidad y en el día que se le indique en el citado ofi cio múltiple, la información que corresponde a su cartera administrada en su portal web. La primera información a publicar será al 31 de marzo del 2014. 4. Procesos operativos La Superintendencia determinará en el mencionado ofi cio múltiple, los detalles operativos para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente circular. 5. Vigencia La presente circular entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”. Atentamente, DANIEL SCHYDLOWSKY ROSENBERG Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 1089418-1 Continue reading
29/05/14 LEY Nº 30201 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES JUDICIALES MOROSOS Artículo 1. Creación del Registro de Deudores Judiciales Morosos Créase, en el órgano de gobierno del Poder Judicial, el Registro de Deudores Judiciales Morosos, en el que se inscribe, a solicitud del ejecutante, el incumplimiento de las acreencias originadas en resoluciones fi rmes, que declaran el estado de deudor judicial moroso en aplicación de los artículos 594 y 692-A, del Código Procesal Civil. Artículo 2. Gratuidad y publicidad del registro El acceso a la información del Registro de Deudores Judiciales Morosos es de carácter público y gratuito, a través del portal web institucional del Poder Judicial. Artículo 3. Vigencia de la inscripción El registro de estado de deudor judicial moroso tiene vigencia hasta la extinción de la obligación por cualquiera de las modalidades previstas en el Código Civil, en cuyo caso el juzgado de origen ofi cia al órgano de gobierno del Poder Judicial, solicitando la cancelación de la inscripción en dicho registro, bajo responsabilidad. El registro permanece vigente en caso de que el ejecutado sea declarado deudor judicial moroso en otro proceso. Extinguida la obligación conforme a las modalidades establecidas en el primer párrafo, la inscripción queda sin efecto de pleno derecho, debiendo el Poder Judicial, a pedido de cualquier persona, proceder a su cancelación dentro del plazo de siete días calendario de presentada la solicitud, bajo responsabilidad. Artículo 4. Exclusión No se encuentran bajo el ámbito del referido registro las obligaciones derivadas de procesos judiciales contra el Estado. Artículo 5. Modifi cación de los artículos 594 y 692- A del Código Procesal Civil Modifícanse los artículos 594 y 692-A del Código Procesal Civil, en los términos siguientes: “Sentencia con condena de futuro.- Artículo 594.- El desalojo puede demandarse antes del vencimiento del plazo para restituir el bien. Sin embargo, de ampararse la demanda, el lanzamiento sólo puede ejecutarse luego de seis días de vencido el plazo. Si el emplazado se allanara a la demanda y al vencimiento del plazo pusiera el bien a disposición del demandante, éste deberá pagar las costas y costos del proceso. En los contratos de arrendamiento de inmuebles, con fi rmas legalizadas ante notario público o juez de paz, en aquellos lugares donde no haya notario público, que contengan una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario, para la restitución del bien por conclusión del contrato o por resolución del mismo por falta de pago conforme a lo establecido en el artículo 1697 del Código Civil, el Juez notifi ca la demanda al arrendatario para que, dentro del plazo de seis días, acredite la vigencia del contrato de arrendamiento o la cancelación del alquiler adeudado. Vencido el plazo establecido sin que se acredite lo señalado en el párrafo anterior, el Juez ordena el lanzamiento en quince días hábiles, de conformidad con el artículo 593 del Código Procesal Civil. Es competente para conocer la solicitud de restitución del inmueble, en contratos con cláusulas de allanamiento, el Juez del lugar donde se encuentra el bien materia del contrato. La deuda del arrendatario judicialmente reconocida origina la inscripción del demandado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos.” “Artículo 692-A.- Señalamiento de bien libre y procedimiento de declaración de deudor judicial moroso Si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda llevar adelante la ejecución en primera instancia, el ejecutante desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, aquel solicitará que se requiera a este para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla el mandato de pago, bajo apercibimiento establecido por el juez, de declarársele deudor judicial moroso e inscribirse dicho estado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos, a solicitud del ejecutante. El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de aplicación en la etapa procesal de ejecución forzada de sentencia derivada de un proceso de conocimiento, abreviado o sumarísimo.” Artículo 6. Modifi cación de los artículos 34, 50 y 97 de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal Modifícanse el párrafo 34.2 del artículo 34, el párrafo 50.5 del artículo 50 y el párrafo 97.4 del artículo 97 de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, en los términos siguientes: “Artículo 34.- Apersonamiento de acreedores al procedimiento (…) 34.2 Igual derecho corresponde al acreedor cuyo crédito dio lugar a la declaración de situación de concurso, en cuyo caso los créditos correspondientes serán reconocidos de ofi cio por la Comisión. (…)” “Artículo 50.- Instalación de la Junta de Acreedores (…) 50.5 En caso de que la disolución y liquidación del deudor se haya iniciado en aplicación de los supuestos previstos en el literal b) del párrafo 24.2 del artículo 24 y en el párrafo 28.4 del artículo 28, la Junta se desarrollará en el lugar, día y hora señalados en única convocatoria. La Junta se podrá instalar con la asistencia de cualquier acreedor reconocido y los acuerdos se adoptarán con el voto favorable del acreedor o acreedores que representen créditos superiores al 50% de los créditos asistentes a la Junta de Acreedores. (…)” “Artículo 97.- Nombramiento del liquidador y aprobación del Convenio de Liquidación (…) 97.4 En el caso de que dicha Junta no se instale o instalándose no adopte el acuerdo pertinente a la liquidación, la Comisión podrá designar, de ofi cio, al liquidador responsable, previa aceptación de este. Si no hay liquidador interesado, renuncia el designado por la Comisión o queda sin efecto su designación de conformidad con el párrafo 120.5 del artículo 120, se dará por concluido el proceso. (…)” DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES PRIMERA. Vigencia La presente Ley entra en vigencia a los cuarenta y cinco días hábiles de su publicación. SEGUNDA. Reglamentación El Poder Ejecutivo reglamenta la presente Ley dentro de los treinta días hábiles de su entrada en vigencia. TERCERA. Unifi cación de registros El Poder Judicial unifi ca el Registro de Deudores Judiciales Morosos con otros registros que administre el referido poder del Estado. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS PRIMERA. Aplicación de la norma en el tiempo A la entrada en vigencia de la presente Ley, la modifi catoria establecida en el artículo 5 se aplicará inmediatamente a los procesos judiciales en los cuales aún no se haya requerido al deudor ejecutado el señalamiento de bienes libres o parcialmente gravados con cuya realización se cumpla la obligación puesta a cobro. SEGUNDA. Procedimientos concursales en trámite Los procedimientos concursales iniciados por mandato judicial en aplicación del artículo 692-A del Código Procesal Civil, antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, se seguirán tramitando conforme a la normativa vigente a la fecha que fueron iniciados. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA ÚNICA. Disposición derogatoria Deróganse los artículos 30 y 31 y el numeral 36.2 del artículo 36 de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal. Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación. En Lima, a los siete días del mes de mayo de dos mil catorce. FREDY OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Congreso de la República LUIS IBERICO NÚÑEZ Segundo Vicepresidente del Congreso de la República AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil catorce. OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la República RENÉ CORNEJO DÍAZ Presidente del Consejo de Ministros 1088754-2 Continue reading
28/05/14 PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA,LEY Nº 30200 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE PROMUEVE EL AUXILIO OPORTUNO AL PÚBLICO EN LOS CENTROS COMERCIALES Artículo 1. Objeto de la Ley El objeto de la presente Ley es promover el auxilio oportuno de las personas en los establecimientos comerciales abiertos al público, que se encuentren en circunstancia de una condición repentina o inesperada que requieran atención inmediata al poner en peligro inminente su vida. Artículo 2. Ámbito de aplicación La presente Ley protege al consumidor que se encuentra directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a esta. Artículo 3. Primeros auxilios Todo proveedor debe contar con un botiquín de primeros auxilios para atender las emergencias que se presenten en la salud de los consumidores que ingresan a su establecimiento abierto al público. Artículo 4. Centros comerciales Los centros comerciales, además del botiquín de primeros auxilios, deben contar con un espacio adecuado para dar los primeros auxilios y estar dotado con: a) Equipamiento y medicamentos que establece el reglamento de la presente Ley. b) Un sistema de comunicación interna de alerta de la emergencia. c) Un servicio de ambulancia para el traslado de pacientes que por su patología ameriten el traslado al establecimiento de salud más cercano. El reglamento establece las condiciones, los supuestos, la colocación de carteles instructivos, la utilización de maniobras, así como el tipo de personal capacitado en atención de la emergencia y los primeros auxilios acorde a las normas del sector salud y las demás especifi caciones para el cumplimiento de la obligación señalada en el presente artículo. Artículo 5. Sanciones La inobservancia de la presente Ley es sancionada bajo las normas del Título V, sobre responsabilidad y sanciones, de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Artículo 6. Reglamento En el plazo de 90 días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo expide las disposiciones reglamentarias. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL ÚNICA. Defi nición de establecimiento comercial abierto al público Para los efectos de la presente Ley se entiende como establecimiento comercial abierto al público al inmueble, parte del mismo o una instalación o construcción en el que un proveedor debidamente identifi cado desarrolla sus actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios a los consumidores. Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación. En Lima, a los siete días del mes de mayo de dos mil catorce. FREDY OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Congreso de la República LUIS IBERICO NÚÑEZ Segundo Vicepresidente del Congreso de la República AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil catorce. OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la República RENÉ CORNEJO DÍAZ Presidente del Consejo de Ministros 1088754-1 Continue reading
27/05/14 Acuerdo de Sala Plena sobre los supuestos en los que el Tribunal dispone declarar no ha lugar, inicio del procedimiento, o archivo del expediente, en los procedimientos administrativos sancionadores sometidos a opinión de las salas ACUERDO Nº 017/201302.12.2013 En la SESIÓN Nº 006/ 2013 de fecha 02 de diciembre del 2013, los vocales integrantes del Tribunal de Contrataciones del Estado, acordaron por unanimidad: ACUERDO DE SALA PLENA SOBRE LOS SUPUESTOS EN LOS QUE EL TRIBUNAL DISPONE DECLARAR NO HA LUGAR, INICIO DEL PROCEDIMIENTO, O ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES SOMETIDOS A OPINIÓN DE LAS SALAS I. ANTECEDENTES Mediante la Ley Nº 29873 y el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF (normas vigentes desde el 20 de setiembre de 2012), respectivamente, se modifi caron el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la Ley), y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante el Reglamento). En este contexto, con las normas dictadas, las reglas de tramitación de los expedientes referidos a procedimientos administrativos sancionadores han variado, por lo que resulta necesario que este Tribunal establezca criterios de interpretación uniformes respecto de las normas que regulan el alcance de sus decisiones, cuando un expediente le es sometido a su conocimiento para que se pronuncie respecto del inicio o no del procedimiento administrativo sancionador. II. MARCO LEGAL De conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Reglamento, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, tramita los procedimientos administrativos sancionadores, bajo las siguientes reglas: 1. Para efectuar las indagaciones previas al inicio del procedimiento sancionador, el Tribunal tendrá un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados desde la fecha de presentación de la denuncia o de la subsanación correspondiente o de emitido el decreto por el que previamente se le solicita al denunciante o la Entidad la documentación sustentatoria. En este último supuesto, el Tribunal tiene un plazo máximo de cinco (05) días hábiles siguientes de admitida la denuncia para requerir la documentación sustentatoria. Vencido el indicado plazo para las indagaciones previas, deberá remitirse el expediente a la Sala correspondiente, dentro de un plazo no mayor de los quince (15) días hábiles siguientes. 2. Las Entidades están obligadas a remitir la información adicional que se indica en el numeral precedente, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de notifi cada. En el caso que, como consecuencia de la omisión de la Entidad en remitir la información solicitada, no sea posible iniciar el procedimiento sancionador, se procederá al archivo del expediente, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad y se hará de conocimiento al Órgano de Control Institucional o, en su defecto, a la Contraloría General de la República. 3. El Tribunal dispondrá el inicio del procedimiento sancionador sólo si determina que cuenta con elementos sufi cientes para tal efecto. (…)”. III. ANÁLISIS 1. Según se aprecia en las normas citadas, cuando se recibe una denuncia en la cual se pone de manifi esto alguna infracción cometida por un proveedor, participante, postor, contratista, experto independiente o árbitro, que se enmarca en lo previsto por el artículo 51 de la Ley, el Tribunal cuenta con plazos perentorios para efectuar indagaciones previas que permitan determinar la pertinencia del inicio de un procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, son las Salas del Tribunal las que, sobre la base de la información obtenida en los plazos indicados, debe emitir el pronunciamiento correspondiente. Sin embargo, el Tribunal solo puede disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador cuando cuenta con los elementos sufi cientes para tal efecto; pues de lo contrario se encontrará imposibilitado de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 2. Ahora bien, las denuncias sobre infracciones previstas en el artículo 51° de la Ley pueden provenir de las propias Entidades o de Terceros, para lo cual se requiere que éstas acompañen el sustento de las imputaciones que realizan. Ello sin perjuicio que el Tribunal requiera a cualquiera de ellos u otros terceros la información necesaria para corroborar los hechos que las sustentan. En caso que dichos requerimientos sean efectuados a la Entidad que desarrolló el proceso de selección y/o contratación, ésta tiene la obligación de remitir la información solicitada en el plazo que para el efecto se le otorgue. En el supuesto que el Tribunal no cuente con evidencia sufi ciente para disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador se debe acordar el archivo del expediente. Si dicha situación se genera por la omisión de la Entidad de remitir la información solicitada, la decisión se adopta bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, comunicándose ello al Órgano de Control Institucional de la Entidad o, en caso de no existir tal órgano en la Entidad, de la Contraloría General de la República, para que en atención a sus atribuciones, adopte las acciones pertinentes. 3. Distinto supuesto se genera cuando la información con que se cuenta -haya sido o no remitida de forma completa por la Entidad y/o el denunciante-, resulta sufi ciente para que el Tribunal puede determinar la falta de concurrencia de los presupuestos necesarios para que se confi gure la infracción, en cuyo caso las Salas deberán disponer la declaración de no ha lugar el inicio del procedimiento administrativo sancionador, procediéndose al archivo del expediente. IV. ACUERDO Hechas las precisiones que anteceden, el Tribunal acuerda: a) En los casos que la Entidad no cumpla con remitir oportunamente la información o documentación requerida por el Tribunal en la etapa de indagaciones previas del procedimiento administrativo sancionador, el Tribunal dispondrá archivar el expediente, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo. En tal sentido, en la parte resolutiva del acuerdo se considerará lo siguiente: 1. Disponer que, atendiendo a la falta de información sufi ciente para iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra …………., en los seguidos por su supuesta responsabilidad en la infracción tipifi cada en el literal …. del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, modifi cada por Ley Nº 29873, durante el desarrollo de ……………….. se proceda a archivar el presente expediente, sin pronunciamiento sobre el fondo, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 2. Poner el presente Acuerdo en conocimiento del Titular de la Entidad. 3. Poner el presente Acuerdo en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad (o a la Contraloría General de la República, en caso no cuente con Órgano de Control Institucional) para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. b) En los casos que, pese a la omisión de la Entidad o de la persona natural o jurídica denunciante en remitir oportunamente la información o documentación sustentatoria requerida por el Tribunal, éste cuente con información sufi ciente que le permita determinar la falta de concurrencia de los presupuestos necesarios para que se confi gure la infracción, el Tribunal dispondrá la declaración de no ha lugar el inicio del procedimiento administrativo sancionador y procederá al archivo del expediente. En ese sentido, en la parte resolutiva del acuerdo se considerará lo siguiente: 1. Declarar no ha lugar el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra ……………………… por la supuesta comisión de la infracción tipifi cada en el literal ………….. del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, modifi cada por Ley Nº 29873, en el desarrollo de la ………………………………………, debiendo archivarse el presente expediente administrativo. c) En los casos que el Tribunal cuente con información sufi ciente que permita apreciar la existencia de indicios de la comisión de la infracción, el Tribunal dispondrá iniciar el procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, en la parte resolutiva del acuerdo se considerará lo siguiente: 1. Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra …………………………….., por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción tipifi cada en el literal ……….. del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, modifi cada por Ley Nº 29873, en el desarrollo de ……………………………….., la cual prevé una sanción de inhabilitación temporal de un mínimo de …….. (…….) años/meses hasta un máximo de ……. (…….) años, de acuerdo a los fundamentos expuestos. 2. Otorgar a …………………………., el plazo de diez (10) días hábiles para que formule(n) sus descargos, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente de notifi cado el presente Acuerdo. Para tales efectos, la(s) emplazada(s) deberá(n) ajustar su actuación a las disposiciones previstas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE. 3. Disponer que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado efectúe la notifi cación del presente Acuerdo y proporcione al(os) administrado(s) la clave de acceso de consulta al Toma Razón Electrónico de la página web del OSCE (vínculo del Tribunal), con la fi nalidad que en lo sucesivo tome(n) conocimiento a través del mismo de los actos procesales expedidos por el Tribunal que correspondan ser notifi cados por esa vía, de acuerdo a la normativa aplicable. d) El presente acuerdo será aplicable a los expedientes que se encuentren en trámite a partir del 20 de setiembre de 2012. MARIO F. ARTEAGA ZEGARRA MARÍA H. BECERRA FARFÁN RENATO DELGADO FLORES OTTO EGÚSQUIZA ROCA VIOLETA L. FERREYRA CORAL HÉCTOR M. INGA HUAMÁN MARÍA ELENA LAZO HERRERA ANA T. REVILLA VERGARA MARÍA ROJAS DE GUERRA MARIELA SIFUENTES HUAMÁN ADRIÁN J. VARGAS DE ZELA VÍCTOR VILLANUEVA SANDOVAL EFRAÍN PACHECO GUILLÉN Secretario 1087970-2 Continue reading
27/05/14 ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO,Acuerdo de Sala Plena sobre los criterios de aplicación del literal k) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del EstadoACUERDO Nº 015/2013 02.12.2013 En la SESIÓN No. 006/ 2013 de fecha 02 de diciembre del 2013, los vocales integrantes del Tribunal de Contrataciones del Estado, acordaron por unanimidad: ACUERDO DE SALA PLENA SOBRE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DEL LITERAL K) DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO I. ANTECEDENTES 1. El ordenamiento en materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de contratación, en condiciones de libre concurrencia y competencia. 2. Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural o jurídica a ser participante, postor y/o contratista del Estado, debido a que su intervención en los procesos de compra puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia con que se debe obrar en los procesos de selección, debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan. 3. Atendiendo a lo anterior, el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, regula una serie de restricciones a la participación de postores en los procesos de selección, contemplando como impedimento para ser postor y/o contratista del Estado, entre otros supuestos, el establecido en su literal k), en virtud del cual se encuentran impedidas de ser participantes, postores y/o contratistas: “las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente.” 4. Según este Tribunal ha podido apreciar, constituye un rasgo común en los procedimientos administrativos sancionadores y recursos de apelación sujetos a su conocimiento, los diferentes criterios que Entidades y administrados asumen respecto al sentido y alcance de los supuestos que la referida norma comprende. 5. Dicha situación ha podido evidenciarse, inclusive, en algunas resoluciones que este Tribunal ha emitido a lo largo de los últimos años (2009-2012), lo cual, en lugar de generar predictibilidad en los administrados, determina situaciones de inseguridad jurídica que no coadyuvan a la transparencia y efi ciencia del sistema de compras públicas. 6. En este contexto se hace imperativo que este Tribunal emita un Acuerdo de Sala Plena que, a partir de la regulación vigente, recoja con precisión los elementos que el literal k) del artículo 10 de la Ley exige para que se confi gure el impedimento para ser participante, postor y/o contratista del Estado, tomando como marco que el referido dispositivo, en cuanto constituye una norma que restringe derechos, debe ser interpretado de forma restrictiva. 7. En este punto, es preciso indicar que el presente Acuerdo se emite sin que este Tribunal desconozca el carácter imperfecto del dispositivo que es objeto de su análisis, lo cual justifi ca una futura modifi cación legislativa que perfi le su sentido y ámbito de aplicación, a efectos de no generar interpretaciones erradas, sesgadas o incentivos perversos en su aplicación por parte de los agentes del mercado. Sin embargo, dicha situación no impide que este Tribunal establezca el presente Acuerdo desarrollando los elementos, requisitos y restricciones contenidas en la norma vigente. II. MARCO LEGAL Artículo 10º de la Ley: “Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas: a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos; b) En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos Regionales; c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Vocales de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores; d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios públicos, empleados de confi anza y servidores públicos, según la ley especial de la materia; e) En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las características técnicas y valor referencial, elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la autorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos de supervisión; f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afi nidad; g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria; h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas sin fi nes de lucro en las que aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria; i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales sean las personas señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las personas señaladas en los literales precedentes; j) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su Reglamento; k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente; l) Otros establecidos por ley o por el Reglamento de la presente norma. Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por no presentadas. Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el presente artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante y de los contratistas que celebraron dichos contratos”. III. ANÁLISIS 1. Las personas jurídicas gozan de independencia y su responsabilidad se limita al número de acciones. No obstante ello, en nuestro ordenamiento existen una serie de supuestos en los que la norma recurre al criterio de vinculación económica (en razón de la propiedad de las acciones, del ejercicio de actos de gestión u otros) con la fi nalidad de evitar que, en mérito a la independencia jurídica, una persona eluda sus obligaciones y/o sanciones, incurriendo de esta manera en fraude en la ley. En estos casos, la legislación1 ha previsto una serie de supuestos en los que se trasciende la independencia jurídica de la persona sancionada para apreciar la conducta o incidencia que puedan tener los involucrados en su gestión y/o control, en otro proveedor del Estado, con la fi nalidad de garantizar el cumplimiento de los efectos de la sanción. 2. Es así que el artículo 10, inciso k), de la Ley establece criterios referidos tanto al porcentaje de propiedad de las acciones como al control que se ejerce sobre los proveedores del Estado a través de administradores comunes, de manera que el referido dispositivo persigue impedir que el proveedor que ha sido sancionado con inhabilitación temporal o permanente para contratar con el Estado, lo haga a través de una persona jurídica diferente, ya sea porque quienes lo integran, representan o dirigen (socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales) tienen en ésta un porcentaje de participación –o son titulares de sus acciones–, la representan o porque participan de su dirección. Inclusive, dicho dispositivo se extiende a aquellos casos en los cuales quienes integran, representan o dirigen al proveedor sancionado hayan dejado de hacerlo, dado que, para efectos del impedimento, bastaría que hayan ejercido dichas actividades dentro de los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción. 3. En ese sentido, para la confi guración del literal k) del artículo 10º de la Ley, se exige que el proveedor sancionado intervenga en el mercado de compras públicas, a través de otra persona jurídica, si bien es cierto, no de forma directa, sino a través de quienes son o fueron (en los últimos doce meses de impuesta la sanción) sus accionistas, representantes legales o directivos. De este modo, dicha persona jurídica (a quién, en lo sucesivo, denominaremos la “persona jurídica vinculada”) queda impedida para ser participante, postor y/ o contratista del Estado, por estar integrada, representada o dirigida por quienes son o fueron (en los últimos doce meses de impuesta la sanción) socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales del proveedor sancionado. 4. En este contexto, a tenor de lo establecido en el literal k) del artículo 10º de la Ley, la “persona jurídica vinculada” se encuentra impedida de ser participante, postor y/o contratista del Estado en los supuestos siguientes: a. Si sus socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales forman parte del proveedor sancionado. Es decir, en el momento en que participa en el proceso, es postor o suscribe un contrato con una Entidad, la “persona jurídica vinculada” y el proveedor sancionado comparten simultáneamente socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales. b. Si sus socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formaron parte del proveedor sancionado dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la sanción. Es decir, cuando los socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales de la “persona jurídica vinculada” (que pueden tener dicha condición por adquisición de las acciones, por haber adquirido dicho estatus o cargo dentro de la empresa, o por haber creado 1 Es necesario precisar que las normas de vinculación y grupo económico están reguladas de manera expresa en la Resolución Conasev Nº 090- 2005-EF-94.10 y en el ámbito tributario tienen una regulación especial en la Ley del Impuesto a la Renta. En materia laboral, si bien no hay regulación expresa, la vinculación de empresas es permanentemente utilizada. la “persona jurídica vinculada”, entre otras situaciones), formaron parte del “proveedor sancionado”, en el pasado (dentro de los doce (12) meses siguientes a la imposición de la sanción). Cabe resaltar que ambos supuestos comprendidos en el literal k) del artículo 10 de la Ley presuponen la vinculación existente entre dos personas jurídicas distintas: el “proveedor sancionado” y la “persona jurídica vinculada”, realidad que sustenta extender los efectos de la sanción a esta última que, no obstante no encontrarse sancionada, queda impedida de ser participante, postor y/o contratista del Estado en atención a las personas que la integran, representan y/o dirigen. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el referido impedimento surte efectos para la “persona jurídica vinculada”, durante el periodo de vigencia de la sanción impuesta al “proveedor sancionado”, pues, una vez agotada ésta, el sustento del impedimento fenece. 5. Las precisiones que anteceden, permiten advertir con mayor claridad aquellos supuestos en los que el impedimento de la “persona jurídica vinculada” no se confi gura en razón de la interpretación restrictiva que debe efectuarse de las normas que restringen derechos (como es el caso del artículo 10 de la Ley) y en aplicación del principio de tipicidad que rige en los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal. Es así que el impedimento establecido en el literal k) del artículo 10 de la Ley no podría confi gurarse en caso la supuesta “persona jurídica vinculada” ya no cuente con la persona que la vinculaba con el proveedor sancionado, o si es que dicha persona dejó de formar parte del proveedor sancionado antes de que le sea impuesta la sanción. 6. Es preciso indicar que cuando el vínculo entre la “persona jurídica vinculada” y el “proveedor sancionado” se genera por la participación que tiene un socio, accionista, participacionista o titular en la persona jurídica vinculada y que tiene o tuvo en el “proveedor sancionado”, se requiere que dicha participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, en ambas. Sin embargo, dicha participación mínima no es exigible para el integrante del órgano de administración, apoderado o representante legal de la “persona jurídica vinculada”, que es o fue (en el tiempo ya precisado) socio, accionista, participacionista o titular del “proveedor sancionado”. En este caso, la participación mínima de dicha persona sólo resulta exigible en el “proveedor sancionado”. En igual sentido, dicha participación mínima en el capital o patrimonio social no es exigible para quien es o fue (en el tiempo ya precisado) integrante del órgano de administración, apoderado o representante legal del “proveedor sancionado” que es socio, accionista, participacionista o titular de la “persona jurídica vinculada”. En este caso, la participación mínima de dicha persona sólo resulta exigible en la “persona jurídica vinculada”. Finalmente, dicha participación mínima tampoco es exigible cuando el vínculo entre la “persona jurídica vinculada” y el “proveedor sancionado” se genera por compartir o haber compartido integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales. IV. ACUERDO En aplicación del literal k) del artículo 10 de la Ley, el Tribunal acuerda los siguientes criterios de interpretación: 1. Se encuentra impedido de ser participante, postor y/o contratista del Estado: a) La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales forman parte del proveedor sancionado. Es decir, en el momento en que participa en el proceso, es postor o suscribe un contrato con una Entidad, ella y el proveedor sancionado comparten simultáneamente socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales. b) La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formaron parte del proveedor sancionado dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la sanción. Es decir, cuando los socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales de ella (que pueden tener dicha condición por adquisición de las acciones, por haber adquirido dicho estatus o cargo dentro de la empresa, o por haberla creado, entre otras situaciones), formaron parte del “proveedor sancionado”, en el pasado (dentro de los doce (12) meses siguientes a la imposición de la sanción). 2. En todos los casos, el impedimento establecido en el literal k) del artículo 10 de la Ley es aplicable durante el periodo de vigencia de la sanción impuesta al “proveedor sancionado”. 3. El impedimento establecido en el literal k) del artículo 10º de la Ley no se confi gura en caso la persona jurídica ya no cuente con quien la vinculaba con el proveedor sancionado, o si es que éste había dejado de formar parte del proveedor sancionado antes de que le sea impuesta la sanción. 4. Cuando el vínculo entre la “persona jurídica vinculada” y el proveedor sancionado” se genera por la participación que tiene un socio, accionista, participacionista o titular en la “persona jurídica vinculada” y que tiene o tuvo en el “proveedor sancionado”, se requiere que dicha participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, en ambas. Dicha participación mínima no es exigible: a) Para el integrante del órgano de administración, apoderado o representante legal de la “persona jurídica vinculada”, que es o fue socio, accionista, participacionista o titular del “proveedor sancionado”. En este caso, la participación mínima solo es exigible respecto del “proveedor sancionado”. b) Para quien es o fue integrante del órgano de administración, apoderado o representante legal del “proveedor sancionado”, que es socio, accionista, participacionista o titular de la “persona jurídica vinculada”. En este caso, la participación mínima solo es exigible respecto de la “persona jurídica vinculada”. c) Cuando el vínculo entre la “persona jurídica vinculada” y el “proveedor sancionado” se genera por compartir o haber compartido integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales. MARIO F. ARTEAGA ZEGARRA MARÍA H. BECERRA FARFÁN RENATO DELGADO FLORES OTTO EGÚSQUIZA ROCA VIOLETA L. FERREYRA CORAL HÉCTOR M. INGA HUAMÁN MARÍA ELENA LAZO HERRERA ANA T. REVILLA VERGARA MARÍA ROJAS DE GUERRA MARIELA SIFUENTES HUAMÁN ADRIÁN J. VARGAS DE ZELA VÍCTOR VILLANUEVA SANDOVAL EFRAÍN PACHECO GUILLÉN Secretario 1087970-1 Continue reading
26/05/14 Aproban Directiva sobre el Proceso de atención de denuncias Anticorrupción presentadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones RESOLUCIÓN MINISTERIALNº 272-2014-MTC/01 Lima, 19 de mayo de 2014 VISTO: El Memorándum N° 580-2014-MTC/09.05 del Director General de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 355-2014-MTC/09.05 del Director de la Ofi cina de Organización y Racionalización, sobre la aprobación de la Directiva sobre el Proceso de atención de denuncias Anticorrupción; y, CONSIDERANDO: Que, el Decreto Supremo N° 119-2012-PCM aprueba el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012 - 2016, que establece que las acciones que se realicen en el marco de dicho Plan, se fi nancia con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados, conforme a la Leyes Anuales de Presupuesto; Que, el referido Plan Nacional, entre los diversos temas que trata, contiene la defi nición operativa del concepto corrupción: Uso indebido del poder para la obtención de un benefi cio irregular, de carácter económico o no económico, a través de la violación de un deber de cumplimiento, en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona; Que, dentro del marco del referido Plan, se expidió el Decreto Supremo N° 046-2013-PCM que aprueba la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo, la cual comprende acciones concretas orientadas a prevenir, detectar y sancionar la corrupción, entre las que señala los lineamientos y directivas que orienten la integridad y la ética en la actuación del empleado público; Que, la Ley N° 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración efi caz en el ámbito penal, tiene por objeto proteger y otorgar benefi cios a los funcionarios y servidores públicos, o a cualquier ciudadano, que denuncien en forma sustentada la realización de hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en cualquier entidad pública y que puedan ser investigados o sancionados administrativamente; Que, mediante la Resolución Secretarial N° 453-2010- MTC/04 se aprobó la Directiva que establece “Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas Internas que regulan materias de competencia del MTC”; Que, teniendo en cuenta la normatividad señalada, mediante el Memorándum N° 580-2014-MTC/09.05 del Director General de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 355-2014-MTC/09.05 del Director de la Ofi cina de Organización y Racionalización, se propone un proyecto de Directiva sobre el Proceso de atención de denuncias Anticorrupción, recomendando su aprobación; Que, en observancia del marco legal citado, resulta necesario contar con la Directiva propuesta, debiendo expedirse la resolución que la apruebe; De conformidad con la Ley N° 29370 y el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC; SE RESUELVE: Artículo 1°.- Aprobar la Directiva sobre el Proceso de atención de denuncias Anticorrupción presentadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. Artículo 2°.- Disponer la publicación de la Directiva que aprueba el artículo 1° de la presente Resolución Ministerial en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Regístrese, comuníquese y publíquese. CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ Ministro de Transportes y Comunicaciones Continue reading
24/05/14 Aprueban Código de Comportamiento Ético del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0151-2014-JUS 23 de mayo de 2014 VISTOS, el Ofi cio Nº 1054-2014-JUS/OGPP, de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Nº 497-2014-JUS/OGAJ, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y; CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo Nº 119-2012-PCM, se aprobó el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, el cual constituye un instrumento que instituye las acciones priorizadas que sobre la materia se deben emprender para prevenir y combatir la corrupción; Que, en ese contexto, se emitió la Resolución Ministerial Nº 260-2013-JUS, que aprobó el Plan Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2013-2016, instrumento que tiene por fi nalidad establecer las acciones prioritarias para prevenir y combatir la corrupción; Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0105-2014- JUS, se conformó el Grupo de Trabajo denominado Equipo Líder encargado de la implementación del Modelo de Integridad Institucional (MII), en el marco del Plan Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2013-2016, presidido por la Secretaría General, cuya Secretaría Técnica está a cargo de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto; Que, mediante Ofi cio Nº 1054-2014-JUS/OGPP, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, en su condición de Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo antes referido, remite el proyecto del Código de Comportamiento Ético del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Que, el Plan Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2013-2016, establece el Modelo de Integridad Institucional (MII), el que se refi ere a la implantación de una cultura organizacional basada en el ejercicio ético de los trabajadores y en los procedimientos institucionales diseñados para reducir los riesgos de corrupción y la inefi ciencia funcional; Que, en consecuencia resulta necesario dictar el acto de administración que aprueba el Código de Comportamiento Ético del Ministerio de Justicia y Derechos; De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Decreto Supremo Nº 011-2012- JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y la Resolución Ministerial Nº 260-2013-JUS, que aprueba el Plan Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2013-2016; SE RESUELVE: Artículo 1º.- Aprobar el Código de Comportamiento Ético del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. Artículo 2º.- Disponer que la presente Resolución Ministerial y el Código de Comportamiento Ético del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se publiquen en el Portal Institucional (www.minjus.gob.pe). Artículo 3º.- Encargar a la Secretaría General que disponga las acciones necesarias para la difusión del Código de Comportamiento Ético del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a todo el personal del Ministerio. Regístrese, comuníquese y publíquese. DANIEL FIGALLO RIVADENEYRA Ministro de Justicia y Derechos Humanos 1087108-1 Continue reading
24-05-14 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Modifican el Reglamento de Sanciones y los Criterios aplicables al procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de las normas que regulan la remisión de información periódica o eventual RESOLUCIÓN SMV Nº 010-2014-SMV/01 Lima, 22 de mayo de 2014 VISTOS: El Expediente N° 2014008786 y los Memorandos Nros. 870 y 1183-2014-SMV/06 del 3 de abril y 14 de mayo del 2014, respectivamente, emitidos por la Ofi cina de Asesoría Jurídica, así como el proyecto de norma que propone modifi car el Reglamento de Sanciones y los Criterios aplicables al procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de las normas que regulan la remisión de información periódica o eventual (en adelante, el Proyecto); CONSIDERANDO: Que, con motivo de la próxima entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Hechos de Importancia se considera necesario modifi car el Reglamento de Sanciones aprobado por la Resolución CONASEV N° 055-2001-EF/94.10 (en adelante, El Reglamento de Sanciones), a fi n de adecuarlo a las nuevas obligaciones contenidas en dicho reglamento, así como incluir nuevos tipos infractorios como consecuencia de la vigencia del Reglamento de los Mecanismos Centralizados de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos. Asimismo, resulta necesario efectuar algunos ajustes en el citado Reglamento de Sanciones como resultado de las últimas modifi caciones al Reglamento del Director de Mercados de las Bolsas de Valores y al Reglamento del Mercado Integrado Latinoamericano, entre otros; Que, adicionalmente, producto de la experiencia de los últimos años relacionados con los Criterios aplicables al procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de las normas que regulan la remisión de información periódica o eventual, aprobados por el artículo 4° de la Resolución SMV N° 006-2012-SMV/01, se realizan algunas modifi caciones orientadas a dotar de una mayor fl exibilidad a los órganos instructores y sancionadores al momento de evaluar la sanción aplicable; Que, el Proyecto fue difundido y puesto en consulta ciudadana en el Portal del Mercado de Valores de la SMV por el plazo de diez (10) días calendario, a fi n de que las personas interesadas formulen comentarios sobre los cambios propuestos, conforme lo dispuso la Resolución SMV N° 006-2014-SMV/01, publicada el 10 de abril de 2014 en el Diario Ofi cial El Peruano; y, Estando a lo dispuesto por el literal a) del artículo 1º y el literal b) del artículo 5° del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, aprobada por el Decreto Ley N° 26126 y modifi cada por Ley N° 29782, y el artículo 7º de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861 y sus modifi catorias, así como a lo acordado por el Directorio de la SMV reunido en su sesión del 19 de mayo de 2014; SE RESUELVE: Artículo 1º.- Modifi car el artículo 32°, el inciso 2.15 del Anexo I, la sumilla del Anexo II, los incisos 2.1 y 2.3 del literal A) del Anexo VIII, la sumilla y el literal A) Son infracciones de los participantes de la ICLV del Anexo IX y el inciso 1.10 del Anexo X del Reglamento de Sanciones, aprobado por la Resolución CONASEV N° 055-2001- EF/94.10, con los siguientes textos: “Artículo 32.- CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS PREVIAS AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Las medidas correctivas reguladas en el artículo anterior podrán ser aplicadas por las Intendencias Generales de Supervisión, en tanto se acredite la existencia de las tres condiciones siguientes: a) La inmaterialidad de la infracción cometida, entendiendo el concepto de inmaterialidad como aquella situación en que los hechos revisten poca signifi cación. b) La infracción debe estar tipifi cada como leve en los anexos del presente Reglamento. c) La inexistencia de perjuicios concretos a los inversionistas o asociados del sistema de fondos colectivos. ANEXO I 2.- Graves (…) 2.15. No devolver a la sociedad o al fondo, según corresponda, las ganancias de corto plazo obtenidas dentro de un período de tres (3) meses, en la compra y venta o venta y compra de valores emitidos por el emisor o negociados en dicho período por el inversionista institucional con el que el infractor se encuentre relacionado, de manera oportuna o cuando lo requiera la SMV. (…) ANEXO II De las Infracciones del Emisor, que comprende a personas jurídicas, sucursales de personas jurídicas, sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión en valores y fondos de inversión así como cualquier otra entidad con un valor o programa inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores. ANEXO VIII (…) A) Son infracciones de la Bolsa y otras entidades encargadas de la conducción de Mecanismos Centralizados: (…) 2.- Graves 2.1. No conservar o mantener actualizada, del modo y por el tiempo que exige la normativa, la información relativa a las propuestas y operaciones realizadas en rueda de bolsa. (…) 2.3. No comunicar a la SMV las normas de carácter general que apruebe vinculadas a sus funciones, dentro del plazo establecido por la normativa. De las infracciones en los Sistemas de Liquidación de Valores y otros sistemas de compensación y liquidación de valores, de sus directores, funcionarios y trabajadores, del responsable del control interno, de los participantes, del emisor de valores registrados y de los bancos liquidadores (…) B) Son infracciones de los participantes de la ICLV: (…) ANEXO X (…) 1.- Muy Graves (…) 1.10. No actualizar el capital social mínimo conforme a lo establecido en la normativa o cuando sea requerido por la SMV. (…)” Artículo 2º.- Incorporar los incisos 1.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 y 2.23 al Anexo I, los incisos 2.7, 2.8, 3.2 y 3.3 del literal A) y el literal C) al Anexo II, los incisos 2.1 y 3.1 del literal B) al Anexo III, los incisos 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.4, 3.1 y 3.2 del literal A), los incisos 2.5 y 3.1 del literal C) y el literal D) al Anexo VIII, los incisos 1.14 y 1.15 del literal A) y el literal G) al Anexo IX, los incisos 1.22, 123, 1.24 y 1.25 al Anexo X y el Anexo XXII al Reglamento de Sanciones, aprobado por la Resolución CONASEV N° 055-2001-EF/94.10, con los siguientes textos: “ANEXO I (…) 1.- Muy Graves (…) 1.17. No contar o no implementar o infringir las normas internas de conducta del emisor con respecto a la información que suministra a la SMV. 2.- Graves (…) 2.18. No aclarar o desmentir, después de haber tomado conocimiento, la información publicada en medios de comunicación que sea falsa, inexacta o incompleta y que cumpla con lo señalado en los artículos 3 y 4 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada. 2.19. No comunicar como hecho de importancia y dentro del plazo establecido, la información cuyo carácter de reserva ha cesado. 2.20. No presentar o presentar de manera incompleta a la SMV la lista de personas que conocen la información reservada, laboren o no en el emisor. 2.21. Divulgar información que constituya hecho de importancia sin que previamente dicha información haya sido comunicada a la SMV. 2.22. No informar a la SMV de manera oportuna aquel acto, hecho, acuerdo o decisiones signifi cativas relacionadas con la información materia de reserva que se produzcan durante el periodo de reserva de la información. 2.23. No cumplir con el plazo mínimo de divulgación de la Fecha de Registro establecido en el reglamento de la materia. ANEXO II (…) A) Son infracciones del Emisor con valores inscritos en el Registro: (…) 2.- Graves (…) 2.7. Acordar para sus directores una participación en las utilidades netas del ejercicio económico por encima de seis por ciento (6%), salvo que dicha circunstancia sea divulgada como hecho de importancia dentro del primer mes del respectivo ejercicio económico. 2.8. No designar, en los casos que corresponda, al representante de los obligacionistas en una emisión de bonos, o designar a una persona que no cumpla con los requisitos establecidos para ejercer dicho cargo. 3.- Leves (…) 3.2. No contar con al menos un representante bursátil titular y al menos con un suplente, o designar o mantener a personas que no cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el reglamento de la materia para ejercer la función de representante bursátil. 3.3. No presentar la declaración jurada indicando que los representantes bursátiles cumplen los requisitos y condiciones establecidos en el reglamento de la materia. (…) C) Son infracciones del representante bursátil de un emisor con valores inscritos en el Registro: 1.- Grave 1.1. No cumplir con sus funciones establecidas en el reglamento de la materia. ANEXO III (…) B) Son infracciones del representante de obligacionistas: (…) 2.- Grave 2.1. No elaborar la documentación o reportes exigidos por la normativa o por la SMV, de acuerdo con lo establecido en las normas de la materia. 3.- Leve 3.1 No remitir a la SMV la documentación o reportes exigidos por la normativa o por la SMV o remitirlos de manera inoportuna o incompleta. ANEXO VIII (…) A) Son infracciones de la Bolsa y otras entidades encargadas de la conducción de Mecanismos Centralizados: 1.- Muy Graves (…) 1.6. No cumplir con sus estatutos, reglamentos internos o disposiciones complementarias. 1.7. No observar las disposiciones que regulan su participación y sus obligaciones en el Mercado Integrado Latinoamericano. 1.8. Permitir la oferta pública secundaria y promoción en el país de valores negociados en los sistemas de negociación administrados por bolsas extranjeras, sin que previamente estos se encuentren inscritos en el Registro. 1.9. No proporcionar a través de su página web u otros mecanismos, de manera simultánea a la difusión que se realice en el país extranjero, la información relevante que brinden los emisores de los valores negociados en sistemas de negociación extranjeros en cumplimiento de la normativa del país en el que su emisión se encuentre inscrita en bolsa o en un sistema de negociación de valores, así como no mantener habilitado el acceso a los sistemas informativos mediante los cuales se ponga a disposición del público y se actualice dicha información. 1.10. No adecuar sus tarifas a los principios y disposiciones establecidos en la normativa o no presentar la propuesta tarifaria requerida por la normativa. 2.- Graves (…) 2.4 No mantener a disposición del público su escritura de constitución y sus modifi catorias de acuerdo a lo establecido en la normativa. 3.- Leves 3.1. No comunicar inmediatamente a la SMV cualquier irregularidad, posible infracción a la normativa o, en general, cualquier hecho que pueda ser susceptible de investigación por la SMV, que conozca en el ejercicio de sus funciones. 3.2. No velar por que sus funcionarios y empleados cumplan sus normas internas, ciñéndose a los principios de la ética profesional. (…) C) Son infracciones del director de mercados: (…) 2.- Graves 2.5. Adquirir o transferir valores o instrumentos fi nancieros inscritos en el Registro sin autorización previa de la SMV, cuando corresponda. 3.- Leve 3.1. No remitir cumpliendo con las formas, medios y oportunidades establecidas por la normativa los reportes y registros que le corresponde elaborar en el ejercicio de su cargo. D) Son infracciones de los directores, funcionarios y trabajadores de la Bolsa y de otras Entidades Responsables de la Conducción de Mecanismos Centralizados de Negociación: D.1. De los directores, trabajadores y funcionarios: 1.- Muy grave 1.1. Adquirir o enajenar a título oneroso valores inscritos o negociados en la respectiva bolsa, a menos que hayan obtenido previamente la autorización escrita de la SMV, cuando corresponda. ANEXO IX (…) A) Son infracciones de las ICLV y otras Entidades Administradoras de los Sistemas de Liquidación de Valores, según corresponda: 1.- Muy Graves (…) 1.14. No observar las disposiciones que regulan su participación y sus obligaciones en el Mercado Integrado Latinoamericano. 1.15. No actualizar el capital social mínimo conforme a lo establecido en la normativa o cuando sea requerido por la SMV, o contar con un patrimonio neto inferior a su capital social mínimo exigido. (…) G) Son infracciones de los directores, funcionarios y trabajadores de los sistemas de liquidación de valores y otros sistemas de compensación y liquidación de valores: 1.- Muy grave 1.1. Adquirir o enajenar a título oneroso valores inscritos o negociados en la respectiva bolsa, a menos que hayan obtenido previamente la autorización escrita de la SMV, cuando corresponda. ANEXO X (…) 1.- Muy Graves (…) 1.22. No observar las disposiciones que regulan su participación y sus obligaciones en el Mercado Integrado Latinoamericano. 1.23. No implementar sistemas que permitan la grabación de las órdenes cuando estas se realicen vía telefónica. 1.24. No grabar las órdenes de sus comitentes cuando estas se realicen vía telefónica. 1.25. Utilizar sistemas para la toma de órdenes, medios de recepción y registro de órdenes que no cumplan con las condiciones establecidas por la SMV. ANEXO XXII De las infracciones de las Empresas Administradoras de los mecanismos centralizados de negociación para valores de deuda pública e instrumentos derivados de estos, de sus participantes y de toda persona que directa o indirectamente esté relacionada con las Empresa Administradoras A) Son infracciones de las Empresas Administradoras de los mecanismos centralizados de negociación para valores de deuda pública e instrumentos derivados de estos y de toda persona que directa o indirectamente esté relacionada con la empresas administradoras, según corresponda: 1.- Muy Graves 1.1. No observar los procedimientos previstos en caso de incumplimientos en la liquidación de operaciones o de otras obligaciones relacionadas con las operaciones realizadas o registradas en el Mecanismo Centralizado de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos bajo su administración. 1.2. No cumplir con las obligaciones y procedimientos previstos en el reglamento interno del Mecanismo Centralizado de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos bajo su administración así como en las disposiciones o manuales en los que se regule el funcionamiento del mecanismo. 1.3. No suspender la negociación de un valor según las circunstancias y en los términos previstos en el reglamento interno del Mecanismo Centralizado de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos bajo su administración. 2.- Graves 2.1. Negar injustifi cadamente el acceso a cualquier participante a los servicios relacionados con el Mecanismo Centralizado de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos bajo su administración, así como dejar de observar los criterios para la afi liación y desvinculación de los participantes de dicho mecanismo. 2.2. No llevar o mantener actualizado, del modo que exige la normativa, los registros y archivos correspondientes. 2.3. No conservar o mantener actualizada, del modo y por el tiempo que exige la normativa, la información relativa a las operaciones, registros, propuestas y mensajes o avisos que se realicen o coloquen a través del Mecanismo Centralizado de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos bajo su administración. 2.4. No implementar los mecanismos de seguridad para el acceso de los diferentes módulos y niveles del Mecanismo Centralizado de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos bajo su administración. 2.5. No implementar los procedimientos para identifi car, controlar y gestionar adecuadamente los riesgos a los que se encuentra expuesta. 2.6. No contar con manuales, procedimientos, normas internas de conducta, políticas, planes o sistemas de control interno, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa; o no cumplir con sus disposiciones o no supervisar su cumplimiento. 2.7. No remitir, o hacerlo fuera de los plazos establecidos en la normativa, los precios o tasas y montos de las operaciones realizadas o registradas en el Mecanismo Centralizado de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos bajo su administración. 2.8. No contar con un patrimonio neto inferior al capital social exigido, no actualizar el capital social mínimo requerido oportunamente o no inscribirlo en el plazo previsto por la normativa. 2.9. Participar directa o indirectamente en la negociación de valores de deuda pública o instrumentos derivados de estos en cualquier Mecanismo Centralizado de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos. 2.10. No implementar los medios y procedimientos para monitorear la negociación que se realice o registre en el Mecanismo Centralizado de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos bajo su administración o no informar a la SMV cualquier actividad o conducta que atente o pueda atentar contra la integridad, transparencia y efi ciencia del mercado. 3.- Leves 3.1. No informar cualquier modifi cación que se produzca en la información o documentación presentada a la SMV que hubiere dado origen a una autorización de organización o funcionamiento, conforme a lo establecido por la normativa. 3.2. No remitir a la SMV la información periódica o complementaria conforme a lo establecido por la normativa, así como toda aquella información que estén obligados a remitir en la oportunidad señalada por la normativa. 3.3. No cumplir con remitir a la SMV, al Ministerio de Economía y Finanzas, a los participantes del Mecanismo Centralizado de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos bajo su administración y al público en general, la información a la que se encuentran obligados en virtud de la normativa y del reglamento interno del mecanismo. B) Son infracciones de los participantes del Mecanismo Centralizado de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos: 1.- Graves 1.1. Incumplir con la normativa y reglamentos que regulen las operaciones que se realicen o registren en el Mecanismo Centralizado de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos, así como con el reglamento interno del mecanismo y las disposiciones o manuales de operaciones que establezca la Empresa Administradora del mecanismo. 1.2. No asumir el cumplimiento de las operaciones que realicen sus operadores, por cuenta propia o de terceros, según sea el caso. 1.3. No adoptar las medidas adecuadas para prevenir que las operaciones realizadas o registradas a través del Mecanismo Centralizado de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos puedan ser utilizadas para el lavado de activos o para cualquier otra fi nalidad ilícita, en cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia. 1.4. No preingresar o confi rmar las operaciones con valores de deuda pública o instrumentos derivados de estos que hayan sido realizadas fuera del Módulo de Negociación Continua del Mecanismo Centralizado de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos, dentro de los plazos establecidos en la normativa. 2.- Leves 2.1. No mantener la información que permita acreditar la oportunidad y condiciones en que realizaron operaciones con valores de deuda pública o instrumentos derivados de estos fuera del Módulo de Negociación Continua del Mecanismo Centralizado de Negociación para Valores de Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos.” Artículo 3º.- Modifi car el primer párrafo del Cuarto Criterio del inciso 4.1, los numerales (ii), (iv), (v), (vi) y (vii) del inciso 4.2 de los Criterios aplicables al procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de las normas que regulan la remisión de información periódica o eventual, aprobados por el artículo 4° de la Resolución SMV N° 006-2012-SMV/01, con los siguientes textos: “4.1. CRITERIOS - Cuarto Criterio: Repetición y/o continuidad de la infracción Se considera repetición cuando el administrado ha incurrido de manera previa en el mismo tipo infractorio en el plazo fi jado para evaluar el criterio de antecedentes, lo que constituye un agravante al momento de imponer la correspondiente sanción. (…) 4.2. PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS (…) (ii) Se podrá aplicar la sanción de amonestación cuando concurrentemente se cumpla con lo siguiente: (i) la afectación a la transparencia en el mercado sea mínima; ii) la infracción cometida no haya ocasionado un perjuicio concreto a los inversionistas o asociados; (iii) el sujeto infractor no cuente con antecedentes o teniéndolos se trate de infracciones tipifi cadas como faltas leves impuestas en los cuatro (4) años anteriores a la comisión de la infracción que se evalúa; (iv) el sujeto infractor no haya obtenido un benefi cio por su conducta ilegal; y (v) no se haya acreditado que el infractor actuó con dolo en la comisión de la infracción. (…) (iv) En caso de que no corresponda aplicar una sanción de amonestación, los órganos competentes de la SMV deberán observar las siguientes pautas referidas a las circunstancias de la comisión de la infracción: Tratándose de incumplimientos en la remisión de información fi nanciera auditada anual Sobre la base de tres (3) UIT se adicionarán los siguientes montos en los supuestos que a continuación se indican: - Por cada día calendario de retraso se sumará el diez por ciento (10%) de una (1) UIT hasta un máximo de tres (3) UIT. Tratándose de incumplimientos en la remisión de memoria anual o información periódica distinta de la información fi nanciera auditada anual Sobre la base de dos (2) UIT se adicionarán los siguientes montos en los supuestos que a continuación se indican: - Por cada día calendario de retraso se sumará el cinco por ciento (5%) de una (1) UIT hasta un máximo de uno punto cinco (1.5) UIT. Tratándose de incumplimientos en la comunicación de información eventual, tal como los hechos de importancia - Por cada día calendario de retraso se sumará el treinta por ciento (30%) de una (1) UIT hasta un máximo de tres (3) UIT. (v) El monto resultante de las pautas contempladas en el numeral (iv) precedente se incrementará en dos por ciento (2%) si se determina que el sujeto infractor cuenta con antecedentes de sanción y en tres (3%) si tiene antecedentes de la misma conducta que se pretende sancionar. (vi) En caso de que se acredite la existencia de cualquiera de los siguientes elementos: (i) grave afectación a los bienes jurídicos tutelados; (ii) perjuicios concretos a los inversionistas o asociados; (iii) obtención de un benefi cio ilegal; (iv) dolo en la comisión de la infracción; los montos resultantes de la aplicación de lo señalado en los puntos precedentes podrán incrementarse hasta el máximo permitido por la ley correspondiente, teniendo en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad. (vii) Concluida la evaluación, los órganos instructores evalúan si se confi guran los atenuantes de responsabilidad contemplados en el artículo 236°-A de la LPAG y en el segundo párrafo del artículo 6° del Reglamento de Sanciones.” Artículo 4°.- Las infracciones a las normas que regulan la presentación de información fi nanciera por parte de las personas señaladas en el artículo 5° de la Ley N° 29720 se sancionan de acuerdo con los tipos infractorios, el procedimiento y los criterios establecidos en el artículo 6° de las Normas sobre la presentación de estados fi nancieros auditados por parte de sociedades o entidades a las que se refi ere el artículo 5° de la Ley Nº 29720, aprobadas por la Resolución SMV N° 011-2012- SMV/01. Artículo 5°.- Derogar el inciso 2.1 del literal A) del Anexo IX del Reglamento de Sanciones, aprobado por la Resolución CONASEV N° 055-2001-EF/94.10. Artículo 6°.- Publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (www.smv.gob.pe). Artículo 7°.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano. Regístrese, comuníquese y publíquese. LILIAN ROCCA CARBAJAL Superintendente del Mercado de Valores 1086992-1 Continue reading
23-05-14 R. Leg. N° 004-2013-2014-CR.- Resolución Legislativa del Congreso que regula el control político al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO Nº 004-2013-2014-CR EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso siguiente: RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO QUE REGULA EL CONTROL POLÍTICO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Artículo único. Incorporación del artículo 87-A del Reglamento del Congreso de la República Incorpórase como artículo 87-A del Reglamento del Congreso de la República el texto siguiente: “Control que regula el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 87-A. La Mesa Directiva deriva el informe anual a que se refi ere el artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a las Comisiones de Constitución y Reglamento y de Fiscalización y Contraloría. Dichas comisiones efectúan el control político, evaluando el cumplimiento de la atención a las solicitudes y pedidos de información por parte de las entidades de la administración pública, determinando las causas y las responsabilidades en caso de incumplimiento. En el plazo máximo de 120 días hábiles, las referidas comisiones elevarán un informe al Pleno del Congreso formulando las recomendaciones que correspondan.” Comuníquese, publíquese y archívese. Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los veinte días del mes de mayo de dos mil catorce. FREDY OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Congreso de la República LUIS IBERICO NÚÑEZ Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 1086458-1 Continue reading
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 005-2013-2014-CR EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso siguiente: RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL SEÑOR ERNESTO JORGE BLUME FORTINI COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL El Congreso de la República, en sesión plenaria realizada el veintiuno de mayo de dos mil catorce, de conformidad con la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso de la República y la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha elegido magistrado del Tribunal Constitucional al señor ERNESTO JORGE BLUME FORTINI. POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil catorce. FREDY OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Congreso de la República LUIS IBERICO NÚÑEZ Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 1086112-1 RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 006-2013-2014-CR EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso siguiente: RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL SEÑOR ELOY ANDRÉS ESPINOSA SALDAÑA BARRERA COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL El Congreso de la República, en sesión plenaria realizada el veintiuno de mayo de dos mil catorce, de conformidad con la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso de la República y la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha elegido magistrado del Tribunal Constitucional al señor ELOY ANDRÉS ESPINOSA SALDAÑA BARRERA. POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil catorce. FREDY OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Congreso de la República LUIS IBERICO NÚÑEZ Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 1086112-2 RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 007-2013-2014-CR EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso siguiente: RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE LA SEÑORA MARIANELLA LEONOR LEDESMA NARVÁEZ COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL El Congreso de la República, en sesión plenaria realizada el veintiuno de mayo de dos mil catorce, de conformidad con la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso de la República y la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha elegido magistrada del Tribunal Constitucional a la señora MARIANELLA LEONOR LEDESMA NARVÁEZ. POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil catorce. FREDY OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Congreso de la República LUIS IBERICO NÚÑEZ Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 1086112-3 RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 008-2013-2014-CR EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso siguiente: RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL SEÑOR MANUEL JESÚS MIRANDA CANALES COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL El Congreso de la República, en sesión plenaria realizada el veintiuno de mayo de dos mil catorce, de conformidad con la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso de la República y la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha elegido El Peruano Jueves 22 de mayo de 2014 523651 magistrado del Tribunal Constitucional al señor MANUEL JESÚS MIRANDA CANALES. POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil catorce. FREDY OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Congreso de la República LUIS IBERICO NÚÑEZ Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 1086112-4 RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 009-2013-2014-CR EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso siguiente: RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL SEÑOR CARLOS AUGUSTO RAMOS NÚÑEZ COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL El Congreso de la República, en sesión plenaria realizada el veintiuno de mayo de dos mil catorce, de conformidad con la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso de la República y la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha elegido magistrado del Tribunal Constitucional al señor CARLOS AUGUSTO RAMOS NÚÑEZ. POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil catorce. FREDY OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Congreso de la República LUIS IBERICO NÚÑEZ Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 1086112-5 RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO 010-2013-2014-CR EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso siguiente: RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL El Congreso de la República, en sesión plenaria realizada el veintiuno de mayo de dos mil catorce, de conformidad con la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso de la República y la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha elegido magistrado del Tribunal Constitucional al señor JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA. POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil catorce. FREDY OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Congreso de la República LUIS IBERICO NÚÑEZ Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 1086112-6 Continue reading
Modifican Arts. 6° y 10° de la Directiva Nº 01-2013-JUS/CN, “Lineamientos para la adecuada aplicación del Decreto Supremo Nº 006-2013-JUS”, aprobada por la Resolución del Consejo del Notariado Nº 44-2013-JUS/CN RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DEL NOTARIADO N° 002-2014-JUS/CN Lima, 4 de marzo de 2014 VISTA: La Directiva N° 001-2013-JUS, que establece los lineamientos para la adecuada aplicación del Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, CONSIDERANDO: Que, a través del Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, se estableció obligaciones y mecanismos de seguridad a ser implementados en la actuación de los notarios a nivel nacional, para disminuir el peligro de que se cometan actos delictivos durante el ejercicio de la función notarial, relacionados con la forma en que se realizan los actos y trámites que los mismos llevan a cabo; Que, mediante Resolución del Consejo del Notariado N° 044-2013-JUS/CN, se aprobó la Directiva N° 01-2013- JUS/CN, por la cual se dictó los lineamientos para la adecuada aplicación del Decreto Supremo N° 006-2013- JUS, conforme al acuerdo adoptado por el Consejo del Notariado, en su oportunidad; Que, el Art. 6° de la referida Directiva, establece la procedencia de autorizar instrumentos notariales, sólo si el pago de todas las obligaciones que de ellos se deriven, haya sido efectuado antes del ingreso del documento al ofi cio notarial y así conste en documento privado o minuta, o que habiendo sido presentado al ofi cio notarial, el pago no se efectúe en el interior del mismo; situación que corresponde aclarar, con el objeto que su interpretación no afecte la debida aplicación del Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, que estableció límites al uso de dinero en efectivo al interior de los ofi cios notariales; Que, por otro lado, con fecha 22 de mayo de 2013, se publicó en el Diario Ofi cial Peruano la fe de erratas respecto al literal g) del Art. 5° del mencionado Decreto, precisando que los otros documentos que impliquen afectación sobre bienes muebles e inmuebles, respecto a los cuales recae la verifi cación biométrica, están referidos a documentos protocolares; Que, al respecto, el Art. 10° de la Directiva aprobada mediante Resolución del Consejo del Notariado N° 044- 2013-JUS/CN, ha dispuesto que el uso del Sistema de Identifi cación por Comparación Biométrica, recae respecto a los comparecientes e intervinientes o de sus representantes que mediante otros instrumentos protocolares o extraprotocolares no mencionados en los demás literales del artículo 5 del Decreto Supremo, que dispongan, graven o adquieran bienes muebles e inmuebles u otorguen poderes para dicha fi nalidad, cualquiera que sea la denominación del acto o contrato, a título oneroso o gratuito; Que, conforme a lo expuesto, es necesario precisar el Art. 10° aludido, conforme a lo regulado por el Art. 5° literal g) del Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, excluyendo a los documentos extraprotocolares de su redacción; y, Estando a las consideraciones expuestas y en mérito a lo acordado por el Consejo del Notariado en su sesión de fecha 27 de febrero de 2014; SE RESUELVE: Artículo 1º.- DISPONER la modifi cación del Art. 6° de la Directiva N° 001-2013-JUS/CN, el cual quedará redactado con el siguiente texto: “Artículo 6.- Obligación de realizar los pagos fuera del ofi cio notarial “Cuando se autorice o extienda instrumentos notariales protocolares, en los que se realicen operaciones por montos superiores a S/ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos Nuevos Soles) o su equivalente en moneda extranjera, el pago de las obligaciones que de ellos derivan debe efectuarse antes del ingreso del documento al Despacho Notarial. De haber sido ya presentado el documento al Ofi cio Notarial, no cabe efectuar el pago en efectivo de las obligaciones referidas, en el interior de dicho Ofi cio. El Notario Público dejará constancia del medio de pago utilizado y la referencia de la transacción o, según el caso, de la no utilización de dichos medios de pago, conforme a lo establecido en el artículo 7° del Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, aprobado por Decreto Supremo Nº 150-2007-EF.” Artículo 2º.- DISPONER la modifi cación del Art. 10° de la Directiva N° 001-2013-JUS/CN, el cual quedará redactado con el texto siguiente: “Artículo 10°.- Uso del sistema biométrico en otros instrumentos protocolares De acuerdo a lo dispuesto en el literal g) del artículo 5° del Decreto Supremo, es obligatoria la verifi cación mediante el Sistema de Identifi cación por Comparación Biométrica respecto a los comparecientes e intervinientes o de sus representantes que, mediante otros instrumentos protocolares, no mencionados en los demás literales del artículo 5 del Decreto Supremo, dispongan, graven o adquieran bienes muebles e inmuebles u otorguen poderes para dicha fi nalidad, cualquiera que sea la denominación del acto o contrato, a título oneroso o gratuito.” Regístrese, comuníquese y publíquese.- Con la intervención de los señores Consejeros: Dra. Frieda Roxana Del Águila Tuesta, Dra. Clara Mercedes Cahua Gutiérrez y Dr. Manuel Francisco Jiménez Achútegui. FRIEDA ROXANA DEL AGUILA TUESTA Presidenta Consejo del Notariado 1084680-1 Continue reading
18-05-14 LEY Nº 30199 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 603 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL SOBRE INTERDICTO DE RECOBRAR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: Artículo único. Modificación del artículo 603 del Código Procesal Civil Modifícase el artículo 603 del Código Procesal Civil, promulgado por el Decreto Legislativo 768, en los términos siguientes: “Artículo 603. Interdicto de recobrar Procede cuando el poseedor es despojado de su posesión, siempre que no haya mediado proceso previo. Sin embargo, si se prueba que el despojo ocurrió en ejercicio del derecho contenido en el artículo 920 del Código Civil, la demanda será declarada improcedente. Procede a pedido de parte la solicitud de posesión provisoria del bien una vez que haya sido admitida la demanda, la que se sujeta a los requisitos y trámites de la medida cautelar.” Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación. En Lima, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil catorce. FREDY OTÁROLA PEÑARANDA Presidente del Congreso de la República LUIS IBERICO NÚÑEZ Segundo Vicepresidente del Congreso de la República AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil catorce. OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la República RENÉ CORNEJO DÍAZ Presidente del Consejo de Ministros 1084506-1 Continue reading
Aprueban Directiva Nº 004-2014-OSCE/CD “Disposiciones sobre el contenido de las Bases Estandarizadas que las entidades del Estado deben utilizar en los procesos de selección que convoquen al amparo de la Ley Nº 30191”,RESOLUCIÓN Nº 167-2014-OSCE/PRE Jesús María, 15 de mayo de 2014 VISTOS: El Acta del Consejo Directivo Nº 007-2014/OSCECD, de fecha 14 de mayo de 2014, correspondiente a la Sesión Ordinaria Nº 007-2014/OSCE-CD, el Informe Nº 017-2014/DTN, de fecha 13 de mayo de 2014, de la Dirección Técnico Normativa y el Informe Nº 171-2014/ OAJ, de fecha 14 de mayo de 2014, de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; CONSIDERANDO: Que, el artículo 57º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, establece que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y fi nanciera; Que, mediante Ley Nº 30191, se establecieron medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre, disponiéndose en el artículo 14º numeral 14.1 que en los supuestos allí consignados, las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales quedan facultados para aplicar el procedimiento especial de contratación para ejecución de obras que fi gura en el Anexo Nº 04 de dicha norma; Que, asimismo, el artículo 14º numeral 14.2 de la referida norma faculta a las entidades del Gobierno Nacional para utilizar la Adjudicación de Menor Cuantía prevista en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, con independencia del monto de la contratación, para la adquisición de terrenos, elaboración de estudios de preinversión y expediente técnico, supervisión de obra, adquisición de equipos y mobiliario, siendo que para el consentimiento de la buena pro y la suscripción de contrato se aplica los procedimientos previstos y plazos previstos en los numerales 10 y 12 del proceso especial de contratación del Anexo Nº 04 de dicha Ley; Que, el numeral 13 del Anexo Nº 04 en mención, señala que los modelos de bases a ser utilizadas en los procesos de selección bajo los alcances de la Ley Nº 30191, son elaborados por el OSCE y publicados en el Portal del Estado Peruano y el Portal del OSCE, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la referida Ley; Que, el literal c) del artículo 58º de la Ley de Contrataciones del Estado, modifi cado por la Ley Nº 29873, señala que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE tiene entre sus funciones el emitir Directivas en las materias de su competencia; Que, el literal d) del artículo 48º del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial Nº 789-2011-EF/10, modifi cado por Decreto Supremo Nº 006-2014-EF, dispone que es función de la Dirección Técnico Normativa elaborar y proponer Directivas de alcance general en materia de contrataciones del Estado, en coordinación con los Órganos de Línea del OSCE; Que, el artículo 49º del referido Reglamento, señala que la Sub Dirección de Normatividad de la Dirección Técnica Normativa es responsable de la formulación de Directivas, Bases Estandarizadas y otros instrumentos referidos a la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado y a la mejora del sistema de contratación pública, así como de mantener actualizados los instrumentos normativos referidos a la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado; Que, en el marco de la referida facultad, la Dirección Técnico Normativa con el visado de la Sub Dirección de Normatividad, a través del Informe Nº 017-2014/DTN, señala que en el marco de la Ley Nº 30191, corresponde aprobar una Directiva que contenga la Base Estandarizada para la contratación de ejecución de obras, y las Bases Estandarizadas para la contratación de bienes, suministro de bienes, servicios de consultoría y consultoría de obra, para lo cual propone para aprobación la Directiva denominada “Disposiciones sobre el contenido de las Bases Estandarizadas que las entidades del Estado deben utilizar en los procesos de selección que convoquen al amparo de la Ley Nº 30191”; Que, el numeral 60.1 del artículo 60º de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el Consejo Directivo es el máximo órgano del OSCE y tiene entre sus funciones aprobar las Directivas a que se refi ere el artículo 58º de dicha Ley; Que, los literales a) y k) del artículo 8º del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, señala como función del Consejo Directivo aprobar las Directivas referidas en el literal c) del artículo 58º de la Ley y el aprobar las Bases Estandarizadas a ser utilizadas obligatoriamente por las entidades; Que, en ese sentido, el Consejo Directivo mediante Acuerdo Nº 002-007-2014/OSCE-CD de la Sesión Ordinaria Nº 007-2014/OSCE-CD, de fecha 14 de mayo de 2014, acordó aprobar la Directiva “Disposiciones sobre el contenido de las Bases Estandarizadas que las entidades del Estado deben utilizar en los procesos de selección que convoquen al amparo de la Ley Nº 30191” y los modelos de Bases Estandarizadas contenidos en dicha Directiva, en aplicación de la Ley Nº 30191; Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto resolutivo formalizando el citado Acuerdo del Consejo Directivo; De conformidad con el literal k) del artículo 11º del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial Nº 789-2011-EF/10, modifi cado por Decreto Supremo Nº 006-2014-EF, con los artículos 6º y 7º inciso 8) del Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Directivo del OSCE, y con las visaciones de la Dirección Técnico Normativa, la Ofi cina de Asesoría Jurídica y la Secretaría General. SE RESUELVE: Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 004-2014-OSCE/ CD “Disposiciones sobre el contenido de las Bases Estandarizadas que las entidades del Estado deben utilizar en los procesos de selección que convoquen al amparo de la Ley Nº 30191”, que como anexo adjunto forma parte de la presente Resolución, la misma que entrará en vigencia en la fecha de su publicación. Artículo 2º.- Publicar la Directiva Nº 004-2014-OSCE/ CD, aprobada en el artículo precedente, en el Portal Web del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y el Portal Web del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE (www.osce.gob.pe). Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano. Regístrese, comuníquese y publíquese. MAGALI ROJAS DELGADO Presidenta Ejecutiva 1083774-2 Continue reading
ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Res. N° 166-2014-OSCE/PRE.- Modifican las Bases Estandarizadas contenidas en la Directiva N° 018-2012-OSCE/CD “Disposiciones sobre el contenido de las Bases Estandarizadas que las Entidades del Estado deben utilizar en los procesos de selección que convoquen” Jesús María, 15 de mayo de 2014 VISTOS: El Acta del Consejo Directivo Nº 007-2014/OSCECD, de fecha 14 de mayo de 2014, correspondiente a la Sesión Ordinaria Nº 007-2014/OSCE-CD, el Informe Nº 013-2014/DTN, de fecha 07 de mayo de 2014, de la Dirección Técnico Normativa y el Informe Nº 168-2014/ OAJ, de fecha 13 de mayo de 2014, de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; CONSIDERANDO: Que, el artículo 57º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, establece que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y fi nanciera; Que, el literal c) del artículo 58º de la Ley de Contrataciones del Estado, modifi cado por la Ley Nº 29873, señala que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE tiene entre sus funciones el emitir Directivas en las materias de su competencia; Que, el artículo 26º de la referida Ley dispone que el OSCE, mediante Directivas, aprobará Bases Estandarizadas, cuyo uso será obligatorio por las Entidades; Que, mediante Resolución Nº 293-2012-OSCE/ PRE, de fecha 18 de setiembre de 2012, se aprobó la Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD “Disposiciones sobre el contenido de las Bases Estandarizadas que las Entidades del Estado deben utilizar en los procesos de selección que convoquen”, la misma que fue modifi cada por Resoluciones Nº 374-2012-OSCE/PRE y Nº 047-2013- OSCE/PRE; Que, con Resolución Nº 242-2013-OSCE/PRE, de fecha 19 de julio de 2013, se modifi caron, entre otras, las Bases Estandarizadas de Licitación Pública y Adjudicación Directa Pública para la contratación de ejecución de obras contenidas en la Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD; Que, mediante Decreto Supremo Nº 080- 2014-EF, se modificó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en artículos relacionados con la presentación de traducciones en las propuestas, la antigüedad del valor referencial en el caso de contratación de consultoría de obras, así como respecto de los requisitos, plazos y procedimiento para suscribir el contrato, entre otros; Que, el literal d) del artículo 48º del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial Nº 789-2011-EF/10, modifi cado por Decreto Supremo Nº 006-2014-EF, dispone que es función de la Dirección Técnico Normativa elaborar y proponer Directivas de alcance general en materia de contrataciones del Estado, en coordinación con los Órganos de Línea del OSCE; Que, el artículo 49º del referido Reglamento, señala que la Sub Dirección de Normatividad de la Dirección Técnica Normativa es responsable de la formulación de Directivas, Bases Estandarizadas y otros instrumentos referidos a la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado y a la mejora del sistema de contratación pública, así como de mantener actualizados los instrumentos normativos referidos a la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado; Que, en el marco de la referida facultad, la Dirección Técnico Normativa con el visado de la Sub Dirección de Normatividad, a través del Informe Nº 013-2014/ DTN, sustenta la necesidad de modifi car las Bases Estandarizadas contenidas en la Directiva N° 018-2012- OSCE/CD, a fi n de adecuarlas a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2014-EF, para lo cual adjunta la propuesta de Bases Estandarizadas; Que, las Bases Estandarizadas orientan a las Entidades sobre su contenido y obligatoriedad en los proceso de selección que convoquen, las mismas que deben encontrarse acorde con el marco normativo aplicable vigente en materia de contrataciones del Estado, por lo que corresponde se apruebe su actualización, considerando las modifi caciones realizadas por el Decreto Supremo Nº 080-2014-EF; Que, el numeral 60.1 del artículo 60º de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el Consejo Directivo es el máximo órgano del OSCE y tiene entre sus funciones aprobar las Directivas a que se refi ere el artículo 58º de la dicha Ley; Que, los literales a) y k) del artículo 8º del ROF del OSCE, señala como función del Consejo Directivo aprobar las Directivas referidas en el literal c) del artículo 58º de la Ley y el aprobar las Bases Estandarizadas a ser utilizadas obligatoriamente por las entidades; Que, en ese sentido, el Consejo Directivo mediante Acuerdo Nº 001-007-2014/OSCE-CD de la Sesión Ordinaria Nº 007-2014/OSCE-CD, de fecha 14 de mayo de 2014, acordó aprobar la modifi cación de las Bases Estandarizadas contenidas en la Directiva Nº 018-2012- OSCE/PRE en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2014-EF; Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto resolutivo formalizando el citado Acuerdo del Consejo Directivo; De conformidad con el literal k) del artículo 11º del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial Nº 789-2011- EF/10, modificado por Decreto Supremo Nº 006-2014- EF, con los artículos 6º y 7º inciso 8) del Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Directivo del OSCE, y con las visaciones de la Dirección Técnico Normativa, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Secretaría General. SE RESUELVE: Artículo 1º.- Modifi car las Bases Estandarizadas contenidas en la Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD “Disposiciones sobre el contenido de las Bases Estandarizadas que las Entidades del Estado deben utilizar en los procesos de selección que convoquen”, conforme al Anexo que forma parte de la presente Resolución. Artículo 2º.- Publicar el Anexo a que se refi ere el artículo precedente, en el Portal Web del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y el Portal Web del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE (www.osce.gob.pe). Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano. Regístrese, comuníquese y publíquese. MAGALI ROJAS DELGADO Presidenta Ejecutiva 1083774-1 Continue reading
CAS. Nº 172-2011 LIMA Copias de la carpeta fiscal es gratuita si se acredita escasos recursos del beneficiario Descargar CAS. Nº 172-2011 LIMA Continue reading
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO Aprueban “Plan de Actuación para la Promoción del Autoempleo Productivo para Retornantes y Familiares de Peruanos en el Exterior” RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 129-2013-TR Lima, 23 de julio de 2013 VISTOS: El Ofi cio Nº 971-2013-MTPE/3/17, de la Dirección General de Promoción del Empleo; el Ofi cio N° 269-2013-MTPE/4/9, de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 472-2013-MTPE/4.8, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y, CONSIDERANDO: Que, conforme a lo estipulado en el artículo 59° de la Constitución Política del Perú, “El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades”; Que, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ratifi cada por el Perú mediante Decreto Supremo Nº 071-2005- RE, vigente a partir del 01 de abril de 2006, toma en consideración la utilización de instrumentos de ayuda a la reinserción socio económica y laboral del migrante; Que, en la Política 4 del anexo Políticas Nacionales de Empleo del Decreto Supremo N° 052-2011-PCM, que modifi ca el numeral 9, Políticas Nacionales en materia de Empleo y MYPE, sub numeral 9.1 del artículo 2° del Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, se establece: “Desarrollar e incrementar las capacidades emprendedoras de la población en edad de trabajar e impulsar sus emprendimientos en un marco de inclusión social, competitividad y enfoque de género”, asimismo, la Política Específi ca 4.1 y la Estrategia 4.1.4., comprendidas en el citado anexo, hacen referencia a las capacidades emprendedoras de la población, al autoempleo y a la utilización de instrumentos de fi nanciamiento, respectivamente; Que, tanto el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012 – 2016, como el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 264-2012-TR y Resolución Ministerial N° 280-2012-TR, respectivamente, establecen como parte de sus objetivos estratégicos generales, promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fi n de lograr la inserción laboral y el autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la población, como son los trabajadores migrantes y sus familiares, de manera articulada con los gobiernos sub nacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto del medio ambiente; Que, el literal a) del numeral 8.1 del artículo 8° de la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, establece como una función compartida con los gobiernos regionales y locales, entre otras, la de promover el empleo digno y productivo y la inserción en el mercado de trabajo, en un marco de igualdad de oportunidades, especialmente para los grupos vulnerables de la población, mediante la defi nición de planes, estrategias, programas y proyectos nacionales; Que, según un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, la Dirección General de Migraciones y Naturalización, actualmente Superintendencia Nacional de Migraciones y la Organización Internacional para las Migraciones, entre los años 2000 y 2011, han retornado al Perú 232 mil 559 peruanos, lo cual evidencia que el número de peruanos retornantes al país presenta una tendencia creciente, siendo más fuerte el incremento en los últimos periodos; Que, las remesas de peruanos en el exterior remitidas al país representan un fl ujo de dinero importante que se inyecta a nuestra economía, a través de las actividades productivas realizadas por nuestros connacionales en el exterior, remesas que, según el Banco Central de Reserva del Perú durante el año 2012, ascendieron a un total de US$ 2,788 millones de dólares, monto que superó en 3,4% al producido en el año 2011; Que, en ese sentido, a fi n de promover el autoempleo productivo, en Lima Metropolitana y en las ciudades de Arequipa y Huancayo, por ser destinos de los mayores volúmenes de remesas del exterior y con alto fl ujo de migración, se requiere implementar un plan de actuación denominado “Plan de Actuación para la Promoción del Autoempleo Productivo para Retornantes y Familiares de Peruanos en el Exterior”, que articulando esfuerzos propicie el uso productivo de los ahorros de los peruanos retornantes y de las remesas recibidas por los familiares de peruanos en el exterior; Con las visaciones del Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, de la Directora General de Promoción del Empleo y del Jefe de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y, De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 25° de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el artículo 8º de la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; el literal d) del artículo 7° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2010-TR; SE RESUELVE: Artículo 1º.- Aprobación. Aprobar el “Plan de Actuación para la Promoción del Autoempleo Productivo para Retornantes y Familiares de Peruanos en el Exterior”, el que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución ministerial. Artículo 2º.-Aprobación de instrumentos técnicos. Encargar a la Dirección General de Promoción del Empleo la aprobación de instrumentos técnicos necesarios para la implementación del “Plan de Actuación para la Promoción del Autoempleo Productivo para Retornantes y Familiares de Peruanos en el Exterior”. Artículo 3º.- De la publicación. Disponer que el Anexo al que se hace referencia en el artículo 1° de la presente resolución se publique en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.trabajo.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la presente resolución ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano, siendo responsable de dicha acción la Ofi cina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Regístrese, comuníquese y publíquese. NANCY LAOS CÁCERES Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 966241-1 Continue reading
Decreto Supremo 166-2013-EF Dictan normas reglamentarias para la afiliación de los trabajadores independientes domingo, 7 de julio de 2013 Dictan normas reglamentarias para la afiliación de los trabajadores independientes al Sistema Nacional de Pensiones establecida en el artículo 9 de la Ley N° 29903 ECONOMIA Y FINANZAS DECRETO SUPREMO N° 166-2013-EF EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, de conformidad con la Ley N° 28532, corresponde a la Oficina de Normalización Previsional – ONP, la administración del Sistema Nacional de Pensiones - SNP a que se refiere el Decreto Ley N° 19990, así como de otros regímenes previsionales que por ley se le encargue; Que, el artículo 8 de la Ley N° 29903 establece la obligatoriedad de afiliación a un sistema previsional para los trabajadores independientes que no superen los cuarenta (40) años de edad, así como la afiliación facultativa para los que superen dicha edad; Que, el artículo 9 de la Ley N° 29903 señala las disposiciones para el aporte obligatorio de los trabajadores independientes afiliados al SNP, por lo que aquellos que perciban ingresos mensuales mayores a 1,5 de la Remuneración Mínima Vital – RMV se les aplicará la tasa de aporte obligatorio establecido en el Decreto Ley N° 19990, y para aquellos que perciban ingresos mensuales hasta 1,5 de la RMV, se les aplicará una tasa de aporte gradual hasta alcanzar la tasa de aporte obligatoria antes mencionada; Que, por las consideraciones antes expuestas resulta necesario establecer disposiciones reglamentarias para la adecuada afiliación obligatoria al SNP, de los trabajadores independientes que no superen los cuarenta (40) años de edad, así como el pago en forma gradual del aporte para los trabajadores independientes que perciban hasta 1,5 de la RMV; De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29903; DECRETA: Artículo 1.- De la definición del trabajador independiente y de los agentes de retención El trabajador independiente es el sujeto que percibe ingresos que son considerados rentas de cuarta categoría y/o cuarta-quinta categoría regulada en el literal e) del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención son las personas, empresas o entidades obligadas a llevar contabilidad de acuerdo al primer y segundo párrafo del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, que paguen o acrediten los ingresos señalados en el párrafo anterior. También se consideran como agentes de retención a todas las entidades de la Administración Pública, que paguen o acrediten tales ingresos. Artículo 2.- De la afiliación obligatoria del trabajador independiente El trabajador independiente que no supere los cuarenta (40) años de edad, y no se encuentre afiliado a un sistema previsional a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 29903, y además decida incorporarse al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), se afiliará a través de una solicitud en forma presencial o virtual, en la que se deberá consignar necesariamente todos los datos que se indique en dicho formulario; procesada la información, cada trabajador recibirá su constancia de afiliación. El procedimiento de dicha afiliación será aprobado por normas complementarias de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Artículo 3.- De las obligaciones del agente de retención Los agentes de retención están obligados a retener el aporte obligatorio de los trabajadores independientes que no superen los cuarenta (40) años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 29903. Los agentes de retención deberán aplicar la tasa de aporte obligatorio que corresponda de acuerdo al artículo 6, en función al monto que paguen. Una vez que el agente de retención cumpla con la retención del aporte obligatorio de dichos trabajadores independientes, deberá declararlo y pagarlo en forma mensual a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), de acuerdo a la forma, plazos y condiciones que regule mediante Resolución de Superintendencia. Artículo 4.- De las obligaciones del trabajador independiente Los trabajadores independientes que no superen los cuarenta (40) años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 29903 y que perciban rentas de cuarta categoría, deberán exhibir y/o entregar, según corresponda, a su agente de retención, una copia o impresión del documento que acredite su afiliación, conjuntamente con su recibo por honorarios, cuando corresponda emitirlo. En el caso que dichos trabajadores independientes, perciban rentas de cuarta-quinta categoría regulada en el literal e) del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta, deberán entregar a su agente de retención, el documento que acredite su afiliación. En ambos casos, si el agente de retención recae en una misma persona natural o jurídica, tales trabajadores independientes deberán entregar el documento que acredite su afiliación en una sola oportunidad. En el caso que el agente de retención incumpliese con su obligación de retener el aporte obligatorio al SNP, dichos trabajadores independientes deberán declararlo y pagarlo directamente a la SUNAT. Sólo para efectos previsionales, en el caso que el agente de retención hubiera efectuado la retención del aporte obligatorio, e incumpliese con su obligación de declaración y pago a la SUNAT, los trabajadores independientes podrán declarar y pagar dicho aporte directamente a la SUNAT. Artículo 5.- De la base de cálculo y de la regularización del aporte obligatorio La base de cálculo del aporte obligatorio de los trabajadores independientes que no superen los cuarenta (40) años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 29903, está referida al ingreso total mensual percibido por los mencionados trabajadores, y no podrá ser inferior a una Remuneración Mínima Vital (RMV). En caso los ingresos totales mensuales sean menores a una RMV, dichos trabajadores no estarán obligados a aportar al SNP . Cuando los referidos trabajadores generen adicionalmente rentas de trabajo de manera dependiente, en un mes, cuya suma de todos sus ingresos sea inferior a una RMV, tampoco estarán obligados a aportar respecto de las rentas de cuarta categoría y/o cuarta-quinta categoría. En cambio, si la suma de todos sus ingresos es igual o mayor a una RMV, se aplicará la tasa de aporte que corresponda sobre las rentas de cuarta categoría y/o cuarta-quinta categoría que perciban mensualmente. En todos los casos, señalados en el presente párrafo, los mencionados trabajadores aportarán respecto a las rentas de trabajo de manera dependiente, de acuerdo a la normativa sobre la materia. Los trabajadores independientes, que tengan o no tengan agente de retención, deberán regularizar la declaración y el pago del aporte obligatorio, con una periodicidad mensual, de acuerdo al procedimiento establecido por la SUNAT, en las siguientes situaciones: a. Cuando del total de los ingresos mensuales, perciba ingresos por sujetos que no califiquen como agentes de retención. b. Cuando se le hubiere retenido con una tasa de aporte menor y/o que exista un importe pendiente de regularización. Si los referidos trabajadores independientes no perciben ingresos en un determinado mes, no estarán obligados a declarar y pagar el aporte obligatorio. En cualquier caso, para el cómputo del periodo de aportaciones sólo se considerarán los meses en los que se haya verificado el pago efectivo de los aportes al SNP. Artículo 6.- De la tasa de aporte obligatorio Para los trabajadores independientes que no superen los cuarenta (40) años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 29903 y cuyos ingresos mensuales no sean mayores a 1,5 de la RMV, la tasa de aporte obligatorio gradual será la siguiente: Período Tasa de Aporte Hasta diciembre de 2014 7% De enero a diciembre de 2015 10% A partir de enero de 2016 13% La tasa de aporte obligatorio para los referidos trabajadores independientes que perciban ingresos mensuales mayores a 1,5 de la RMV es de 13%. Artículo 7.- Período de aportación Para los trabajadores que generen rentas de trabajo de manera dependiente e independiente en un mes, se considerará como periodo de aportación, cuando cumplan, simultáneamente, con las condiciones y requisitos de aportación en cada caso. Artículo 8.- Condiciones de la aportación, procedimiento de declaración y pago del aporte obligatorio de los trabajadores independientes que no superen los cuarenta (40) años de edad Los trabajadores independientes que no superen los cuarenta (40) años de edad a la fecha de entrada vigencia de la Ley N° 29903, y que se encuentren afiliados al SNP como asegurados facultativos a que se refiere el artículo 4 del Decreto Ley N° 19990, se sujetarán a lo dispuesto en el presente reglamento, y se les reconocerá los aportes realizados para el cálculo de la pensión de jubilación, invalidez y sobrevivencia, según corresponda. Artículo 9.- De la inaplicación de la tasa de aporte gradual al asegurado facultativo Al asegurado facultativo del SNP, no se le aplicará la tasa de aporte gradual a que se refiere el artículo 6. Artículo 10.- Condiciones de la aportación, procedimiento de declaración y pago de aportes previsionales de los trabajadores independientes que superen los cuarenta (40) años de edad Los trabajadores independientes que superen los cuarenta (40) años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 29903, y que se encuentren afiliados al SNP, se sujetarán a las condiciones de la aportación y del procedimiento de declaración y pago de los aportes previsionales de los asegurados facultativos al SNP. Artículo 11.- Refrendo El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL Única.- Normas complementarias de la ONP y la SUNAT La ONP y la SUNAT expedirán las normas complementarias que se requieran para la adecuada implementación de lo dispuesto en este Decreto Supremo. DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA Única.- Modificación del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones aprobado por Decreto Supremo N° 004-98-EF Modifíquense el cuadragésimo sexto párrafo del artículo 3, el artículo 54-C, el primer párrafo del literal e) del artículo 113 y el segundo párrafo del artículo 121-A del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones aprobado por Decreto Supremo N° 004-98-EF, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera: 'Definiciones Artículo 3.- (…) Trabajador independiente: Es el sujeto que percibe ingresos que son considerados rentas de cuarta categoría y/o cuarta-quinta categoría regulada en el literal e) del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta. De la base de cálculo y de la regularización del aporte obligatorio Artículo 54-C.- La base de cálculo del aporte obligatorio de los trabajadores independientes que no superen los 40 años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 29903, está referida al ingreso mensual percibido por los mencionados trabajadores, y no podrá ser inferior a una Remuneración Mínima Vital (RMV). En caso los ingresos totales mensuales sean menores a una RMV, dichos trabajadores no estarán obligados a aportar al SPP . Cuando los referidos trabajadores generen adicionalmente rentas de trabajo de manera dependiente, en un mes, cuya suma de todos sus ingresos sea inferior a una RMV, tampoco estarán obligados a aportar respecto de las rentas de cuarta categoría y/o cuarta-quinta categoría. En cambio, si la suma de todos sus ingresos es igual o mayor a una RMV, se aplicará la tasa de aporte que corresponda sobre las rentas de cuarta categoría y/o cuarta-quinta categoría que perciban mensualmente. En todos los casos, señalados en el presente párrafo, los mencionados trabajadores aportarán respecto a las rentas de trabajo de manera dependiente, de acuerdo a la normativa sobre la materia. Los trabajadores independientes, que tengan o no tengan agente de retención, deberán regularizar la declaración y el pago del aporte obligatorio, con una periodicidad mensual, de acuerdo al procedimiento establecido por la Superintendencia, en las siguientes situaciones: a. Cuando del total de los ingresos mensuales, perciba ingresos por sujetos que no califiquen como agentes de retención. b. Cuando se le hubiere retenido con una tasa de aporte menor y/o que exista un importe pendiente de regularización. Si los referidos trabajadores independientes no perciben ingresos en un determinado mes, no estarán obligados a declarar y pagar el aporte obligatorio. Cálculo del capital requerido Artículo 113.- Para el cálculo del capital requerido para las pensiones de invalidez y sobrevivencia se asumirá la modalidad de Renta Vitalicia, considerando los siguientes porcentajes de la remuneración mensual: (…) e) Catorce por ciento (14%) para los hijos menores de dieciocho (18) años y mayores de dieciocho (18) años que sigan en forma ininterrumpida y satisfactoria estudios del nivel básico o superior de educación, dentro del periodo regular lectivo, los cuales no incluyen los estudios de postgrado, la segunda profesión ni la segunda carrera técnica, y de conformidad al procedimiento y condiciones que, sobre el particular, establezca la Superintendencia. Asimismo, a los hijos mayores de dieciocho (18) años incapacitados de manera total y permanente para el trabajo, de acuerdo al dictamen del comité médico competente, conforme a lo previsto en el Capítulo IV del presente título; (…). Organismos médicos que conforman el sistema evaluador de la invalidez en el SPP Artículo 121-A. (…) El COMAFP es el organismo médico de evaluación y calificación de invalidez en primera instancia, y el COMEC es el de segunda instancia. En el ejercicio de sus funciones se encuentran asistidos por médicos representantes, médicos consultores y médicos observadores, de conformidad con las disposiciones establecidas por la Superintendencia. Asimismo, la Superintendencia en el cumplimiento de sus funciones, realizará las acciones de supervisión y auditoría de los procedimientos de evaluación y calificación de invalidez que realicen los comités médicos, bajo las instancias administrativas que correspondan.' Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de julio del año dos mil trece. OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la República LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO Ministro de Economía y Finanzas Continue reading
PROYECTO DE REGLAMENTO DE CONSULTA A LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA LAS ACTIVIDADES MINERO ENERGÉTICAS CONSIDERANDO: Que, el 27 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión, la Organización Internacional del Trabajo - OIT, adoptó el Convenio Internacional Nº 169 OIT, denominado como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.; Que, el Convenio N° 169 fue suscrito por el Estado Peruano, como Estado miembro de la OIT y ratificado por el Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa Nº 26253, de fecha 02 de diciembre de 1993; Que, mediante la Sentencia N° 05427-2009-PC/TC del Tribunal Constitucional, de fecha 30 de junio de 2010, se ordenó al Ministerio de Energía y Minas que, dentro del marco de sus competencias, emita un reglamento especial que desarrolle el derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas, de conformidad con los principios y reglas establecidos en los artículos 6.1, 6.2 y 15.2 del Convenio N° 169 de la OIT; Que, el artículo 6.1 del Convenio N° 169 establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; y, establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin; Que, el artículo 6.2. del referido Convenio señala que las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas; Que, el artículo 15 del Convenio N° 169 señala que los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho de los Pueblos Indígenas a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras. Asimismo, señala que en caso que el Estado tenga la propiedad de los recursos del subsuelo o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida; Que, en ese sentido, resulta necesario reglamentar la Consulta recogida en el Convenio N° 169, respecto de las medidas administrativas y normativas correspondientes al Sector Minero Energético; En cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 05427-2009- PC/TC; DECRETA: Artículo 1°.- APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA LAS ACTIVIDADES MINERO ENERGÉTICAS Apruébese el Reglamento de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas, el cual consta de catorce (14) artículos y una (01) Disposición Complementaria y Final. Artículo 2°.- REFRENDO El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Energía y Minas. Dado en la Casa de Gobierno, a los REGLAMENTO DE CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA LAS ACTIVIDADES MINERO ENERGÉTICAS Artículo 1°.- Objeto del Reglamento 1.1 El presente Reglamento establece el marco normativo para el ejercicio del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas, consagrado en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado mediante la Resolución Legislativa Nº 26253, para las actividades minero energéticas a nivel nacional. 1.2 El objeto del presente reglamento es desarrollar el contenido, los principios y alcances básicos del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas en el proceso de toma de decisiones del Estado, respecto de aquellas medidas administrativas y normativas para el desarrollo de las Actividades Minero Energéticas, que les afecte o sean susceptibles de afectarles directamente, a fin de asegurar el pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. 1.3 El Ministerio de Energía y Minas, PERUPETRO S.A., INGEMMET, IPEN, y las Direcciones Regionales de Energía y Minas o las que hagan sus veces en los Gobiernos Regionales en el ámbito de las competencias transferidas por el Sector Energía y Minas en el marco del proceso de descentralización, son las entidades del Sector Energía y Minas responsables de llevar a cabo los procesos de Consulta. Artículo 2°.- Finalidad de la Consulta 2.1 La consulta tiene por finalidad llegar a un acuerdo o consentimiento sobre las medidas administrativas y normativas para el desarrollo de Actividades Minero Energéticas, en el marco de un diálogo intercultural de buena fe, basado en la generación de relaciones que propicien la equidad y el respeto, y determinar si los intereses de los Pueblos Indígenas podrían ser afectados directamente y en qué medida. 2.2 En caso no se llegue a un acuerdo o consentimiento, el Ministerio de Energía y Minas, PERUPETRO, INGEMMET, IPEN o las Direcciones Regionales de Energía y Minas o las que hagan sus veces en los Gobiernos Regionales, adoptarán las medidas administrativas objeto de Consulta, garantizando los derechos de los Pueblos Indígenas, motivando su decisión, en el marco del sistema constitucional. En el caso de las medidas normativas, el Ministerio de Energía y Minas actuará de la misma manera. Artículo 3°.- Medidas objeto de la Consulta. Son medidas administrativas y normativas materia de consulta, en el ámbito de las actividades minero energéticas las siguientes: 3.1 Medidas normativas Normas de alcance general o específico susceptibles de afectar de manera directa a los Pueblos Indígenas. 3.2 Medidas Administrativas Acto administrativo que contiene declaraciones destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados y que sean susceptibles de afectar directamente a los Pueblos Indígenas dentro de una situación concreta. Las medidas administrativas materia de consulta son las siguientes: a. Otorgamiento de Concesiones Mineras. b. Concesión de Beneficio, Transporte y de Labor General. c. Conformación, extensión, delimitación y nomenclatura de Lotes de Hidrocarburos, y suscripción de Contratos de Exploración y Exploración de Hidrocarburos. d. Otorgamiento de las Concesiones para el Transporte y Distribución de Hidrocarburos por ductos. e. Autorizaciones para la instalación de Plantas de Transformación y procesamiento de hidrocarburos. f. Otorgamiento de Concesiones Temporales y Definitivas de Generación y de Transmisión Eléctricas. g. Otorgamiento de Derechos Geotérmicos. Artículo 4°.- Principios a) Buena Fe Tanto las entidades responsables de ejecutar la Consulta como los representantes y las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas consultados deben facilitar el diálogo para el desarrollo del proce so de consulta. Asimismo, ambas partes deben evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión de lo acordado, interferir u omitir cooperar con el desarrollo o implementación de los acuerdos respecto de la medida materia de Consulta, evitando a su vez la falta de diligencia en el cumplimiento de lo acordado. Se debe excluir prácticas sutiles, implícitas o expresas que atenten contra el contenido el derecho de consulta, tanto por parte de las entidades que ejecutan la Consulta como por los representantes y las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas, o cualquier otro particular que intervenga en el proceso de Consulta. El uso de violencia va en contra de este principio. b) Flexibilidad Los procesos de Consulta deben ser llevados a cabo de una manera apropiada a las circunstancias, teniendo en consideración la diversidad de Pueblos Indígenas existentes y la diversidad de sus costumbres. En tanto las medidas a consultar tienen diversos alcances, cada proceso de consulta se debe ajustar al tipo de medida, sea administrativa o normativa, y al nivel de posible afectación de los intereses de los pueblos indígenas. c) Transparencia Todos los involucrados en el proceso de consulta, tienen el derecho a participar responsablemente, proporcionando la información necesaria, de forma oportuna, continua y accesible, empleando el idioma de los Pueblos Indígenas con un lenguaje sencillo, claro y culturalmente apropiado, así como los medios de comunicación adecuados de modo que se garantice un proceso de diálogo real. Este principio es de aplicación a las relaciones entre los Pueblos Indígenas, sus representantes y sus instituciones representativas. d) Oportunidad La Consulta se debe llevar a cabo en forma previa a la toma de la decisión respecto de la medida administrativa o normativa. e) Interculturalidad Toda relación desarrollada entre los Pueblos Indígenas, sus representantes e instituciones representativas y las autoridades de la administración pública debe llevarse a cabo en el marco de la interacción entre culturas distintas basada en la igualdad, la diversidad cultural, privilegiando el respeto, el diálogo y la concertación. f) Representatividad Los Pueblos Indígenas que puedan resultar afectados directamente con la implementación de determinada medida, participan en el proceso de consulta, a través de los representantes de los Pueblos Indígenas. Artículo 5°.- Ámbito de la Consulta. La consulta se lleva a cabo de acuerdo a lo siguiente: 5.1 En el caso de medidas normativas, la consulta se realizará a las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas de carácter nacional, debidamente acreditados ante el Ministerio de Cultura. 5.2 En el caso de las medidas administrativas, la consulta se realizará a través de sus representantes comunales, debidamente elegidos, de los Pueblos Indígenas directamente afectadas. Artículo 6°.- Responsables de la ejecución de la Consulta 6.1 Respecto de cada procedimiento administrativo que derive de la medida administrativa susceptible de afectar a Pueblos Indígenas, la entidad que instruye el procedimiento será responsable de llevar a cabo el proceso de Consulta respectivo. De manera excepcional, cuando los procedimientos administrativos para la adopción de una medida administrativa, conlleven la realización de procesos de Consulta a los mismos Pueblos Indígenas, a través de sus representantes, dicha entidad podrá determinar la acumulación de procesos de consulta, siempre que el pueblo indígena susceptible de afectarlo sea el mismo y las medidas a ser consultadas pertenezcan al mismo subsector. 6.2 Para el caso de medidas normativas susceptibles de afectar directamente Pueblos Indígenas, las diferentes Direcciones Generales del Ministerio de Energía y Minas, según corresponda, serán responsables de efectuar el procedimiento de Consulta correspondiente, previo a la emisión de la medida normativa que se proponga y sea susceptible de afectar de manera directa a Pueblos Indígenas. Artículo 7°.- Evaluación de los actos administrativos o normativos Las entidades responsables de llevar a cabo el procedimiento de Consulta, deberán evaluar si los actos administrativos o normativos a ser adoptados son susceptibles de afectar directamente a los Pueblos Indígenas, calificando si procede o no realizar un proceso de consulta respecto a las medidas que se prevean realizar. Artículo 8°.- Planificación de la Consulta La entidad que instruye el procedimiento administrativo que conlleva la adopción de una medida normativa o administrativa, evaluará si dicha medida es susceptible de afectar directamente a Pueblos Indígenas. De concluir que la medida normativa o administrativa es susceptible de afectar directamente a Pueblos Indígenas, dicha entidad será responsable de ejecutar el proceso de consulta, para lo cual deberá cumplir lo siguiente: 8.1. Respecto de medidas normativas: a. Señalar los Pueblos Indígenas susceptibles de ser afectados directamente, y a sus instituciones representativas acreditadas ante el Ministerio de Cultura. b. Planificar el proceso de Consulta, considerando el idioma, usos y costumbres de los Pueblos Indígenas a ser consultados, definiendo de manera concreta la medida normativa materia de Consulta y cómo esta afectaría directamente los derechos o intereses de los pueblos indígenas. c. Informar a las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas sobre la medida normativa, brindando información oportuna y accesible, en forma transparente, empleando métodos y procedimientos culturalmente adecuados, respecto de los posibles impactos de la medida que se prevé adoptar. 8.2 Respecto de medidas administrativas a. Señalar los Pueblos Indígenas susceptibles de ser afectados directamente, y a sus representantes comunales de la relación acreditadas ante el Ministerio de Cultura. b. Planificar el proceso de Consulta, considerando el idioma, usos y costumbres de los Pueblos Indígenas a ser consultados, definiendo de manera concreta la medida administrativa materia de Consulta y cómo ésta afectaría los derechos o intereses de los pueblos indígenas. c. Informar a los Pueblos Indígenas a través de los representantes de los Pueblos Indígenas, sobre la medida administrativa, brindando información oportuna y accesible, en forma transparente, empleando métodos y procedimientos culturalmente adecuados, respecto de los posibles impactos de la medida que se prevé adoptar. Artículo 9°.- Etapas del proceso de Consulta El proceso de Consulta se estructura en dos (02) etapas: a. La consulta; y, b. La implementación de la medida. Artículo 10°.- La Consulta En esta etapa, el procedimiento de Consulta se llevará a cabo de la siguiente manera: 10.1. Respecto de medidas normativas a. Luego de recibida la información sobre la medida normativa, las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas, en un plazo de diez (10) días hábiles,.realizarán una evaluación de las implicancias de la medida normativa susceptible de afectar directamente a los Pueblos Indígenas.. b. Culminado el plazo anterior, la entidad responsable del proceso de Consulta convocará a las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas a iniciar el proceso de diálogo y negociación sobre la medida normativa materia de Consulta, por un plazo de hasta diez (10) días hábiles. c. Los acuerdos alcanzados en el proceso de diálogo constarán en un Acta la cual será suscrita por el representante de la entidad responsable de la Consulta y los representantes de los las instituciones representativas, dándose por concluido el proceso de Consulta. d. En caso no se llegue a un acuerdo, la entidad responsable de la Consulta dará por concluida una primera fase de diálogo y negociación, dejando constancia en el Acta correspondiente, suscrita por el representante de la entidad responsable de la Consulta y los representantes de las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas, los puntos sobre los cuales existe acuerdo o consenso, así como los puntos sobre los que no se llegó a un acuerdo. e. En caso no se llegue a un acuerdo o consentimiento, la entidad responsable de ejecutar la Consulta convocará, en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles a una segunda fase de diálogo y negociación, para lo cual se aplicarán los mismos procedimientos establecidos para la primera fase de diálogo y negociación. De igual manera, los acuerdos arribados constarán en una segunda Acta complementaria la cual será suscrita por el representante de la entidad responsable de la Consulta y los representantes de las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas, dándose por concluido el proceso de Consulta. f. Si a pesar de los esfuerzos realizados por las partes, no se alcanza consenso alguno, la entidad que propone la medida normativa, podrá dictar o desistirse de dicha medida, garantizando los derechos de los Pueblos Indígenas y atendiendo, en lo que sea pertinente, las peticiones y observaciones expresadas por los representantes de las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas durante el proceso de Consulta, conforme al artículo 11º literal c) 10.2 Respecto de medidas administrativas a. Luego de recibida la información sobre la medida administrativa, los representantes de los Pueblos Indígenas, en un plazo de diez (10) días hábiles , realizarán una evaluación de las implicancias de la medida administrativa susceptible de afectar a los Pueblos Indígenas. b. Culminado el plazo anterior, la entidad responsable del proceso de Consulta convocará a los representantes de los Pueblos Indígenas a iniciar el proceso de diálogo y negociación sobre la medida administrativa materia de Consulta, por un plazo de hasta diez (10) días hábiles. c. Los acuerdos alcanzados en el proceso de diálogo constarán en un Acta la cual será suscrita por el representante de la entidad responsable de la Consulta y los representantes de los Pueblos Indígenas, dándose por concluido el proceso de Consulta. d. En caso no se llegue a un acuerdo, la entidad responsable de la Consulta dará por concluida una primera fase de diálogo y negociación, dejando constancia en el Acta correspondiente, suscrita por el representante de la entidad responsable de la Consulta y los representantes de los Pueblos Indígenas, los puntos sobre los cuales existe acuerdo o consenso, así como los puntos sobre los que no se llegó a un acuerdo. e. En caso no se llegue a un acuerdo o consentimiento, la entidad responsable de ejecutar la Consulta convocará en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles, a una segunda fase de diálogo y negociación, para lo cual se aplicarán los mismos procedimientos establecidos para la primera fase de diálogo y negociación. De igual manera, los acuerdos arribados constarán en una segunda Acta complementaria la cual será suscrita por el representante de la entidad responsable de la Consulta y los representantes de los Pueblos Indígenas, dándose por concluido el proceso de Consulta. g. Si a pesar de los esfuerzos realizados por las partes, no se alcanza consenso alguno, la entidad que propone la medida administrativa, podrá dictar o aprobar dicha medida, garantizando los derechos de los Pueblos Indígenas y atendiendo, en lo que sea pertinente, las peticiones y observaciones expresadas por los representantes de los Pueblos Indígenas durante el proceso de Consulta, conforme al artículo 11, literal c) Artículo 11.- Decisión La decisión sobre la implementación de la medida normativa o administrativa corresponde a la entidad responsable de ejecutar la Consulta. La entidad responsable de ejecutar la Consulta debe proceder de la siguiente manera: a) Acuerdo total.- En caso de existir acuerdos, la entidad responsable de la Consulta ejecutará decisión con los acuerdos contenidos en el Acta de Consulta, respetándolos íntegramente e incorporándolos en el acto administrativo o medida normativa correspondiente. b) Acuerdo parcial.- Cuando exista un acuerdo o consentimiento parcial, la entidad responsable de ejecutar la Consulta deberá tomar una decisión respecto de la dación de la medida administrativa o normativa, considerando los aportes y observaciones de los representantes de los Pueblos Indígenas o de las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas, respectivamente, formulados en el proceso de consulta y contenidos en el Acta de Consulta. En tal caso, el Estado adecuará la medida con atención a lo señalado en el acta de consulta o desistirse de ella. c) Inexistencia de acuerdo.- Si no se llega a un acuerdo o consentimiento: i. La entidad responsable de ejecutar la Consulta debe evaluar su decisión de adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. Asimismo, debe fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos y el derecho, así como del contenido del Acta de Consulta. ii. La Entidad responsable de ejecutar la Consulta debe comunicar a los representantes de los Pueblos Indígenas, en caso de medidas administrativas, y las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas, en caso de medidas normativas, respecto de la decisión adoptada. Artículo 12°.- Suspensión del proceso de consulta En caso que durante el proceso de Consulta no se cuente con las garantías para la realización del diálogo entre las partes involucradas ni tampoco se cuente con la seguridad adecuada, la entidad responsable de ejecutar la Consulta puede suspender la ejecución de los referidos actos, dándose por concluida la primera etapa. Para ello, la entidad responsable emitirá un informe debidamente motivado sobre los hechos o circunstancias que originan la suspensión del proceso. La suspensión del proceso no agota la obligación de consulta por parte de la entidad responsable de ejecutarla, siendo que la entidad responsable de ejecutar la Consulta tendrá que iniciar una segunda etapa de diálogo y negociación, para lo cual se emplearán los mismos procedimientos establecidos en el presente reglamento, en lo que sea aplicable. Artículo 13°.- Imposibilidad de realizar el proceso de consulta 13.1 En caso no exista disposición por parte de los representantes de los Pueblos Indígenas y/o de las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas para que se lleve a cabo el proceso de consulta, la entidad responsable de ejecutar dicho proceso, luego de un plazo de diez (10) días hábiles, convocará nuevamente a dichos representantes o instituciones a reiniciar el proceso de diálogo y negociación sobre la medida administrativa o normativa materia de Consulta. 13.2 En caso persista la negativa por parte de los representantes de los Pueblos Indígenas y/o de las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas para la consecución del diálogo y negociación, la entidad proponente de la medida administrativa o normativa deberá evaluar la pertinencia de la adopción de dicha medida, dándose por concluido el proceso de consulta. 13.3 En caso la entidad que propone la medida administrativa o normativa adopta o aprueba dicha medida, deberá informar a los representantes los Pueblos Indígenas o de las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas de la medida administrativa o normativa adoptada, respectivamente, la cual deberá estar debidamente motivada en el acto administrativo o la norma correspondiente, con respeto por los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas. Artículo 14°.- De la participación de facilitadores e intérpretes en el proceso de Consulta La entidad responsable de ejecutar la Consulta puede convocar a facilitadores e intérpretes debidamente capacitados, previo acuerdo con los representantes de los Pueblos Indígenas o de las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas. DISPOSICION COMPLEMENTARIA Y FINAL UNICA.- Por Resolución Ministerial se establecerán las medidas complementarias a las disposiciones del presente reglamento Continue reading
EXP. Nº. 02801-2008-PHC/TC LIMA,DETENCIÓN PREVENTIVA PUEDE PRORROGARSE HASTA POR 72 MESES EN LOS DELITOS DE REBELIÓN ANTAURO IGOR HUMALA TASSO SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 3 días del mes de agosto de 2009, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con los votos singulares de los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Calle Hayen, que se agregan ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edmundo Inga Garay a favor de don Antauro Igor Humala Tasso, contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 116, su fecha 28 de abril de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos. ANTECEDENTES Con fecha 15 de enero de 2008 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los integrantes de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, vocales Morante Soria, Rojjasi Pella y Ordóñez Alcántara, solicitando que se ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso en el plazo de detención provisional y en su lugar se dicte mandato de comparecencia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.° 20-05). Refiere que desde el día de su detención, 4 de enero de 2005, a la fecha de la postulación de la presente demanda ha transcurrido más de 36 meses por lo que debe disponerse su inmediata excarcelación en aplicación de lo establecido en el artículo 137 del Código Procesal Penal, pues ocurre que el “proceso ni siquiera se encuentra en etapa de juicio oral” (sic). Afirma que la Resolución de fecha 3 de enero de 2008, que resuelve prolongar el plazo de detención en su contra por treinta y seis meses adicionales, no se encuentra debidamente motivada toda vez que al no existir fundamento legal para la prolongación la libertad ha operado de manera automática, no existiendo una conducta obstruccionista del beneficiario ni de su defensa y que el proceso penal sub materia no trata de un caso excepcional que habilite la prolongación más allá de los 36 meses, por consiguiente se afecta su derecho a la libertad personal, debido proceso, motivación de las resoluciones judiciales e igualdad ante la ley. Realizada la investigación sumaria el favorecido ratificó los términos de la demanda. De otro lado, los vocales emplazados señalan que el plazo máximo de detención provisional de 36 meses puede excepcionalmente ser prolongado mediante auto debidamente motivado, lo que se fundamenta en la resolución de prolongación de la detención del favorecido. Agregan que el auto de prolongación de la detención no cumple con el requisito de firmeza. El Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, con fecha 24 de enero de 2008, declaró improcedente la demanda por considerar que la resolución que prolonga la detención del favorecido a 72 meses no es firme conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal constitucional ya que ha sido materia de recurso de apelación. La Sala Superior revisora confirmó la apelada por considerar que la resolución cuestionada, que se encuentra debidamente motivada dentro de un proceso regular, no cumple con el presupuesto de la firmeza que exige el articulo 4° del Código Procesal Constitucional. FUNDAMENTOS Delimitación del petitorio 1. El objeto de la demanda es que se disponga la inmediata excarcelación del favorecido alegándose que sufre prisión preventiva por un periodo de tiempo que excede el plazo máximo legalmente determinado por el artículo 137° del Código Procesal Penal sin haberse dictado sentencia en primera instancia, en la instrucción que se le sigue por los delitos de rebelión y otros (Expediente N.° 20-05), pues se está afectando sus derechos a la libertad personal, debido proceso, motivación de las resoluciones judiciales e igualdad ante la ley. Por todo esto es que se sostiene que debe declararse la nulidad de la Resolución de fecha 3 de enero de 2008, respecto al favorecido, pues resuelve prolongar el plazo de detención en su contra por treinta y seis meses adicionales pese a que no existe fundamento legal que lo sustente. Del contexto normativo del derecho a la libertad personal 2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en su artículo 9° numeral 3) que “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal (...) tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad (...)”. Por consiguiente, en medida de que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales, es deber de este Tribunal no sólo reconocerlo así, sino dispensar la tutela que corresponda a cada caso. 3. La Constitución Política del Perú señala de sus artículos 2°, inciso 24, ordinales "f" y "b" que el derecho a la libertad personal no es absoluto toda vez que se encuentra sujeto a regulación y puede ser restringido por la ley o limitado por bienes o valores constitucionales. A tal efecto, los límites que puede imponérsele son intrínsecos y extrínsecos; los primeros se deducen de la naturaleza y configuración del derecho en cuestión, mientras que los segundos provienen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales. Del tratamiento jurisprudencial del Tribunal Constitucional en cuanto al exceso de detención provisional 4. El Tribunal Constitucional ha señalado de su jurisprudencia recaída en los casos Federico Tiberio Berrocal Prudencio (Expediente N.° 2915-2004-HC/TC) y Hernán Ronald Buitrón Rodríguez (Expediente N.° 7624-2005-PHC/TC) dos supuestos específicos para la prolongación de la detención judicial más allá del tiempo legalmente establecido, estos son los sustentados a) en la conducta obstruccionista del procesado o su defensa que haya dilatado innecesariamente el proceso, computo del tiempo que comportó la conducta obstruccionista del procesado y su descuento que en definitiva implica el computo efectivo del plazo máximo de detención provisional (36 meses para el proceso ordinario); y excepcionalmente b) en los casos de tráfico ilícito de drogas con red internacional en los que concurran circunstancias que importen una especial dificultad que hagan razonable la adopción de la medida. Por consiguiente, toda resolución judicial que pretenda prolongar el plazo de detención provisional por un período superior a 36 meses en el proceso ordinario debe contar necesariamente con una especial motivación sustentada en causas suficientes y objetivas atribuibles a la conducta procesal del imputado. Fuera de estos dos supuestos específicos de prolongación, la resolución judicial que desborde el plazo máximo de detención legal resulta, en principio, inconstitucional, quedando habilitado el correspondiente control constitucional siempre que se acuse el agravio de los derechos fundamentales. Orden constitucional y gobierno legítimamente constituido 5. En un Estado constitucional democrático la Constitución no sólo es norma jurídica con fuerza vinculante que vincula a los poderes públicos y a todos los ciudadanos, sino que también es la norma fundamental y suprema del ordenamiento jurídico. Esto es así porque la Constitución, a partir del principio de supremacía constitucional, sienta las bases constitucionales sobre las que se edifican las diversas instituciones del Estado; a su vez dicho principio exige que todas las acciones personales civiles, económicas, sociales y sobre todo militares deben estar de acuerdo con las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico que la Constitución señala. 6. Sobre esta base el artículo 38º de la Constitución Política del Perú señala que “Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”. A su vez, de sus artículos 45° y 46° prescribe que “El poder emana del pueblo (...) Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición” (...) “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes (...)”; sin antes dejar de reconocer en el inciso 22) de su artículo 2° que la persona humana tiene derecho a la paz. 7. Por lo dicho queda sentado que en nuestro sistema constitucional rige el principio de un Estado Social y Democrático de Derecho en el que la participación ciudadana en la composición del gobierno adquiere una posición constitucional relevante, en base a principios democráticos. Y es que, precisamente, la organización jurídica y la democracia representativa constituyen la condición necesaria para la estabilidad, la seguridad, la paz y el desarrollo social, político y económico del país. 8. En este contexto el Tribunal Constitucional es el primer garante del orden constitucional democrático y del gobierno legítimamente constituido; de ahí que quien participe de la ruptura del orden institucional del Estado democrático debe ser sometido a las vías judiciales en base a las normas legales que establecen responsabilidades con las garantías de un debido proceso. Y es que cualquier alteración inconstitucional del orden democrático será merecedor a una condena internacional, a efectos de que se restaure el orden democrático y que se respeten los derechos humanos. 9. Así, la defensa y salvaguardia del orden constitucional democrático y del gobierno legítimamente constituido no sólo incumbe a los organismos constitucionales sino a todos los ciudadanos quienes estamos en la obligación de observar no sólo la Constitución sino también los principios y propósitos establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1948 y en la Carta Democrática Interamericana de 2001, referida al fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática en los Estados miembros, así como la importancia del respeto irrestricto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Análisis del caso constitucional 10. Del caso de autos se tiene que el proceso penal que se sigue al actor es por los delitos de rebelión y otros (instrucción que cuenta con más de 150 procesados) y que el órgano judicial le impuso mandato de detención provisional como medida coercitiva de la libertad para asegurar su sujeción al proceso, resultando que desde la fecha de su ejecución ha transcurrido más de 36 meses de su reclusión y que a su vencimiento la Sala Superior emplazada, mediante la cuestionada Resolución de fecha 3 de enero de 2008 [fojas 26 del expediente del hábeas corpus], resolvió prolongar su detención provisional portreinta y seis meses adicionales, lo que fue confirmado por Ejecutoria Suprema. 11. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “[...]en circunstancias muy excepcionales, la gravedad especial de un crimen y la reacción del público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por un cierto período, por la amenaza de disturbios del orden público que la liberación del acusado podría ocasionar” (Informe N.º 2/97), máxime si no puede legitimarse la fuerza contra el derecho, como acontece con la figura jurídica de la rebelión, ilícito penal que se imputa al procesado y que es materia de instrucción en la vía legal competente. 12. No cabe duda pues de la suma gravedad que comporta el delito de rebelión, contexto jurídico en el que el Tribunal Constitucional no resulta ajeno a la necesidad de protección y preservación de los bienes constitucionales del derecho a la paz y el garantizar el sistema democrático, por lo que concluye en señalar que resulta razonable la prolongación de la detención provisional más allá de los 36 meses cuando se trate de una instrucción por el delito de rebelión en la que concurre circunstancias que importen una especial dificultad que hagan razonable la adopción de la medida cuestionada, verbigracia la existencia de más de 150 procesados, la intensa actividad probatoria y los hechos que constituyen la materia sometida a la investigación en el proceso que se sigue por los causes de la vía penal ordinaria, como lo es el delito contra la vida. Por consiguiente la demanda debe ser desestimada. 13. Finalmente el Colegiado considera menester señalar que es de conocimiento público que el procesado Antauro Igor Humala Tasso ha desplegado una conducta obstruccionista con la que ha dilatado innecesariamente el proceso que se le sigue (en perjuicio suyo y el de los demás procesados), ofreciendo frases ofensivas y realizando hechos bochornosos con la clara intención de ofender a sus juzgadores lo que originó su expulsión y suspensión de la audiencia, signo inequívoco de la mala fe del procesado, la que no puede ser tolerada por el orden constitucional, todo lo que, aunado a lo anterior expuesto, inequívocamente le da al proceso penal en concreto la significación de complejidad que hace viable por necesaria la excepcional prórroga de la detención provisoria en un plazo adicional excepcional que resulte razonable. 14. Centrado así el tema materia del grado, no está demás precisar que el Tribunal Constitucional se limita a la acusada afectación al derecho fundamental a la libertad personal materia del presente proceso constitucional de hábeas corpus, correspondiéndole en exclusividad al Poder Judicial valorar la prueba actuada dentro del aludido proceso penal en relación a los hechos investigados, calificar estos expuestos en la acusación que da mérito a la apertura del juicio oral y determinar la graduación de la pena, en caso de condena. Por estos fundamentos y con la autoridad que le reconoce la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional, con el fundamento de voto del magistrado Mesía Ramírez, que se adjunta HA RESUELTO 1. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 2. Exhortar al Poder Judicial a que de trámite preferente al proceso del cual deriva el presente hábeas corpus, para la expedición oportuna de la sentencia. Publíquese y notifíquese SS. VERGARA GOTELLI MESÍA RAMÍREZ ETO CRUZ ÁLVAREZ MIRANDA Continue reading
EXP. N.° 06423-2007-PHC/TC PUNO, Existe también el plazo estrictamente necesario de la detención ALI GUILLERMO RUIZ DIANDERAS SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 28 días del mes de diciembre de 2009, reunido el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emmer Guillermo Ruiz Dianderas, a favor de don Alí Guillermo Ruiz Dianderas, contra la sentencia expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 43, su fecha 30 de octubre de 2007, que declaró improcedente la demanda de autos. ANTECEDENTES Con fecha 30 de octubre de 2007 don Emmer Guillermo Ruiz Dianderas, interpone demanda de hábeas corpus, a favor de don Alí Guillermo Ruiz Dianderas, y la dirige contra el Jefe de la Policía Judicial de Puno, Capitán PNP Oswaldo F. Venturo López, alegando la vulneración de su derecho constitucional a la libertad personal. Refiere que, con fecha 26 de setiembre de 2007, a horas 1:00 pm, el favorecido ha sido detenido por la Policía Nacional en la ciudad de Desaguadero (Puno), siendo trasladado y puesto a disposición del Capitán PNP emplazado en el mismo día, a horas 10:00 p.m; para luego ser conducido a la carceleta judicial. Agrega que dicha detención es arbitraria, ya que ha transcurrido más de 4 días, y no se le pone a disposición judicial, por lo que solicita la inmediata libertad. Realizada la diligencia judicial el 30 de setiembre de 2007, a horas 4:30 p.m., el juez del hábeas corpus constata que el beneficiario efectivamente ha sido detenido el 26 de setiembre de 2007, a horas 1:00 p.m., por encontrarse vigente en su contra una orden de captura (requisitoria), por el delito de falsificación de documentos y otro, dispuesta por el Décimo Sétimo Juzgado Penal de Lima (Exp. N.° 2000-027); y ante la pregunta del juez sobre los motivos por los cuales el favorecido a la fecha no ha sido trasladado a la ciudad de Lima, el efectivo policial emplazado respondió que “no ha sido trasladado oportunamente por no contar con los viáticos respectivos, y a solicitud del requisitoriado quien no quería pasar detenido a la carceleta de Lima”(sic), precisando que ha realizado las gestiones para la obtención de los viáticos, pero que no le han sido alcanzados. Ante ello, el juez constitucional ordenó que el beneficiario sea puesto a disposición del Décimo Sétimo Juzgado Penal de Lima en el término de la distancia. Posteriormente, el recurrente, mediante escrito de fecha 3 de octubre de 2007 (fojas 30), señala que el Capitán PNP emplazado no ha dado oportuno cumplimiento a lo ordenado por el juez constitucional, ya que el favorecido Alí Guillermo Ruiz Dianderas permaneció detenido hasta el 2 de octubre de 2007, esto es, por seis (6) días consecutivos, lo cual, constituye una detención por demás arbitraria e inconstitucional. El Primer Juzgado Penal de Puno, con fecha 30 de septiembre de 2007, declaró improcedente la demanda por considerar que no se ha afectado el derecho a la libertad personal del beneficiario, pues si bien se ha verificado la detención por más de 24 horas, aquella obedece a hechos ajenos a la Policía Judicial en razón de que no se proporcionaron los viáticos para el traslado respectivo. La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno, con fecha 30 de octubre de 2007, confirmó la apelada, por similares fundamentos. FUNDAMENTOS Delimitación del petitorio 1. El objeto de la presente demanda de hábeas corpus es que este Tribunal disponga la puesta inmediata del beneficiario a disposición del Décimo Sétimo Juzgado Penal de Lima, por cuanto, según refiere el accionante, el favorecido se encuentra detenido más de 24 horas, sin haber sido puesto a disposición del juez competente, lo que constituye una vulneración del derecho a la libertad individual y, concretamente, al derecho a la libertad personal. Considerando el contenido y la naturaleza de la pretensión formulada, se advierte que en el caso constitucional de autos estamos frente al modelo típico del “hábeas corpus traslativo”, por lo que resulta conveniente señalar la cobertura constitucional y jurisprudencial de este tipo de hábeas corpus. Hábeas corpus traslativo 2. En línea de principio, debemos precisar que mediante esta modalidad de hábeas corpus cabe denunciar no solo la mora judicial en la determinación de la situación personal del detenido, procesado o condenado, sino también cualquier tipo de mora, sea ésta administrativa (policial, penitenciaria, etc.) o de otra naturaleza, siempre, claro está, que con dicho estado de cosas se prolongue en el tiempo y de manera injustificada la privación del derecho a la libertad personal del individuo. 3. El hábeas corpus traslativo precisamente se diferencia del hábeas corpus clásico o principal en que este último tiene lugar en todos aquellos supuestos de detención arbitraria donde exista ausencia o insuficiencia del presupuesto material habilitante (mandato judicial motivado o flagrancia delictiva), mientras que aquel tiene lugar en todos aquellos casos en que habiendo tenido inicialmente el fundamento habilitante, es seguida de una mora judicial o administrativa que de manera injustificada mantiene privada de la libertad a una persona. Así este tipo de hábeas corpus procede, entre otros, en los siguientes supuestos: - Por vulneración del derecho a ser puesto a disposición del juez competente dentro del plazo estrictamente necesario o dentro del plazo establecido por la Constitución o la ley; - Por afectación del derecho al plazo razonable de la detención judicial preventiva, - Por vulneración del derecho a la libertad personal del condenado que ha cumplido la pena. El derecho a ser puesto a disposición judicial dentro del plazo establecido (plazo máximo de la detención) 4. La Constitución en su articulo 2°, inciso 24, literal f, establece que “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. “El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las 24 horas o en el término de la distancia”. A su vez, el Código Procesal Constitucional en su artículo 25°, inciso 7, señala que el hábeas corpus también protege “El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a disposición del juez que corresponda (..)”. Así, la puesta del detenido a disposición judicial dentro del plazo establecido, no es otra cosa que una garantía de temporalidad de la detención, cuya finalidad es precisamente que el juez competente determine si procede la detención judicial respectiva, o si, por el contrario, procede la libertad de la persona. 5. En efecto, dentro del conjunto de garantías que asiste a toda persona detenida, uno de ellos, no menos importante que los demás, es el de ser puesto a disposición del juez competente dentro del plazo que la Constitución señala, esto es, dentro del plazo de 24 horas o en el término de la distancia cuando corresponda (plazo máximo de la detención). La inobservancia de estos plazos da lugar a que el afectado en su derecho a la libertad personal legítimamente acuda a la justicia constitucional a efectos de solicitar la tutela de su derecho vulnerado. Y es que, como es evidente, el radio de cobertura constitucional del proceso de hábeas corpus no solo alcanza a los supuestos de detención arbitraria por ausencia o insuficiencia del presupuesto material habilitante (mandato judicial motivado o flagrancia delictiva), sino también a aquellas detenciones que, ajustándose originariamente a la Constitución, se mantienen o se prolongan de manera injustificada en el tiempo. Un ejemplo de ello es la detención producida por un plazo superior al plazo máximo establecido en la norma constitucional, sin poner al detenido a disposición del juez competente. 6. Bajo este marco de consideraciones, queda claro que toda persona detenida debe ser puesta a disposición del juez competente dentro del plazo máximo establecido, y es que, si vencido dicho plazo la persona detenida no hubiera sido puesta a disposición judicial, aquella detención simplemente se convierte en ilegítima. En efecto, por la obviedad del hecho, toda detención que exceda del plazo máximo automáticamente se convierte en inconstitucional, y la autoridad, funcionario o cualquier persona que hubiere incurrido en ella, se encuentra sujeta a las responsabilidades que señala la ley. El derecho a ser puesto a disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario (límite máximo de la detención) 7. El plazo de detención que establece la Constitución es un plazo máximo, de carácter absoluto, cuyo cómputo es inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe también el plazo estrictamente necesario de la detención. Y es que el hecho de que la detención no traspase el plazo preestablecido; ese dato per se no resulta suficiente para evaluar los márgenes de constitucionalidad de la detención, en razón de que esta tampoco puede durar más allá del plazo estrictamente necesario. Ahora, si bien la Constitución no alude a un plazo estrictamente necesario, y sí establece un plazo máximo de duración de la detención, este último por si solo no resulta suficiente para verificar si se ha respetado o no los márgenes de constitucionalidad de dicha detención, pues pueden presentarse situaciones en que, pese a no haberse superado el plazo máximo, sí se ha sobrepasado el límite máximo para realizar determinadas actuaciones o diligencias. No cabe duda que, en este último caso, estamos frente a la afectación del derecho fundamental a la libertad personal, en la medida en que la detención tampoco puede durar más allá del plazo estrictamente necesario. 8. En la misma línea, cabe precisar que el plazo que la Constitución establece para la detención es solamente un límite del límite temporal prescrito con carácter general, sobre el cual se superpone, sin reemplazarlo, el plazo estrictamente necesario. Así lo ha expuesto el Tribunal Constitucional español en la STC 86/1996, por lo que el límite máximo de privación de la libertad ha de ser ostensiblemente inferior al plazo máximo, pero no puede ni debe sobrepasarlo. Ahora bien, como es evidente, el límite máximo de la detención debe ser establecido en atención a las circunstancias de cada caso concreto, tales como las diligencias necesarias a realizarse, la particular dificultad para realizar determinadas pericias o exámenes, el comportamiento del afectado con la medida, entre otros. A mayor abundamiento, el plazo establecido actúa solamente como un plazo máximo y de carácter absoluto, pero no impide que puedan calificarse como arbitrarias aquellas privaciones de la libertad que, aún sin rebasar dicho plazo, sobrepasan el plazo estrictamente necesario o límite máximo para realizar determinadas actuaciones o diligencias. En tales casos, opera una restricción a la libertad personal que la norma constitucional no permite. Un claro ejemplo de ello es la prolongación injustificada de la privación de la libertad personal en aquellos casos en que se requiere solamente de actuaciones de mero trámite, o que las diligencias ya han culminado, o que de manera injustificada no se han realizado en su debida oportunidad, esperando efectuarlas ad portas de vencerse o incluso ya vencido el plazo preestablecido. 9. Sobre esta base, este Tribunal Constitucional puntualiza que la observancia de la detención por un plazo estrictamente necesario no es una mera recomendación, sino un mandato cuyo incumplimiento tiene enorme trascendencia al incidir en la libertad personal que es presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales. Y es que, no cabe duda, resulta lesivo al derecho fundamental a la libertad personal, sea que ha transcurrido el plazo establecido para la detención, o porque, estando dentro de dicho plazo, ha rebasado el plazo estrictamente necesario. En suma, toda detención que supere el plazo estrictamente necesario, o el plazo preestablecido, queda privada de fundamento constitucional. En ambos casos, la consecuencia será la puesta inmediata de la persona detenida a disposición del juez competente. Control del plazo máximo de la detención y el límite máximo de la detención 10. Según nuestro texto constitucional, el plazo máximo de detención es de 24 horas o en el término de la distancia. Si se trata de casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, dicho plazo es de 15 días. Y en cualquiera de los casos, el límite máximo de la detención será el que resulte estrictamente necesario para realizar las actuaciones o diligencias, es decir, será establecido en cada caso concreto, según los parámetros señalados supra. En ese sentido, este Colegiado considera que los parámetros antes mencionados no sólo deben ser aplicados a los supuestos de detención policial propiamente dicha, sino también en lo que fuese pertinente a cualquier forma de privación de la libertad personal que se encuentre regulada por el ordenamiento jurídico. 11. Ahora bien, cierto es que las personas habilitadas para proceder a la detención tienen también la obligación constitucional de respetar los derechos fundamentales de la persona, y, por tanto, la de observar estrictamente los plazos de la detención (límite máximo y plazo máximo); sin embargo, ello no siempre ocurre en el mundo de los hechos; de ahí que sea necesario que se efectúe un control de los plazos tanto concurrente como posterior por la autoridad competente, dejándose constancia del mismo, disponiendo, si fuera el caso, las medidas correctivas pertinentes, bajo responsabilidad. Este control del plazo de la detención debe ser efectuado tanto por el representante del Ministerio Público como por el juez competente, según corresponda, sin que ambos sean excluyentes, a luz de los parámetros antes señalados. Reglas vinculantes para la tutela del derecho a ser puesto a disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario o dentro del plazo máximo de la detención 12. Sentado lo anterior, resulta necesario establecer las reglas sustantivas y procesales para la tutela del derecho a ser puesto a disposición judicial dentro de los plazos señalados supra. Estas reglas deben ser interpretadas en la perspectiva de optimizar una mejor protección del derecho a la libertad personal, en la medida que no solo es un derecho fundamental reconocido, sino que además es un valor superior del ordenamiento jurídico y presupuesto de otros derechos fundamentales. a) Regla sustancial: El plazo de la detención que la Norma Fundamental establece es un plazo máximo, de carácter absoluto, cuyo cómputo es inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe también el plazo estrictamente necesario de la detención. Y es que, aún sí la detención no hubiera traspasado el plazo máximo, ese dato per se no resulta suficiente para evaluar los márgenes de constitucionalidad de la detención, pues esta tampoco puede durar más allá del plazo estrictamente necesario (límite máximo de la detención). Como es evidente, el límite máximo de la detención debe ser establecido en atención a las circunstancias de cada caso concreto, tales como las diligencias necesarias a realizarse, la particular dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, el comportamiento del afectado con la medida, entre otros. En suma, resulta lesiva al derecho fundamental a la libertad personal la privación de esta en los supuestos en que ha transcurrido el plazo máximo para la detención, o cuando, estando dentro de dicho plazo, se ha rebasado el plazo estrictamente necesario; en ambos casos, dicho estado de cosas queda privado de fundamento constitucional, y la consecuencia debe ser la puesta inmediata de la persona detenida a disposición del juez competente para que sea este quien determine si procede la detención judicial respectiva o la libertad de la persona, sin perjuicio de las responsabilidades que señala la ley para la autoridad, funcionario o persona que hubieren incurrido en ellas. b) Regla procesal: El derecho a ser puesto a disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario de la detención o dentro del plazo máximo de la detención resulta oponible frente a cualquier supuesto de detención o privación de la libertad personal que se encuentre regulado por el ordenamiento jurídico (detención policial, detención preliminar judicial, etc.). En ese sentido, a efectos de optimizar su tutela, lo que corresponde es que la autoridad competente efectúe un control de los plazos de la detención tanto concurrente como posterior, dejándose constancia del acto de control, disponiendo, si fuera el caso, las medidas correctivas pertinentes, bajo responsabilidad. Este control de los plazos de la detención debe ser efectuado tanto por el Representante del Ministerio Público como por el juez competente, según corresponda, sin que ambos sean excluyentes, sino más bien complementarios. El Registro Nacional de Requisitorias y el traslado de las personas detenidas por requisitoria 13. El Registro Nacional de Requisitorias es un servicio judicial. Se trata de un sistema automatizado (de aplicación informática) que proporciona información actualizada y oportuna de las requisitorias de quienes se encuentran sometidos a proceso judicial. Su funcionamiento está a cargo de la oficina correspondiente del Poder Judicial. El Registro Nacional de Requisitorias tiene su sede en la cuidad de Lima y cuenta con Registros Distritales de Requisitorias en las Cortes Superiores de Justicia de la República. 14. Según el Reglamento del Registro Nacional de Requisitorias, aprobado mediante Resolución Administrativa N.° 029-2006-CE-PJ, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 25 de marzo de 2006, se entiende como información registrable en el Registro de Requisitorias las medidas restrictivas de la libertad (orden de captura y/o mandato de detención) y las medidas restrictivas de la libertad de tránsito (impedimento de salida del país). Asimismo, constituyen información registrable la renovación, levantamiento o suspensión de las medidas antes mencionadas. 15. La Directiva N.° 009-2003-GG-PJ Normas y Procedimientos para el traslado de personas requisitoriadas por orden judicial, aprobada mediante Resolución Administrativa N.° 155-2003-CE-PJ (norma vigente cuando ocurrieron los hechos que motivaron la presente demanda), en su Disposición General VI.5 señala que “La Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia General del Poder Judicial, a través de la Sub-Gerencia de Contabilidad se encargará de otorgar una asignación económica a efecto de brindar apoyo a la labor de la Policía Nacional del Perú, para el traslado del detenido desde el lugar de la captura hasta el Órgano Jurisdiccional requirente. En los diversos Distritos Judiciales, a excepción del Distrito Judicial de Lima, la mencionada asignación económica será entregada a la Policía Judicial de la jurisdicción por intermedio de los Administradores del Distrito Judicial respectivo (...)”. 16. De lo expuesto, se colige que es la administración de cada Corte Superior de Justicia del país, excepto Lima, quien tiene la responsabilidad de la asignación económica para el traslado de la persona detenida-requisitoriada hasta el órgano jurisdiccional requirente; que por lo demás, esta asignación económica se encuentra debidamente aprobada por la Gerencia General del Poder Judicial. A esta conclusión, se puede arribar de la lectura de la Disposición General VI.6 de la directiva antes mencionada, que señala “El Gerente General a través de Resolución expedida por su despacho aprobará anualmente el otorgamiento de la asignación económica a la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú”. Análisis de la controversia constitucional 17. Del análisis de lo expuesto en la demanda, así como de la instrumental que corre en estos autos, se advierte que el favorecido Alí Guillermo Ruiz Dianderas fue detenido el día miércoles 26 de setiembre de 2007, a horas 1:00 p.m. en la PCFM-RQ-Desaguadero perteneciente a la Sección Policial de Apoyo al Poder Judicial de Puno, por encontrarse vigente en su contra una orden de captura (requisitoria) por el delito de falsificación de documentos y otro, recaída en el Expediente N.° 2000-027, dispuesta por el Décimo Sétimo Juzgado Penal de Lima (de fojas 6 a 9). Se advierte también que el beneficiario, el mismo día, a horas 9:45 p.m., fue puesto a disposición del emplazado Capitán PNP Oswaldo F. Venturo López (fojas 5), para luego ser conducido a la carceleta judicial. 18. De igual modo, se advierte que el responsable de Requisitorias de la Corte Superior de Justicia de Puno, don César Arias Figueroa, el día jueves 27 de setiembre de 2007, a horas 11:15 a.m., comunicó al emplazado mediante Oficio N.° 1065-2007-RRDR-A-CSJPU/PJ que el favorecido Alí Guillermo Ruiz Dianderas si registra requisitoria vigente expedida por el órgano jurisdiccional antes mencionado (fojas 10). No obstante ello, se aprecia, que el emplazado recién el día viernes 28 de setiembre de 2007, a horas 7: 50 a.m., esto es, luego de más de 24 horas de la detención, solicita al administrador de la Corte Superior de Justicia de Puno la asignación económica (pasajes y viáticos) para el traslado respectivo hasta el Décimo Sétimo Juzgado Penal de Lima (fojas 13). 19. Interpuesta la demanda el día domingo 30 de setiembre de 2007, en el mismo día, a horas 4:30 p.m. el juez del hábeas corpus realiza la diligencia judicial y constata la detención y permanencia indebida del favorecido en la carceleta judicial por más de cuatro (4) días. Ante la pregunta por parte del juez sobre los motivos por los cuales el beneficiario hasta la fecha no había sido traslado a la ciudad de Lima, el Capitán PNP emplazado Oswaldo F. Venturo López respondió que aquel “no ha sido trasladado oportunamente por no contar con los viáticos respectivos, y a solicitud del requisitoriado quien no quería pasar detenido a la carceleta de Lima”(sic), precisando haber solicitado a la administración de la Corte Superior de Justicia de Puno la respectiva asignación económica (pasajes y viáticos), pero que no le ha sido alcanzada.Ante ello, el juez constitucional ordenó al emplazado que el favorecido sea puesto a disposición del Décimo Sétimo Juzgado Penal de Lima en el término de la distancia (de fojas 19 a 24). 20. Posteriormente, mediante escrito de fecha 3 de octubre de 2007 (fojas 30), el accionante señala que el emplazado tampoco ha dado cumplimiento a lo ordenado por el juez constitucional, toda vez que el beneficiario indebidamente permaneció detenido hasta el día martes 2 de octubre de 2007, esto es, hasta por seis (6) días, lo que se tiene corroborado con el Oficio N.° 7975-2007-DIRINCRI-PNP/DIVRD-DCIN de fecha 2 de octubre de 2002 mediante el cual se pone a disposición del detenido al Juzgado requirente (fojas 51, Cuadernillo del Tribunal Constitucional). En tal sentido, no obstante, haber cesado el acto lesivo en el presente caso, este Tribunal considera que, atendiendo a la magnitud del agravio producido (la lesión del derecho a la libertad personal materializada en la inobservancia no sólo del plazo estrictamente necesario, sino del plazo máximo de la detención) debe emitirse pronunciamiento sobre el fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 1 ° del Código Procesal Constitucional, dando lugar a lo que se ha denominado hábeas corpus innovativo. 21. Para ello, prima facie, debe precisarse, que el plazo preestablecido de la detención en el caso constitucional de autos, no es el general de 24 horas (un día), sino que debe aplicarse el término de la distancia conforme lo establece el texto constitucional, en razón de que el favorecido ha sido detenido en la ciudad de Desaguadero-Puno, debiendo ser trasladado a la ciudad de Lima. Al respecto, el Cuadro General de Términos de la Distancia, aprobado mediante Resolución Administrativa N.° 1325-CME-PJ, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de noviembre de 2000 ha establecido que el término de la distancia de la ciudad de Puno a la ciudad de Lima vía terrestre es de tres (3) días. Por lo tanto, en el presente caso, el plazo preestablecido de la detención (plazo máximo), es de tres (3) días. 22. Así llegado a este punto, se advierte que el beneficiario tras ser detenido el día miércoles 26 de setiembre de 2007, a horas 1: 00 p.m., arbitrariamente permaneció en ese estado de hecho hasta el día domingo 30 de setiembre de 2007, a horas 4:30 p.m., en que el juez constitucional ordenó al emplazado que el favorecido sea puesto a disposición del juez competente, esto es, que de manera indebida permaneció detenido más de cuatro (4) días, superando el plazo preestablecido de tres (3) días, evidenciándose así la vulneración del derecho a la libertad personal. Incluso, se advierte que dicho acto lesivo pervivió hasta el día martes 2 de octubre de 2007, pese a existir la orden impartida por el juez constitucional, lo que agrava, aún más, la vulneración del derecho constitucional invocado. Por lo demás, carece de toda relevancia, el hecho de que el propio beneficiario Alí Guillermo Ruiz Dianderas le haya solicitado al emplazado no ser trasladado al Juzgado Penal de Lima, toda vez que es obligación de la Policía Nacional poner al requisitoriado-detenido a disposición judicial. Y es que se trata de un mandato incondicional e incondicionado, que no admite actuación en contrario, pues, en tal caso, se llegaría al absurdo de que la persona que está detenida sea puesta a disposición del juez competente en el momento que aquélla lo considere más apropiado a sus intereses, lo cual es insostenible desde todo punto de vista. 23. Sin embargo, cabe señalar, que no sólo se superó el plazo máximo de la detención, sino también el plazo estrictamente necesario de la misma, toda vez que en el presente caso, al tratarse de una requisitoria de orden de captura, no se requería de la realización de diligencias o actuaciones especiales, sino sólo confirmar la vigencia de dicha requisitoria, así como solicitar la asignación económica a la administración de la Corte Superior para el traslado. Así pues, en el presente caso, se advierte que el emplazado no realizó tales gestiones el mismo día en que se produjo la detención, esto es, el 26 de setiembre de 2007, sino que de manera indebida las realizó al día siguiente (27 de setiembre de 2007). Más todavía, el emplazado sin expresar causa justificada gestionó la asignación económica ante la administración de la Corte Superior el día viernes 28 de setiembre de 2007 (fojas 13), esto es, dos (2) días después de producida la detención. 24. Que asimismo, la afectación al derecho constitucional invocado, no es imputable únicamente al emplazado Capitán PNP Oswaldo F. Venturo López, sino que alcanza, sobre todo, a la omisión de una correcta actuación por parte de la administración de la Corte Superior de Justicia de Puno, que sin justificación alguna no proporcionó en su debida oportunidad la asignación económica solicitada por el emplazado el 28 de setiembre de 2007, a horas 7: 50 a.m. (fojas 13) para el traslado respectivo del requisitoriado, pese a encontrarse obligada a ello. Así pues, resulta reprobable, que por falta de asignación de recursos económicos no se haya puesto al beneficiario a disposición del Décimo Sétimo Juzgado Penal de Lima dentro del plazo estrictamente necesario, incluso ni dentro del plazo máximo. En todo caso, corresponde al Poder Judicial a través de su unidad respectiva, implementar un mecanismo más expeditivo y menos burocrático, a efectos de que no vuelvan a ocurrir hechos como los que se describen en la presente sentencia. La Directiva N.° 011-2008-CE-PJ Procedimientos para el Traslado de personas requisitoriadas por orden judicial, aprobada mediante Resolución Administrativa N.° 202-2008-CE-PJ, publicada en el diario oficial “E1 Peruano” el 8 de agosto de 2008 que deroga a la Directiva N.° 009-2003-GG-PJ antes citada, tampoco establece las responsabilidades para el responsable de la administración de la Corte Superior encargado de otorgar la asignación económica para el traslado de las personas detenidas-requisitoriadas por orden judicial. 25. Sobre esta base, la detención arbitraria en el caso bajo examen, se presenta como un dato objetivo, acreditado e incuestionable, vinculado de una u otra forma, a una actuación u omisión, sobre todo, de un poder público; en este caso, de un órgano de la Corte Superior de Justicia de Puno (la administración), con dominio del hecho que produjo la quiebra del derecho; aunado a ello, la actuación del efectivo policial emplazado. No cabe duda, pues, que estamos frente a la vulneración de un derecho fundamental tanto por el Poder Judicial como por el Poder gubernamental. 26. Por otro lado, este Colegiado considera necesario pronunciarse sobre la actuación del juez constitucional quien pese advertir la privación indebida del favorecido el 30 de setiembre de 2007, así como pese a estar plenamente facultado para ello, ninguna gestión o actuación para que el beneficiario de manera inmediata y efectiva sea puesto a disposición del Décimo Sétimo Juzgado Penal de Lima; por el contrario, se limitó a ordenar al policía emplazado para que ponga a disposición judicial en el término de la distancia; que al haber dispuesto esto último, tampoco se preocupó por la efectividad de su mandato, esto es, no efectuó un control posterior, tan es así, que el favorecido permaneció injustificadamente detenido hasta el martes 2 de octubre de 2007. Esta actuación pasiva se hace aún más evidente al declarar la improcedencia de la presente demanda de hábeas corpus, sustentando su sentencia en una supuesta falta de recursos económicos para efectuar el traslado del detenido-requisitoriado pretendiendo convalidar la actuación inconstitucional de los funcionarios de la entidad administrativa judicial. Inconstitucionales son asimismo todas las resoluciones judiciales posteriores que pretenden convalidar tal estado de hechos contrario a la Constitución. 27. Tal como dijimos supra, pese haber constatado que la detención había rebasado injustificadamente tanto el plazo estrictamente necesario como el plazo máximo para poner al detenido a disposición judicial, lo que hizo el juez constitucional, con su actuación pasiva, fue mantener o confirmar una situación de privación de la libertad personal contrario a la Constitución, lo que, además, resulta opuesto a la observancia de la doble dimensión de los procesos constitucionales; en este caso del hábeas corpus, como es la tutela subjetiva de los derechos fundamentales de las personas y la tutela objetiva de la Constitución. Y es que la protección de los derechos fundamentales no solo es de interés para el titular de ese derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en general, pues su transgresión también supone una afectación del propio ordenamiento constitucional. El juez constitucional no sólo debe orientar su actuación a la promoción, vigencia y eficacia de los derechos fundamentales de las personas, sino también de la Constitución. 28. Por todo lo dicho, este Colegiado concluye que el detenido-requisitoriado permaneció en las dependencias policiales privado de la libertad no solo más allá del plazo estrictamente necesario, sino más allá del plazo preestablecido, encontrándose a partir de entonces, privado inconstitucionalmente de la libertad personal; por tanto habiéndose vulnerado dicho derecho fundamental, la demanda debe ser estimada. Sobre esta base, este Tribunal considera que debe adoptarse todas las medidas correctivas a efectos de que no se vuelva a incurrir en actuaciones u omisiones similares que motivaron la interposición de esta demanda, bajo apercibimiento de aplicarse el articulo 22° del Código Procesal Constitucional, en caso de incumplimiento. Asimismo, atendiendo a la magnitud del agravio producido, tal como se ha señalado supra, debe procederse conforme a lo que dispone el artículo 8° del mismo Cuerpo Legal a efectos de individualizar y, en su caso, sancionar a las autoridades y/o funcionarios que resulten responsables de la agresión. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO 1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus. 2. Ordenar al Jefe de la Policía Judicial de Puno, Capitán PNP Oswaldo F. Venturo López, así como al administrador de la Corte Superior de Justicia de Puno no volver a incurrir en acciones u omisiones similares a las que motivaron la interposición de la presente demanda, bajo apercibimiento de proceder conforme a lo previsto por el artículo 22° del Código Procesal Constitucional. 3. Establecer que el fundamento 12 de la presente sentencia constituye precedente vinculante, conforme a lo dispuesto por el artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, bajo las siguientes reglas normativas: a. Regla sustancial: El plazo de la detención que la Norma Fundamental establece es un plazo máximo, de carácter absoluto, cuyo cómputo es inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe también el plazo estrictamente necesario de la detención. Y es que, aún sí la detención no hubiera traspasado el plazo máximo, ese dato per se no resulta suficiente para evaluar los márgenes de constitucionalidad de la detención, pues esta tampoco puede durar más allá del plazo estrictamente necesario (límite máximo de la detención). Como es evidente, el límite máximo de la detención debe ser establecido en atención a las circunstancias de cada caso concreto, tales como las diligencias necesarias a realizarse, la particular dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, el comportamiento del afectado con la medida, entre otros. En suma, resulta lesiva al derecho fundamental a la libertad personal la privación de esta en los supuestos en que ha transcurrido el plazo máximo para la detención, o cuando, estando dentro de dicho plazo, se ha rebasado el plazo estrictamente necesario; en ambos casos, dicho estado de cosas queda privado de fundamento constitucional, y la consecuencia debe ser la puesta inmediata de la persona detenida a disposición del juez competente para que sea este quien determine si procede la detención judicial respectiva o la libertad de la persona, sin perjuicio de las responsabilidades que señala la ley para la autoridad, funcionario o persona que hubieren incurrido en ellas. b. Regla procesal: El derecho a ser puesto a disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario de la detención o dentro del plazo máximo de la detención resulta oponible frente a cualquier supuesto de detención o privación de la libertad personal que se encuentre regulado por el ordenamiento jurídico (detención policial, detención preliminar judicial, etc.). En ese sentido, a efectos de optimizar su tutela, lo que corresponde es que la autoridad competente efectúe un control de los plazos de la detención tanto concurrente como posterior, dejándose constancia del acto de control, disponiendo, si fuera el caso, las medidas correctivas pertinentes, bajo responsabilidad. Este control de los plazos de la detención debe ser efectuado tanto por el Representante del Ministerio Público como por el juez competente, según corresponda, sin que ambos sean excluyentes, sino más bien complementarios. 4. Remitir copia de la presente sentencia a la Presidencia del Poder Judicial, a la Fiscalía de la Nación y al Ministerio del Interior para que se haga de conocimiento a todos los jueces, fiscales y personal policial de la República. 5. Remitir copia de la presente sentencia al Órgano de Control de la Corte Superior de Justicia de Puno, para los fines pertinentes. 6. Remitir copias certificadas de todo lo actuado al Ministerio Público, para los fines pertinentes. Publíquese y notifíquese. SS. VERGARA GOTELLI MESÍA RAMÍREZ LANDA ARROYO BEAUMONT CALLIRGOS CALLE HAYEN ETO CRUZ ÁLVAREZ MIRANDA Continue reading
EXP. N. º 4032-2009-PHC/TC LORETO no corresponde al TC pronunciarse respecto de la determinación de la responsabilidad penal o la subsunción de las conductas en los tipos penales PATRICIA DANIZA REYES MIRANDA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Lima, 22 de enero de 2010 VISTO El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Patricia Daniza Reyes Miranda contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 218, su fecha 16 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos; y, ATENDIENDO A 1. Que, con fecha 29 de mayo de 2009, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal de Maynas, señores Cabrera Paredes, Carrión Ramírez y Cavides Luna, por la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual, así como al principio de legalidad. 2. Que la demandante refiere que se abrió proceso penal (Exp. N. º 2002-00022-0-1903-JR-PE-03) en su contra por la supuesta comisión del delito de corrupción de funcionarios - cohecho propio, dictándose mandato de detención en su contra; que sin embargo, no se ha calificado adecuadamente el tipo penal imputado y que el mandato de detención no reúne los requisitos exigidos por el artículo 135 del Código de Procedimientos Penales. Sostiene también que las resoluciones que declararon improcedente las solicitudes de adecuación del tipo penal, no se encuentran debidamente motivadas. 3. Que de los actuados y demás instrumentales que corren en los autos, así como de la resolución número uno del proceso penal instruido contra la demandante, remitido por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Loreto a instancias de este Tribunal Constitucional, se aprecia que: i) mediante resolución de fecha 14 de enero de 2002 se abrió instrucción contra la recurrente por el delito base previsto en el artículo 393°, entonces vigente, del Código Penal, tipo penal que tipificó la corrupción de funcionarios - cohecho propio (fojas 9 del cuadernillo del Tribunal Constitucional);ii) la recurrente, mediante recursos que corren en autos, ha solicitado la adecuación al tipo penal establecido en el entonces vigente artículo 396º del Código Penal refiriendo su entonces condición de relatora de la Corte Superior de Justicia de Loreto (fojas 127 y 137), la nulidad con el mismo fin (fojas 148), así como impugnaciones (fojas 181); es decir, ha ejercido su derecho de defensa; y, iii) el órgano judicial ha venido desestimando en ambas instancias los recursos de la demandante, con lo que se demuestra que ha tenido acceso a la pluralidad de instancias, derecho previsto en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución. 4. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200º, inciso 1, que el hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y si, de ser así, agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal. 5. Que, aun así, se puede apreciar que el artículo 396º entonces vigente del Código Penal, tipificó el delito de corrupción de auxiliares jurisdiccionales – corrupción pasiva atenuada, refiriendo que: “Si en el caso del artículo 395º, el agente es (…) auxiliar de justicia o desempeña cargo similar…”; es decir es un subtipo del artículo 395º, el mismo que a su vez prescribió que “El Magistrado, Arbitro, Fiscal (…) que solicite y/o acepte donativo, promesa u otra ventaja, a sabiendas que se lo hacen con el fin de influir en la solución de un asunto , que esté sometido a su conocimiento…” (el subrayado es nuestro), apareciendo de autos que a la demandante no se le imputa haber recibido dinero para influir en un asunto que estuvo sometido a su conocimiento. 6. Que como es de verse del oficio remitido a este Tribunal por la Segunda Sala Penal Transitoria (fojas 8 del Cuadernillo), en la causa seguida contra la recurrente ya se ha emitido sentencia, recibiendo sus coinculpados sentencias, absolutorias y condenatorias, habiéndose reservado el juzgamiento para la actora, encontrándose en situación de franca rebeldía con la justicia. 7. Que, en consecuencia, respecto a la afirmación de que los hechos incriminados comportarían un delito diferente al que se atribuye, se puede afirmar que tal alegación de modo alguno está relacionada con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos constitucionales conexos, puesto que la determinación de la responsabilidad penal, así como la subsunción de las conductas en determinado tipo penal, son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza; por lo tanto, resulta de aplicación al caso la causal de improcedencia contenida en el artículo 5.°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. [STC N.° 00702-2006-PHC/TC y STC 8109-2006-PHC/TC, entre otras]. Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú RESUELVE Declarar IMPROCEDENTE la demanda Publíquese y notifíquese. SS. MESÍA RAMÍREZ BEAUMONT CALLIRGOS ETO CRUZ Continue reading
EXP. N.° 00815-2007-PHC/TC LIMA SON CONSTITUCIONALES LAS INTERVENCIONES CORPORALES QUE SUPERAN TEST DE PROPORCIONALIDAD JUSTO GERMAN FLORES LLERENA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima (Arequipa), a los 7 días del mes de diciembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Justo Germán Flores Llerena contra la resolución de la Cuarta Sala Penal para Procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 291, su fecha 19 de diciembre de 2006, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos. ANTECEDENTES Con fecha 6 de noviembre de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus, contra el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de Huaura, así como contra la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura, por haber vulnerado sus derechos a la inviolabilidad de domicilio, de defensa, a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, en conexión con la libertad individual. Cuestiona la expedición de la resolución N° 2, de fecha 4 de octubre de 2006, emitida en la investigación N° 216-2006, seguida contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Violación Sexual, mediante la cual el juzgado emplazado ordena que el Laboratorio Biomolecular y de Genética del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público practique la intervención corporal al imputado, a fin de obtener una muestra de ADN. Refiere que en el marco de la indicada investigación N° 216-2006, la Segunda Fiscalía demandada solicitó al juzgado emplazado que se requiera la presencia del recurrente a las instalaciones del referido laboratorio para realizar la diligencia señalada y así poder dilucidar los hechos materia de investigación. Manifiesta que como se encontraba en pésimas condiciones de salud, no pudo asistir a la indicada diligencia, por lo que nuevamente la fiscalía solicitó ante el referido juzgado la asistencia del recurrente bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública, de conformidad con lo establecido por los artículos 202° y 203° del Nuevo Código Procesal Penal. Señala que ante ello solicitó la nulidad del acto, mediante el cual la fiscalía requiere al juzgado la referida prueba de ADN, petición que se declaró infundada mediante disposición N.° 2, de fecha 27 de setiembre de 2006, por lo que, tratándose de un acto administrativo –según sostiene el demandante– emitido por la fiscalía en el ejercicio de las funciones conferidas por ley, interpuso recurso de apelación en el marco de lo establecido por la Ley N° 27444, el mismo que fue declarado improcedente mediante disposición N.° 3, de fecha 18 de octubre de 2006. Ante ello, señala que se reiteró lo solicitado al juzgado para la autorización de la referida diligencia mediante disposición N.° 4, de fecha 26 de octubre de 2006, lo que finalmente derivó en la expedición de la resolución cuestionada, autorizando asimismo la conducción compulsiva del recurrente. Alega que la diligencia ordenada por el juzgado, en la medida que supone una restricción del derecho a la integridad física del recurrente, implica que no exista otro medio probatorio idóneo para poder dilucidar los hechos materia de investigación, lo que no se ha dado en el caso de autos, además de haber acreditado fehacientemente su enfermedad mediante certificados médicos, por lo que considera abusiva la actuación del Ministerio Público. Solicita, por tanto, que se deje sin efecto los actos de investigación realizados a partir del día 20 de agosto de 2006, así como la restitución de los hechos hasta antes del momento en el que se verificó la lesión a sus derechos constitucionales antes invocados. Realizada la investigación sumaria, el demandante se ratificó en todos los extremos de su demanda. A su turno, la magistrada emplazada, doña Frezzia Sissi Villavicencio, manifestó que, en efecto, su despacho ha ordenado la realización de la prueba de ADN bajo apercibimiento de utilizar la fuerza pública toda vez que el demandante se encuentra renuente de practicárselo de manera voluntaria, lo que, además, se encuentra arreglado a ley. Agrega que la intervención corporal ordenada no constituye amenaza alguna contra la salud del demandante, además de que puede movilizarse normalmente. Por su parte, el fiscal demandado, don Samuel Caballero Cisneros, señaló que su actuación se encuentra enmarcada de conformidad con las facultades conferidas por el Nuevo Código Procesal Penal, que se encuentra vigente en el distrito judicial de Huaura, añadiendo que su salud no se encuentra tan resquebrajada como alega el recurrente, debido a que viene asistiendo tanto a la Corte de Huaura como al distrito judicial de Lima, habiendo acudido inclusive a una diligencia en las oficinas de la OCMA. El Décimo Séptimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 21 de noviembre de 2006, a fojas 263, declaró infundada la demanda de hábeas corpus, por considerar que en el presente caso los funcionarios emplazados han actuado de conformidad con lo establecido por el novísimo Código Procesal Penal vigente en la localidad de Huaura donde ejercen sus funciones, por lo que no se habría vulnerado derecho constitucional alguno del recurrente. La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. FUNDAMENTOS Delimitación del petitorio 1. La demanda tiene por objeto la nulidad de la resolución judicial N° 2, su fecha 4 de octubre de 2006, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura en la investigación N° 216-2006 seguida contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Violación Sexual, ya que se alega que no se han tomado en cuenta otros medios probatorios para dilucidar los hechos materia de investigación. 2. Asimismo, este Tribunal advierte que el hecho cuestionado ha sido emitido por la Corte Superior de Justicia de Huaura, dentro de la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, por lo que este Tribunal, de manera previa a la dilucidación de la pretensión, ubicará el caso en el contexto del Nuevo Código Procesal Penal. El Nuevo Código Procesal Penal 3. El nuevo Código Procesal Penal, promulgado mediante Decreto Legislativo N° 957 del 29 de julio de 2004, constituye la culminación de un proceso de reforma iniciado en Latinoamérica a mediados de la década de 1980, el mismo que se vio inicialmente plasmado en nuestro país a través del Código Procesal Penal de 1991, así como del Proyecto de 1995. Dichas iniciativas tenían como objetivo sustancial la superación de la rígida estructura procesal prevista por el Código de Procedimientos Penales de 1940. En tal sentido, el nuevo modelo de proceso penal posee las siguientes características: a) adopción de un modelo acusatorio-adversarial, que en esencia presupone la separación de las funciones de investigación y juzgamiento, así como la activa participación de las partes procesales para la dilucidación de los hechos controvertidos; b) equilibrio entre garantía y eficacia, que pretende ponderar el respeto de los derechos fundamentales del imputado con la eficacia en la persecución del delito por parte de los órganos integrantes del sistema de administración de justicia; c) racionalidad del proceso penal, lo que significa que el sistema de administración de justicia, dado que cuenta con escasos recursos para la persecución del delito, debe concentrar su atención en la solución de aquellos casos de gran envergadura y que causan profundo malestar social, mientras que aquellos casos que no son relevantes pueden ser solucionados a partir de mecanismos de negociación previstos legalmente, respetando en todo momento los derechos de la víctima como del imputado; y d) configuración del proceso penal según la Constitución, que implica que el nuevo modelo de proceso se erige en estricta observancia de lo dispuesto por los principios y derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política, así como por lo señalado en los diversos Tratados Internacionales que forman parte del derecho nacional [Talavera Elguera, Pablo: “Comentarios al Nuevo Código Procesal Penal”. Grijley, 2004. Págs. 1-10]. 4. Resta mencionar que, de conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria-Final del indicado Decreto Legislativo N° 957, el cuerpo normativo comentado entró en vigencia el 1 de febrero de 2006 en el distrito judicial señalado por la Comisión Especial de Implementación creada por el Decreto Legislativo N° 958, que a tal efecto designó a Huaura como sede inicial para la aplicación del Código Procesal Penal. La etapa de investigación preparatoria y el Ministerio Público 5. Por otro lado, este Colegiado considera pertinente destacar las nuevas funciones encomendadas al Ministerio Público de acuerdo con el nuevo modelo acusatorio-adversarial, las cuales varían notablemente en relación con el modelo anterior, de corte “inquisitivo reformado” o “mixto”, en donde la función del fiscal tenía diversa intensidad, en directa relación con la etapa del proceso existente. Así: i) en la etapa de instrucción, el fiscal cumplía un rol eminentemente secundario y burocrático, en la medida que la labor de investigación estaba asignada esencialmente al juez instructor, contando con el apoyo de la fuerza pública; ii) en la etapa de juicio, por el contrario, el fiscal asumía una labor activa en la acusación del delito como en la actuación de diversos medios probatorios, tratando de asumir una labor preponderante dentro del proceso. Sin embargo, “(...)el hecho histórico que la etapa de instrucción se haya engullido al juicio y que, en la práctica del sistema inquisitivo reformado, los jueces asuman un rol protagónico en la producción de la prueba en el juicio, relegó también al Ministerio Público a un papel secundario en esta etapa (...)” [Duce J. Mauricio: “El Ministerio Público en la reforma procesal penal en América Latina: visión general acerca del Estado de los cambios” en: El Nuevo Proceso Penal. Estudios Fundamentales. Palestra, Lima 2005, Pág. 93]. Asimismo, dicha situación no sólo relegaba al Ministerio Público a una actuación meramente secundaria dentro del sistema de administración de justicia, sino que también implicaba la vulneración de una serie de garantías y derechos fundamentales de los justiciables, consagrados en nuestra Norma Fundamental, así como en diversos instrumentos internacionales. 6. En el modelo actual, no obstante, las funciones del fiscal se han acrecentado, en estricta correspondencia con su labor de persecución del delito. En esa línea, se atribuye al Ministerio Público la dirección de la labor de investigación preparatoria, eliminando por completo la figura del juez instructor, lo que resulta acorde con lo dispuesto por el artículo 159° de la Constitución. Ello sin embargo, no implica que la etapa de investigación se realice sin el apoyo del órgano jurisdiccional. Tal como lo señalan los artículos 322° y 323° del referido Código Procesal Penal: Artículo 322. Dirección de la investigación 1. El Fiscal dirige la Investigación Preparatoria. A tal efecto, podrá realizar por sí mismo o encomendar a la Policía las diligencias de investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, ya sea por propia iniciativa o a solicitud de parte, siempre que no requieran autorización judicial ni tengan contenido jurisdiccional. En cuanto a la actuación policial rige lo dispuesto en el artículo 65°. (...) Artículo 323. Función del Juez de la Investigación Preliminar 1. Corresponde, en esta etapa, al Juez de la Investigación Preparatoria realizar, a requerimiento del Fiscal o a solicitud de las demás partes, los actos procesales que expresamente autoriza este Código. 2. El Juez de la Investigación Preparatoria, enunciativamente, está facultado para: a) autorizar la constitución de las partes; b) pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos que requieran orden judicial y –cuando corresponda– las medidas de protección; c) resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales; d) realizar los actos de prueba anticipada; y, e) controlar el cumplimiento del plazo en las condiciones fijadas en este Código. 7. Tal como se advierte de las normas glosadas, el nuevo cuerpo normativo instituye al Ministerio Público como órgano encargado de dirigir la fase de investigación preparatoria. Ello, sin embargo, no excluye la intervención del órgano jurisdiccional en dicha fase, ya que de conformidad con el precitado artículo 323°, el juzgado de investigación preparatoria cumple una función complementaria, pero, a su vez, necesaria. Dicha afirmación se hace notoria, en especial, en la autorización de las medidas limitativas de derechos, las cuales sólo pueden ser dictadas por el Poder Judicial, a solicitud del fiscal y las partes. Intervención corporal 8. El artículo 211° del Código Procesal Penal analizado establece lo siguiente: Artículo 211. Examen corporal del imputado El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar un examen corporal del imputado para establecer hechos significativos de la investigación, siempre que el delito esté sancionado con pena privativa de libertad mayor de cuatro años. Con esta finalidad, aun sin el consentimiento del imputado, pueden realizarse pruebas de análisis sanguíneos, pruebas genético-moleculares u otras intervenciones corporales, así como exploraciones radiológicas, siempre efectuadas por un médico u otro profesional especializado. La diligencia está condicionada a que no se tema fundadamente un daño grave para la salud del imputado, para lo cual, si resulta necesario, se contará con un previo dictamen pericial. 9. Tal como se advierte, el nuevo Código Procesal Penal establece nuevos mecanismos procesales acordes con la realidad social existente, y que tienen como único fin la dilucidación de los hechos que son materia del proceso penal. En este sentido, las intervenciones corporales, como parte de esta gama de instrumentos innovadores diseñados por el legislador penal, constituyen actos de investigación que toman como objeto de análisis el cuerpo de la persona humana, a fin de adquirir convicción sobre un hecho controvertido necesario para la solución del caso. Asimismo, en la medida que dichos actos suponen la afectación de derechos fundamentales, es necesario que sean autorizados por el órgano jurisdiccional y emitidos en estricto respeto del Principio de Proporcionalidad. Test de Proporcionalidad 10. Del tenor de la demanda se desprende que uno de los extremos cuestionados hace referencia a la falta de idoneidad de la medida de intervención corporal dictada contra el recurrente. En ese sentido, este Tribunal considera que, en efecto, los actos de intervención corporal suponen una restricción de los derechos fundamentales de los justiciables, siendo uno de ellos el derecho a la intimidad personal (consagrado en el artículo 2, inciso 7, de la Norma Fundamental). El contenido esencial de dicho derecho impide cualquier intrusión, así como toda invasión alteradora del derecho individual a la reserva, la soledad o el aislamiento, para permitir el libre ejercicio de la personalidad moral que tiene el hombre, al margen y antes de lo social [Cfr. STC. Exp. N° 6712-2005-HC/TC, Caso Magaly Medina]. Los actos de intervención corporal, de conformidad con la sentencia N° 207/1996, expedida por el Tribunal Constitucional Español, vulneran este derecho en (...) razón de su finalidad, es decir, por lo que a través de ellas se pretenda averiguar, una intromisión añadida en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad personal. En otras palabras, existe la afectación del derecho a la intimidad personal en la medida que las intervenciones corporales pretendan dilucidar hechos que pueden estar inmersos en la esfera jurídica íntima del justiciable. 11. En consecuencia, al existir una restricción sobre los derechos fundamentales de los justiciables con la realización de los actos de intervención corporal, es necesario aplicar el test de proporcionalidad para determinar si la misma resulta ilegítima o puede ser justificada en el marco de un Estado de Derecho [Cfr. STC Exp. N° 0045-2004-AI/TC, Exp. N° 4677-2004-AA/TC, fundamento 26]. Examen de idoneidad: implica que la medida restrictiva del derecho fundamental debe ser adecuada para la realización del fin propuesto. En ese sentido, dado que los actos de investigación corporal buscan determinar hechos que son indispensables para el éxito del proceso penal, su objetivo último lo constituye el no dejar impute la comisión de un delito, y, en consecuencia garantizar el interés público en la investigación del delito, bien jurídico que en definitiva merece atención por parte del Estado. Así, la medida de intervención corporal, para el caso en concreto (examen de ADN), tiene por finalidad la averiguación de la identidad del autor en un presunto delito de violación sexual, en el marco de la investigación N° 216-2006. En ese sentido, la medida cuestionada resulta idónea para la realización del fin constitucionalmente protegido en el presente caso, es decir, el interés público en la investigación del delito. Examen de necesidad: supone que la medida adoptada por el legislador, para ser constitucional, deberá ser absolutamente indispensable para la consecución del fin legítimo, pues de existir una medida alternativa que, siendo igualmente idónea para conseguir el mencionado fin, influya con menor intensidad en el respectivo bien constitucional, entonces, la medida legislativa cuestionada resultará inconstitucional. En ese sentido, no cabe duda alguna que los actos de intervención corporal constituyen una intromisión grave en los derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución. A tal efecto, este Colegiado advierte en el caso concreto que el recurrente viene siendo investigado por la presunta comisión del delito de violación sexual, por lo que el órgano jurisdiccional mediante resolución N° 2, de fecha 4 de octubre de 2006, autorizó que se realizara la diligencia de toma de muestra de ADN, toda vez que se pretende realizar una comparación entre la misma y la muestra obtenida en el cuerpo de la agraviada, diligencia que arrojará resultados sumamente relevantes, a fin de determinar si el demandante es responsable por los hechos materia de investigación. En ese sentido, se observa que no existen otros mecanismos que puedan brindar los mismos resultados, sin que presenten un mayor grado de afectación para los derechos fundamentales del recurrente, por lo que la medida adoptada cumpliría con el requisito de necesidad exigido. Examen de proporcionalidad en sentido estricto: el Tribunal Constitucional estima que, en los actos de investigación corporal, el grado de realización del fin de relevancia constitucional (que, como se mencionó anteriormente, lo constituye el interés público en la investigación del delito) es, por lo menos, equivalente al grado de afectación del derecho a la intimidad (que se realizaría en la medida que al tomarse dichos actos de investigación, se obtendrían datos que forman parte de la esfera jurídica privada del demandante). En ese sentido, la medida cuestionada aprobaría el examen de proporcionalidad en sentido estricto, resultando constitucional. 12. En suma, el acto de intervención corporal de toma de muestra de ADN, dictado en el presente caso, resulta una medida legítima, por lo que la pretensión del demandante debe ser desestimada. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. Publíquese y notifíquese. SS. LANDA ARROYO BEAUMONT CALLIRGOS ETO CRUZ Continue reading
SALA PENAL PERMANENTE CASACION N° 16 – 2009 HUAURA TRANSFORMACIÓN DE UN PROCESO DE SEGURIDAD EN UN PROCESO COMÚN SENTENCIA DE CASACIÓN Lima, doce de marzo de dos mil diez.– VISTOS; en audiencia pública; el recurso de casación por errónea interpretación e inobservancia de norma procesal penal y por desarrollo de doctrina jurisprudencial interpuesto por el señor FISCAL SUPERIOR contra la sentencia de vista de fojas veintitrés –del cuaderno de apelación–, del trece de marzo de dos mil nueve, que el extremo que declaró nulo lo actuado hasta el inicio del proceso de seguridad; en los seguidos contra Pedro Pablo Nakada Ludeña por delitos contra la vida el cuerpo y la salud – homicidio calificado y contra el patrimonio – robo agravado en perjuicio de Carlos Edilberto Merino Aguilar y otros. Interviene como ponente el señor San Martín Castro. FUNDAMENTOS DE HECHO I. Del itinerario del proceso en primera instancia. PRIMERO. El encausado Pedro Pablo Nakada Ludeña fue procesado penalmente, con arreglo al Nuevo Código Procesal Penal –en adelante NCPP–. Se le inculpó formalmente por delitos contra la vida el cuerpo y la salud – homicidio calificado y contra el patrimonio – robo agravado en perjuicio de Carlos Edilberto Merino Aguilar y otros. En la etapa de investigación preparatoria el encausado Nakada Ludeña solicitó que se le siga el proceso de seguridad, petición que fue negada por el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaral por resolución número siete de fojas treinta, del cuatro de mayo de dos mil siete –del cuaderno de investigación–. Apelada dicha resolución, la Sala Superior Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huaura por auto de vista, del veintitrés de julio de dos mil siete –corriente a fojas setenta y tres del cuaderno de casación y acta de audiencia de fojas treinta y tres del cuaderno de investigación–, la revocó y en su reemplazo declaró fundado ese pedido, por lo que ordenó se transforme el proceso común a uno de seguridad y se desacumule el primero y se siga una causa independiente en su contra. SEGUNDO. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral, estando a los términos del auto de vista antes indicado, formuló su requerimiento en ese sentido –véase acusación de fojas cuarenta y cinco, del trece de agosto de dos mil siete, del cuaderno de investigación–. Una vez que se llevó a cabo la audiencia preliminar de control de la acusación, el Juez de Investigación Preparatoria emitió el auto de enjuiciamiento de fojas sesenta, del veintidós de noviembre de dos mil siete –del cuaderno de investigación–. Es así que el acusado Nakada Ludeña es sometido a juicio oral en vía de proceso de seguridad por la comisión de los delitos homicidio calificado y robo agravado. TERCERO: En el curso del juicio de primera instancia el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Huaura – Huacho transformó el proceso de seguridad a uno común y en esos términos dictó la sentencia de fojas uno, del nueve de mayo de dos mil ocho –del cuaderno de juzgamiento–, en cuya virtud, en un extremo, condenó a Pedro Pablo Nakada Ludeña como autor de los delitos de homicidio calificado en agravio de Agustín Andrés Maguiña Oropeza y otros y de robo agravado en perjuicio de Carlos Edilberto Merino Aguilar y otros a treinta y cinco años de pena privativa de libertad y fijó en siete mil nuevos soles el monto por concepto de reparación civil que pagará a los herederos de los occisos; y, en otro extremo, lo absolvió de la acusación fiscal formulada en su contra por delitos de robo agravado y homicidio calificado en agravio de Teresa Cotrina Abad, Walter Sandoval Osorio, Gerardo Leonardo Cruz Libia, Carlos Walter Tarazona Toledo, Nazario Julián Tamariz Pérez, Didier Jesús Zapata Dulanto y Nicolás Tolentino Purizaca Gamboa. Contra esta sentencia el citado imputado interpuso recurso de apelación, que fue concedido por auto de fojas veintisiete, del veinte de mayo de dos mil ocho, del cuaderno de juzgamiento. II. Del trámite impugnativo en segunda instancia. CUARTO. El Superior Tribunal, culminada la fase de traslado de la impugnación, conforme al auto de fojas uno, del seis de junio de dos mil ocho –del cuaderno de apelación–, y realizada la audiencia de apelación, cumplió con emitir y leer en audiencia pública la sentencia de vista de fojas veintitrés, del trece de marzo de dos mil nueve, del cuaderno de apelación. El señor Fiscal Superior interpuso recurso de casación. QUINTO. La sentencia de vista, por mayoría, declaró nula la sentencia de primera instancia e insubsistente todo lo actuado hasta el momento del inicio del proceso de seguridad contra el acusado Nakada Ludeña. El voto singular estimó que debía declararse infundada la apelación y, de oficio, nula la sentencia de primera instancia e insubsistente el juicio oral del proceso común, debiendo efectuarse nuevo juicio oral por otro Colegiado. III. Del trámite del recurso de casación de la Segunda Fiscalía Superior de Huaura. SEXTO. Leída la sentencia de vista, el Fiscal Superior de Huaura interpuso recurso de casación mediante escrito de fojas treinta y seis –del cuaderno de apelación–. Introdujo dos motivos de casación: a) errónea aplicación de la norma procesal penal: la prevista en el artículo 458° apartado 3 del NCPP; y, b) inobservancia de la norma procesal penal: el artículo 457° apartado 5 del mismo cuerpo legal. Concedido el recurso por auto de fojas cuarenta y seis, del catorce de abril de dos mil nueve, se elevó la causa a este Supremo Tribunal. SÉPTIMO. Cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas [la defensa del imputado se apersonó a la instancia y fijó domicilio procesal –donde se le notificó de la audiencia de fojas sesenta y ocho del cuaderno de casación–], esta Suprema Sala mediante Ejecutoria de fojas veintiuno, del cuaderno de casación, del doce de junio de dos mil nueve, admitió a trámite el recurso de casación por la infracción de las dos normas procesales antes citadas y, además, entendió que debía desarrollarse la doctrina jurisprudencial. OCTAVO. Instruido el expediente en Secretaría, señalada fecha para la audiencia de casación el día de la fecha, instalada la audiencia y realizados los pasos que corresponden conforme al acta que antecede, con intervención de la Señora Fiscal Suprema Adjunta, el estado de la causa es la de expedir sentencia. NOVENO. Deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, esta Suprema Sala cumplió con pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura en audiencia pública –con las partes que asistan– se realizará por la Secretaria de la Sala el día viernes veintiséis de marzo a horas nueve de la mañana. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Del ámbito de la casación. PRIMERO. Conforme ha sido establecido por la Ejecutoria Suprema de fojas veintiuno, del cuaderno de casación, del doce de junio de dos mil nueve, los motivos del recurso de casación se centran en la vulneración de dos preceptos procesales: errónea interpretación de la norma procesal penal –artículo 458°.3 del NCPP– e inobservancia de norma procesal penal –articulo 457°.5 del NCPP–. A partir de estos se pretende desarrollar la correspondiente doctrina jurisprudencial. Se trata entonces de una casación procesal prevista en el apartado 3 del artículo 429° del NCPP. Si las normas denunciadas como infringidas son de carácter procesal, luego, la casación que es legalmente procedente es la prevista por infracción de normas de ese carácter. SEGUNDO. Los agravios del Ministerio Público cuestionan el segundo extremo de la sentencia de vista que, por mayoría, declaró nulo todo lo actuado, hasta el momento de disponerse el inicio del proceso de seguridad contra el acusado Nakada Ludeña por delitos de homicidio calificado y de robo agravado en perjuicio de Teresa Cotrina Abad y otros. Pretende el Fiscal Superior casacionista que se declare nulo dicho extremo porque fue emitido mediando una errónea interpretación de lo previsto en el artículo 458° apartado 3 del NCPP e inobservado (falta de aplicación) lo estatuido en el artículo 457° apartado 5 del NCPP. A. El primer agravio denuncia la errónea interpretación del artículo 458° apartado 3 del NCPP. Sostiene que el Tribunal de Apelación declaró la nulidad de todo lo actuado hasta el inicio del proceso de seguridad porque este proceso no puede desligarse del proceso común y, por tanto, debe tramitarse como una sola unidad Estima que el fallo retrotrae el proceso a etapas ya conclusas, lo que necesariamente implicará que en la causa no solo se tiene que actuar un nuevo juicio oral sino también una nueva etapa intermedia. B. El segundo agravio imputa la inaplicación del artículo 457° apartado 5 del NCPP, norma que prescribe que el proceso de seguridad no podrá acumularse con el proceso común, norma que –a su juicio– debe ser interpretada sistemáticamente y no aisladamente como lo hizo el Tribunal Superior. Afirma que el artículo 457° apartado 5 del NCPP es aplicable para sustentar que existen diferencias en la naturaleza jurídica de los procesos de seguridad y los procesos comunes, puesto que no solo tienen objetos diferentes, sino también finalidades distintas, por lo que está prohibida su acumulación, además que no resulta lógico que sólo en ciertas etapas se prohíba la acumulación de ambos procesos y en otras no. No existe mayor dificultad para discernir que se trata de dos procesos distintos y, por consiguiente, al dar por concluido uno de ellos, necesariamente se estaría dando inicio al otro, ya sea de un proceso común a uno de seguridad o viceversa. Por consiguiente, pretende que se aplique este artículo al caso concreto y que se establezcan criterios a tener en cuenta para la aplicación de las normas del proceso de seguridad y su diferenciación con el proceso común. III. De la sentencia de vista recurrida. CUARTO. La sentencia de vista de fojas veintitrés, del cuaderno de apelación, del trece de marzo de dos mil nueve, en su fundamento octavo sostiene que el proceso de seguridad al ser transformado a proceso común no constituye dos juicios orales independientes. Debe entenderse, estima, que la oralidad de ambos momentos procesales son en realidad parte de un solo juicio oral, a cuyo término se dicta una sentencia que pone fin al proceso al menos formalmente. III. Del análisis de los motivos casacionales. QUINTO. Es de tener presente que como consecuencia del auto de vista de fojas setenta y tres del cuaderno de casación, del veintitrés de julio de dos mil siete, se instó la incoación del proceso de seguridad, bajo el argumento de derecho penal material de que la pericia psiquiátrica arrojaba indicios suficientes para estimar acreditado el estado de inimputabilidad del encausado Nakada Ludeña por sufrir de Esquizofrenia Paranoide y, por tanto, que en su día, era del caso imponer una medida de seguridad. Sin embargo, iniciado el juicio oral en el propio proceso de seguridad –el veintitrés de abril de dos mil ocho–, el Juzgado Penal Colegiado, de oficio, al amparo del artículo 458°, apartado 1), del NCPP –fundamento jurídico que no ha sido cuestionado expresamente por el Tribunal de Apelación–, dictó el respectivo auto de transformación al proceso común y dispuso la reanudación de la audiencia para nueva fecha. Según la referida resolución, y siguiendo las explicaciones periciales de la Comisión de Psiquiatras de la División de Exámenes Clínicos Forenses del Ministerio Público –el dictamen pericial corre a fojas una del Cuaderno de Investigación Preparatoria–, los actos realizados por el imputado se llevaron a cabo con plena conciencia, quien no revela trastorno mental de tipo esquizofrénico, ni presenta ni ha presentado trastorno mental de tipo psicótico, de suerte que la supuesta esquizofrenia no sería la causa de la comisión de asesinatos seriales, quien más padece de conductas antisociales que definitivamente no lo convierten en inimputable. Seguido el juicio oral conforme al rito del proceso común se dictó la correspondiente sentencia que contiene extremos condenatorios y absolutorios. El fallo sólo fue recurrido por el imputado –auto concesorio de fojas veintisiete, del veinte de mayo de dos mil ocho–. Estimó el impugnante que le correspondía la aplicación de una medida de seguridad. El Tribunal de Apelación en la sentencia de vista impugnada por el señor Fiscal Superior, entendió que la sentencia de primera instancia no estaba debidamente motivada en cuanto al juicio de culpabilidad [más allá de sus defectos técnicos respecto del rol del Tribunal de Apelación cuando encuentra deficiencias en la motivación del fallo de primera instancia, las cuales muy bien puede suplir atento a la naturaleza ordinaria del recurso de apelación y a sus lógicas de corrección y subsanación –intrínsecas a su calificación de medio de gravamen– en aras del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas]. Por ello, lamentablemente, anuló el fallo y el propio juicio oral, hasta el momento de disponerse el inicio de la fase oral del proceso de seguridad. La Fiscalía Superior sostiene que la extensión de la nulidad, que incluye la decisión de transformar el proceso de seguridad a uno común, es incorrecta e infringe la norma procesal. SEXTO. Es materia de examen casacional, por consiguiente, si al extenderse la nulidad al inicio del juicio oral, comprendiendo ésta el auto de transformación del proceso a uno de carácter común, se ha inobservado o no dos normas procesales: a) el artículo 457°, apartado 5), del NCPP, que establece: “El proceso de seguridad no podrá acumularse con un proceso común”; y, b) el artículo 458°, apartado 3), del NCPP, que preceptúa: “Si se ha deliberado en ausencia del imputado en virtud del artículo anterior [juicio oral del proceso de seguridad], se deberán repetir aquellas partes del juicio en las que el inculpado no estaba presente”. Tal delimitación del recurso, atento al principio tantum devolutiom quantum apellatum, impide ingresar a examinar otros extremos del fallo de vista que muy bien podrían trazar distintas perspectivas en el desarrollo del caso, cuya demora es preocupante. SÉPTIMO. La propia sentencia de vista no cuestiona un punto central del juicio de mérito, cuyo antecedente es el auto de primera instancia que transformó el proceso de seguridad al proceso común: que el imputado no está incurso en el supuesto de inimputabilidad del artículo 20°, inciso uno, del Código Penal, situación que de por sí excluye la posibilidad de aplicar la medida de seguridad que pretende el imputado (artículos 74° y 75° del Código Penal). El Tribunal de Revisión centra su censura en el denominado juicio de culpabilidad, en la ausencia de un razonamiento constitucionalmente válido para la declaración de hechos probados y la aplicación consiguiente del derecho a los mismos. De encontrar inválido el análisis previo, en rigor, el presupuesto del juicio común, así lo debió haber manifestado y razonado. Entonces, si se focalizó en la declaración de hechos probados y en el juicio de culpabilidad, sobre la base del binomio delito/pena, y no peligrosidad/medida de seguridad de internación, se entiende, que ese punto, antecedente del juicio común y de la sentencia consiguiente, no lo ponía en cuestión, pese a que, precisamente, ese era el ámbito estricto del recurso de apelación, base de su competencia funcional. OCTAVO. Es de tener presente que la anulación de la sentencia emitida tras un juicio oral, público y contradictorio –a esto último no son ajenos los juicios orales en procesos comunes y de seguridad–, si se afirma la existencia de un defecto estructural de la sentencia [en rigor, una infracción procesal derivada de la vulneración de un requisito interno de la sentencia, de las normas reguladoras de la sentencia, concretamente en su elemento de exhaustividad –que no de congruencia–], no trae irremediablemente consigo la nulidad del juicio oral y la necesidad de su repetición. La opción anulatoria, en estas circunstancias, necesariamente debe asumirse como ultima ratio y siempre que, de un lado, se cumplan acabadamente los principios de taxatividad y de trascendencia y se configure una efectiva indefensión material a las partes concernidas –que menoscabe el derecho a intervenir en el proceso, el derecho a realizar los alegatos que se estimen pertinentes, el derecho de utilizar los medios de prueba pertinentes a los hechos alegados y, en su caso y modo, el derecho de utilizar los recursos contra las resoluciones judiciales–, centrada en la vulneración de sus derechos y/o garantías procesales de jerarquía constitucional –es decir, relevantemente los principios inherentes a la estructura del proceso: contradicción e igualdad de armas–; y, de otro lado, no sea posible por la naturaleza del recurso, además de estimarlo, resolver el fondo de la controversia penal, imposibilidad que no es de recibo en el recurso de apelación, opción absolutamente preferible por razones de economía procesal. Ahora bien realizada este breve pero indispensable precisión, es del caso puntualizar que dictada la nulidad de una sentencia –absolutamente necesaria cuando se trata de vicios por defecto de tramitación, producidos en actos precedentes a la misma sentencia en tanto sean insubsanables– es irremediable anular las actuaciones del juicio oral, pues en ellas se sustenta toda sentencia de mérito –artículo 393° del NCPP–. La particularidad del presente caso es que, precisamente, como lo manda el artículo 458°.1 del NCPP, luego de la instalación del juicio oral de un proceso de seguridad se dictó un auto, ya firme, que transformó el proceso y lo derivó al proceso común, a partir del cual se reordenó la audiencia y se siguió íntegramente bajo sus reglas. Así las cosas, ¿la anulación del juicio por defecto estructural de la sentencia comprende esa resolución firme? La respuesta es negativa, en tanto en cuanto lo que se cuestionó no es esa premisa sino el resultado del juicio oral por proceso común: la sentencia. La nulidad no puede alcanzar a esa decisión pues el vicio declarado no la afecta. SALA PENAL PERMANENTE NOVENO. La discusión si el proceso común es diferente al proceso de seguridad no se puede responder en abstracto. Es claro que cambia su objeto jurídico: el proceso de seguridad discute no sólo los hechos, aspecto en el que es idéntico al proceso común, sino la presencia del binomio peligrosidad/medida de seguridad; pero esta diferencia no lo hace necesariamente incompatible con el proceso común –comparte el cuadro matriz de las garantías de todo enjuiciamiento–, pues en este último proceso tras el juicio oral el Tribunal puede incluso imponer una medida de seguridad si se dan los presupuestos para ella y medió una discusión y debate sobre el particular, es decir, si se cumplió el principio de contradicción -artículo 393°, apartado 3), literal e), del NCPP-. La prohibición de acumulación de un proceso de seguridad con el común es obvia, pero sólo dice de la imposibilidad de conexidad debido al diferente objeto de ambos procesos. La acumulación por conexidad importa en este último caso, y en sentido estricto diversidad de delitos culpándose a una sola persona o a varias, y procede si se cumplen sus presupuestos y condiciones; tiene como fundamento el tratamiento unitario de esas causas o imputaciones para garantizar la economía y la celeridad procesal, así como para evitar fallos contradictorios y posibilitar un conocimiento más integral de los cargos con arreglo al principio de inmediación y, en su caso, se pueda aplicar las reglas del concurso de delitos. La base común del rito del juicio oral para ambos procesos, cuando es el del caso transformarlos, sólo autoriza, de modo general, a repetir aquellas actuaciones especiales que en el caso del proceso de seguridad se realizaron sin el concurso del imputado por razones de salud. No debe empezarse de cero –no puede entenderse que las actuaciones previas son ineficaces procesalmente–, sino que debe continuar en lo que es compatible y repetir lo que se hizo al margen del principio de bilateralidad y presencia efectiva del imputado. Pero nada de lo expuesto es relevante en el presente caso. De modo que tratar el alcance de las dos normas arriba comentadas carece de sentido. DÉCIMO. Lo que en verdad inobservó el Tribunal de Apelación al extender la anulación de lo actuado al auto de transformación del proceso es, precisamente, el principio de preclusión procesal, que integra la garantía del debido proceso. La decisión anulada no guarda relación con el vicio que detectó y censuró, única posibilidad legal de hacerlo conforme al artículo 154°, apartado 1), del CPP. No hay dependencia entre el vicio que se dice incurrió el Tribunal de Primera Instancia, centrado en el juicio de culpabilidad, con la declaración previa de transformación de la causa en común. Es de aplicación, por tanto, el artículo 150°, literal d), del NCPP. Y así debe declararse por tratarse de una nulidad absoluta, insubsanable en casación. UNDÉCIMO. Cabe puntualizar que el nuevo juicio oral que realizará el Tribunal Penal de Primera Instancia, en los marcos amplios de la discusión procesal y de acuerdo a las pretensiones de las partes, podrá dilucidar ampliamente si son de aplicación los artículos 20°.1 y 71° y siguientes del Código Penal. Es de recordar que el auto de transformación del proceso no causa estado, no genera cosa juzgada, por lo que a la luz del debate oral y de la discusión pericial –recuérdese que la etapa principal es el enjuiciamiento– el Tribunal podrá muy bien optar por la decisión que considere arreglada a derecho. Desde luego no será pertinente una discusión incidental tendente a poner en crisis el juicio para que se suspenda la causa y se reoriente al juicio de seguridad, porque ello vulneraría el principio de concentración procesal, pero sí una discusión de fondo acerca de la aplicación de normas de Derecho penal material referentes al juicio de imputabilidad y a la necesidad y proporcionalidad de una posible medida de seguridad. Limitar esa posibilidad al imputado sería, eso sí, restringir irrazonablemente su derecho de defensa y producirle efectiva indefensión material. DECISIÓN Por estos fundamentos: I. Declaración FUNDADO en parte el recurso de casación interpuesto por el Señor Fiscal Superior de Huaura por errónea interpretación e inobservancia de norma procesal penal y por desarrollo de doctrina jurisprudencial contra la sentencia de vista de fojas veintitrés –del cuaderno de apelación–, del trece de marzo de dos mil nueve, en el extremo que declaró nulo lo actuado hasta el inicio del proceso de seguridad; reformándola: declararon NULO ese extremo de la sentencia de vista; y, reponiendo la causa al estado que le corresponde: PRECISARON que la nulidad del juicio no alcanza al auto de transformación del proceso de seguridad por el común. II. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal; y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a la instancia, incluso a las no recurrentes. III. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema. Ss. SAN MARTIN CASTRO LECAROS CORNEJO PRINCIPE TRUJILLO CALDERON CASTILLO SANTA MARIA MORILLO CSM/jsa. Continue reading
EXP. N.° 04054-2007-PHC/TC LIMA BENEFICIOS PENITENCIARIOS: NO SON DERECHOS FUNDAMENTALES SINO GARANTÍAS PREVISTAS POR EL DERECHO DE EJECUCIÓN PENAL SONIA GLADYS PÉREZ ARROYO SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 18 días del mes de marzo de 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sonia Gladys Pérez Arroyo contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 173, su fecha 16 de abril de 2007, que declara infundada la demanda de autos. ANTECEDENTES Con fecha 2 de mayo de 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Cuadragésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, solicitando se disponga su inmediata libertad, pues su detención ha devenido arbitraria al haber vencido el cómputo de la pena que le fue impuesta. Alega que fue condenada a 12 años de pena privativa de la libertad por el delito de parricidio y que con fecha 28 de febrero de 1997 le fue concedido el beneficio de semilibertad, que fue posteriormente revocado con fecha 23 de enero de 2004 por incumplimiento de las reglas de conducta. Refiere también que la emplazada mediante Resolución de fecha 27 de abril de 2005 resolvió fundamentando su decisión de una manera indebida ya que establece que aún le faltan cuatro años cinco meses y cinco días para el vencimiento de su condena, cuando en su caso debe cumplir únicamente la condena pendiente, esto es la que vencía al día 15 de abril de 2005, afectando ello su derecho a la libertad personal. Realizada la investigación sumaria la juez del Cuadragésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, doña Cecilia Antonieta Polack Baluarte señala que cuando el beneficiario de la semilibertad comete un nuevo delito doloso o incumple las reglas de conducta su revocatoria lo obliga a cumplir el tiempo de pena pendiente al momento de su concesión, por lo que en el caso de la demandante contabilizando el tiempo de carcelería sufrida, su detención preventiva en el Reino de España, su redención de la pena por el trabajo o estudio y el tiempo que estuvo cumpliendo con las reglas de conducta, “tenía que cumplir con el tiempo pendiente al momento de su concesión”. El Cuadragésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, con fecha 28 de junio de 2006, declara fundada la demanda disponiendo la inmediata excarcelación de la demandante por considerar que a la fecha de expedición de la cuestionada resolución la demandante ya había cumplido con la pena que se le impuso mediante sentencia, pues la revocatoria empieza a regir desde la fecha que es expedida, por lo que la demora en percatarse de incumplimiento [de las reglas de conducta] es responsabilidad del juzgado. La Sala revisora revoca la apelada y la declara infundada por considerar que la demandante ha impugnado la resolución cuestionada obteniendo pronunciamiento por la instancia superior, asimismo dedujo la nulidad de la resolución revocatoria del beneficio penitenciario, lo que fue desestimado y confirmado por el superior, por lo tanto ha ejercido su derecho a la doble instancia no comportando irregularidad la actuación de la emplazada. FUNDAMENTOS Delimitación del petitorio 1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 27 de abril de 2005, emitida por el juzgado emplazado, así como de la Resolución de fecha 16 de agosto de 2005 de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Proceso con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia Lima que, respectivamente, determinan un periodo de tiempo de pena pendiente de cumplimiento por parte de la recurrente que se extiende por encima de la fecha señalada como la de su culminación, pues sostiene la emplazada en su declaración indagatoria del hábeas corpus que al haberse revocado el beneficio de semilibertad por incumplimiento de las reglas de conducta impuestas “tendría que cumplir con el tiempo pendiente al momento de su concesión”; controversia recaída en el Incidente de Semilibertad B. P. N.° 82-96 y en el Incidente de la Sala Superior N.° 234-2005. Con tal propósito se acusa afectación de los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal, afirmándose que la cuestionada determinación judicial convierte la detención de la demandante en arbitraria al contener una indebida fundamentación que no corresponde al caso. Análisis del caso materia de controversia constitucional 2. Conforme al artículo 139º, inciso 22), de la Constitución el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo cual a su vez es congruente con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. 3. En la sentencia recaída en el Expediente de N.° 010-2002-AI/TC el Tribunal Constitucional ha sostenido que los conceptos de reeducación y rehabilitación del penado “[...] suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos. La justificación de las penas privativas de la libertad es, en definitiva, proteger a la sociedad contra el delito. Tal protección sólo puede tener sentido si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo”. 4. De este modo tiene cobertura dentro de nuestro ordenamiento el beneficio penitenciario de semilibertad, el cual permite al penado egresar del establecimiento penitenciario antes de haber cumplido la totalidad de la pena privativa de libertad impuesta en caso de que la pena haya cumplido su efecto resocializador. En atención a ello, el artículo 50.° del Código de Ejecución Penal precisa que el beneficio será concedido en los casos en que la naturaleza del delito cometido, la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento, permitan suponer que no cometerá nuevo delito. No obstante, el mismo cuerpo normativo ha establecido en su artículo 52.° que la semilibertad se revoca si el beneficiado comete un nuevo delito doloso o incumple las reglas de conducta establecidas en el artículo 58° del Código Penal, en cuanto sean aplicables, precisando en el artículo 193.° del Reglamento del Código de Ejecución Penal que cuando la revocatoria de la semilibertad se da por la condena de un delito doloso, el beneficiario está obligado a cumplir el tiempo de la pena pendiente al momento de su concesión; sin embargo, para el supuesto de la revocatoria por incumplimiento de la reglas de conducta señala: “Cuando la revocatoria se sustente en el incumplimiento de las reglas de conducta, se computará el tiempo que el interno estuvo en semilibertad (...) para efectos del cumplimiento de su condena”. La precitada norma es clara en distinguir los dos supuestos de consecuencias jurídicas provenientes de la revocatoria del beneficio penitenciario de semilibertad; por tanto, para dilucidar la presente controversia corresponde verificar si las resoluciones que determinan el periodo de pena a cumplir por la demandante, como consecuencia de la revocatoria de la semilibertad por incumplimiento de las reglas de conducta, cumplen con la exigencia constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, adecuada a las condiciones legales de la materia y, por lo tanto, conforme a la Constitución; y es que si bien los beneficios penitenciarios no constituyen derechos sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal [STC N.° 2700-2006-PHC, caso Víctor Alfredo Polay Campos], su denegación, revocación o restricción de acceso debe obedecer a motivos objetivos y razonables. 5. En el presente caso, de los actuados y demás instrumentales que corren en los autos se aprecia que: a) la recurrente fue condenada a 12 años de pena privativa de la libertad por la comisión del delito de parricidio teniendo como fecha para su vencimiento el día 15 de abril de 2005; b) se le otorgó el beneficio penitenciario de semilibertad el año 1997; c) se le revocó la semilibertad por incumplimiento de las reglas de conducta impuestas y se dispuso su ubicación y captura mediante Resolución de fecha 23 de enero de 2004 y; d) posteriormente, con fecha 29 de junio de 2004, en el marco del proceso de extradición activa, fue detenida preventivamente en el extranjero para luego, culminado los trámites legales ser puesta a disposición del juzgado emplazado con fecha 27 de abril de 2005, que dictó la resolución cuestionada (pronunciamiento judicial que fue confirmado por el superior jerárquico) disponiendo además –mediante Oficio N.° 82-96– su internamiento en un establecimiento penitenciario (fojas 132). 6. Ahora bien, examinada la resolución cuestionada (fojas 33) se aprecia que la misma sustenta la determinación de establecer que “faltaría cumplir a la sentenciada (...) cuatro años, cinco meses y cinco días” en la realización del cómputo de la pena que habría cumplido la recurrente (la carcelería sufrida, la redención de la pena por el trabajo o el estudio, el tiempo que estuvo cumpliendo con las reglas de conducta y la detención preventiva sufrida en el Reino de España) y su consecuente descuento respecto a la pena impuesta lo cual constituye una decisión judicial vulneratoria de los derechos a la motivación de la resoluciones judiciales y libertad personal de la demandante, puesto que la norma aplicable a efectos de determinar el periodo de tiempo de pena que le falta por cumplir es manifiesta en señalar que cuando la revocación de la semilibertad se produce por el incumplimiento de las reglas de conducta, se computa el tiempo que la interna estuvo en semilibertad, y ello importa la contabilización del periodo de tiempo hasta la emisión de la resolución judicial que la revoca (23 de enero de 2004), toda vez que es hasta dicha fecha que la demandante se encontró legalmente con semilibertad y no resulta razonable ni legal suponer que la revocatoria se produce de manera automática desde la fecha que se incumple con las reglas de conducta que se hubieran impuesto, lo que se motiva en la resolución superior confirmatoria. 7. En consecuencia, la demanda debe ser acogida de manera favorable por este Tribunal, debiéndose declarar la nulidad tanto de la resolución cuestionada como de su confirmatoria, que la ratifica por similares fundamentos (fojas 62 del Cuadernillo del Tribunal Constitucional), recaídas en el Incidente de beneficio de semilibertad B. P. N.° 82-96, y por consiguiente disponerse que la emplazada dicte en el día un nuevo pronunciamiento judicial conforme a ley, pues en el presente caso se ha acreditado la vulneración de los derechos reclamados. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega HA RESUELTO 1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 2. Declarar la NULIDAD de la Resolución de fecha 27 de abril de 2005, emitida por el juzgado emplazado, así como de la Resolución de fecha 16 de agosto de 2005, emitida por la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia Lima. 3. Disponer que el Cuadragésimo Cuarto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima dicte en el día de notificada la presente sentencia un nuevo pronunciamiento judicial conforme a la Ley y a la Constitución, esto en el Incidente de beneficio penitenciario de semilibertad B. P. N.° 82-96. Publíquese y notifíquese. SS. MESÍA RAMÍREZ VERGARA GOTELLI ÁLVAREZ MIRANDA Continue reading